Castilla y León, a la cola en número de procesados por corrupción

La corrupción comienza a salpicar a Castilla y León. Tardó en llegar a las mesas de los juzgados, pero las estadísticas ya lo reflejan. Un total de 19 castellanos y leoneses han sido encausados por corrupción desde julio de 2015 (primeros datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial) hasta marzo de 2017.

Son 19 funcionarios públicos, gobernantes o políticos en el ejercicio de sus cargos a los que los jueces abrieron juicio oral en los últimos 21 meses: 16 hombres por sólo tres mujeres; todos ellos de nacionalidad española, frente a un único comunitario.

La cifra global puede parecer elevada, si bien la Comunidad se sitúa a la cola de España. Es la sexta autonomía con el menor número de investigados sobre los que dictó auto de procesamiento en el sumario o auto de apertura de juicio oral en el procedimiento abreviado o del jurado.

Tan sólo Navarra, que no contabiliza ningún caso; Murcia, con seis; Asturias con once, o la Rioja y Extremadura, con 14 cada una, presentan menores resultados. Castilla y León está así a años luz de otras comunidades como Cataluña (319 encausados), Andalucía (171), Madrid (159) o Islas Baleares (119). Exclusivamente supone el 1,5% de los 1.261 procesados en España.

Sin embargo, la estadística del CGPJ, dada ayer a conocer, revela un salto cuantitativo en Castilla y León a lo largo del los tres primeros meses del año en relación a trimestres anteriores. Tanto, que el volumen de acusados representó el 9,2% de los 97 de toda España.

Y es que entre enero y marzo de 2017 los jueces concluyeron en la Comunidad un total de tres procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra nueve personas.

Se trata de la mayor cifra de toda la serie, superando incluso a los siete dictados en el cuarto trimestre de 2015. En un solo trimestre se ha abierto juicio a casi la mitad de todos los investigados desde julio de 2015.

De esta forma, la Comunidad ha escalado y posiciones, y en el primer trimestre se aupó al cuarto puesto de España, superada por Canarias (20), Andalucía (18) y Cataluña (nueve).

A todos ellos se les investiga por delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, malversación, fraudes y exacciones ilegales, actividades prohibidas a los funcionarios públicos, abusos en el ejercicio de su función o corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Según la información que maneja el Consejo General del Poder Judicial, entre los pasados 1 de enero y el 31 de marzo, los juzgados y tribunales dictaron tres sentencias en procedimientos por corrupción abiertos en la Comunidad. De ellas, dos fueron condenatorias y una absolutoria. Es decir, el 66% de las sentencias dictadas en primera instancia en causas de corrupción fueron condenatorias

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con o sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados). En Castilla y León, en ambos casos las sentencias fueron condenatorias sin conformidad. Se presentaron durante esos tres primeros meses del año un total de siete recursos de apelación contra las sentencias dictadas en la Comunidad. Fueron prácticamente la mitad de los 18 que recoge la estadística a nivel nacional.

El CGPJ también dio a conocer el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre, pero sólo del conjunto de España. Fueron 58 personas condenadas. A 1 de abril de este año había en el conjunto de España 83 penados –en 46 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 24 con el de cohecho– y catorce preventivos. No hay datos autonómicos.