El fiscal dice que los cinturones habrían reducido las víctimas de Tornadizos

Tres años y once meses después que aquel fatídico 8 de julio de 2013 en el que nueve personas perdieron la vida y otras 22 resultaron heridas de diversa consideración, esta mañana arranca el juicio en el Juzgado de lo Penal de Ávila con 35 personas que hasta el próximo jueves pasarán por la sala de vistas. El proceso comienza con las cuestiones previas, la declaración de ocho testigos y del conductor, Ramón G.S., para quien el fiscal solicita cuatro años de prisión y cinco de privación del carné de conducir como supuesto autor responsable de nueve delitos de homicidios por imprudencia grave y otros trece de lesiones.

A la espera de cómo se resuelva el juicio, aquel accidente dejó varios aspectos para el análisis en este tipo de situaciones, que el fiscal delegado de Seguridad Vial de Ávila, Óscar Barrios, pone de relieve en un trabajo realizado a raíz de este suceso y al que ha tenido acceso este periódico.

Una de las principales conclusiones señala que las consecuencias del siniestro «habrían sido mucho menores» si el autocar que trasladaba a la treintena de pasajeros hubiese llevado cinturones de seguridad.

Una circunstancia a la que no estaba obligada la empresa con aquel vehículo cuya antigüedad era de dieciséis años y que sólo contaba con un cinturón incorporado en la plaza central de la última fila. Pese a ello, el ocupante de ese único asiento con cinturón no lo llevaba puesto, siendo «uno de los lesionados de mayor importancia», según el fiscal.

Óscar Barrios se hace eco de la prueba practicada por el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA), dependiente de la Universidad Politécnica de Madrid. Dicha prueba determinó que «salvo dos de los fallecidos, el resto lo fueron al ser expulsados del vehículo tras las colisiones, así como los lesionados más graves». En este sentido, Barrios constató que la estructura del vehículo «no se alteró», de ahí que las muertes se produjeron como consecuencia de «la colisión de los pasajeros bien al ser expulsados con la pared de la roca o bien dentro del autocar con sus partes fijas, debido a la falta de sujeción».

«Esto pone de manifiesto que de haber llevado cinturones de seguridad, el vehículo y si estos se hubieran utilizado, los resultados hubieran sido mucho menores», concluye Óscar Barrios.

Consciente de las dificultades, sobre todo económicas, que supondría la adaptación de autocares y autobuses a la normativa actual con la instalación de cinturones de seguridad, Barrios cree que la concesión de «ayudas o ventajas fiscales económicas y/o fiscales, inexistentes hasta ahora», podría contribuir a que las empresas apostaran por colocar cinturones de seguridad en sus flotas.

El fiscal recuerda en su trabajo que a partir del accidente que se produjo en Tornadizos de Ávila, se llevaron a cabo sugerencias desde diversos organismos que propusieron la «adaptación progresiva de los vehículos» en esta dirección, llegándose a plantear la posibilidad de que provisionalmente este tipo de vehículos redujeran su velocidad. «Ninguna de ellas se ha puesto en marcha», constata el fiscal. Junto a esta cuestión, Óscar Barrios ve la necesidad de «adaptar la forma de actuación de los cuerpos policiales en la investigación inicial de los accidentes a los requisitos formales legalmente exigidos para la toma de manifestación de los posibles implicados, garantizando su validez para el procedimiento». Y ello, porque estima que en los momentos iniciales no se actuó de la mejor manera posible. l respecto, demanda también «el control y seguimiento del procedimiento» por parte de la Fiscalía y la presencia de la autoridad judicial en los primeros instantes, tras el accidente, algo que en este caso no se produjo.