La Ley del Alto Cargo recibe el visto bueno de la Abogacía del Estado

El visto bueno de la Abogacía del Estado al Estatuto del Alto Cargo ha convertido a Castilla y León en «la primera Comunidad Autónoma en legislar medidas de regeneración política y calidad democrática». Así lo explicó ayer el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago–Juárez, durante su visita a la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco. Allí celebró un Consejo de Dirección de su Consejería.

La norma aborda cuestiones como la limitación de mandatos, la supresión de las ‘puertas giratorias’ o la reforma electoral, entre otras. El texto ha consolidado su vigencia después de que el pasado 14 de marzo acabara el plazo estipulado, de tres meses, sin que se hubiera presentado recurso de inconstitucionalidad en su contra.

Todos los asuntos que contempla el texto son «cuestiones que demanda la sociedad», aseguró el consejero en declaraciones que recogió Europa Press poco antes de presidir el Consejo de Dirección. En la sesión se reunió con colectivos y asociaciones del municipio de Tierra de Campos.

De Santiago–Juárez recordó que fue una ley que tuvo «una tramitación compleja» en su último tramo, después de que los letrados de las Cortes cuestionasen posibles problemas de inconstitucionalidad, aunque ahora se demuestra «que Castilla y León legisla bien», dijo.

El vicepresidente recordó que la ley regula aspectos que aparecían recogidos en el programa electoral del Partido Popular.Además de las mencionadas, impulsa la celebración de debates electorales, la facilidad para impulsar Iniciativas Legislativas Populares y la aplicación de un código ético en la Junta y en las instituciones propias.

También subrayó que la sociedad pide a los políticos y a quienes están en los gobiernos una mejora de la calidad política; estar cerca de los ciudadanos; salir de los despachos, y «eso» es lo se que ha hecho con esta Ley, porque muchas otras comunidades «han hablado mucho» pero ha sido Castilla y León «la que ha dado el paso».

Sobre el Consejo de Dirección abierto, que por primera vez se celebró en un municipio de menos de 20.000 habitantes y no en una capital de provincia, José Antonio de Santiago–Juárez dio a conocer a quienes participaron en la reunión los asuntos en los que la Junta está trabajando en estos momentos, así como lo que se ha hecho ya, y los proyectos de futuro, como el que se encuentra ya en las Cortes y que «es el último paso» de la nueva ordenación territorial de la Comunidad. También otros como el de la creación de un consejo de alcaldes y de presidentes de Diputación.

Sobre la tramitación de las directrices del territorio, De Santiago–Juárez aseguró que «lo importante» es que el último proyecto en materia de ordenación, que regula el 20% del territorio del medio rural donde viven alrededor de 900.000 habitantes, salga adelante con el máximo consenso. Ya están aprobadas tres leyes: la básica, la que regula las áreas funcionales y la de participación de los municipios en los tributos propios y cedidos.

El responsable de Presidencia consideró, según declaraciones recogidas por la agencia Ical, que la noticia de la ‘luz verde’ a la Ley del Estatuto del Alto Cargo es «motivo de alegría y satisfacción» al recordar la tramitación «compleja» que tuvo el proyecto de ley, sobre todo en el último tramo, cuando estaba a punto de su aprobación en las Cortes. «Me sorprendió oír que era una ley anticonstitucional pero pasados los tres meses de plazo se demuestra que la ley estaba bien hecha y que Castilla y León legisla bien», apuntó.

Además, remarcó que la ley tiene como objetivo mejorar la calidad y la regeneración política, y regula también las incompatibilidades para el nombramiento y cese de los altos cargos, así como las limitaciones para acumular los puestos de alcalde o concejal de una ciudad de más de 20.000 habitantes con el escaño de procurador.

El establecimiento de un código ético para una «actuación objetiva, transparente, ejemplar y austera en las instituciones» como la mencionada supresión de las denominadas ‘puertas giratorias’, se completa con la regulación de las incompatibilidades que son a su vez causa de inelegibilidad.

En este último apartado se contemplan casos como que no podrán ser nombrados como cargos públicos las personas condenadas por sentencia por la comisión de delitos contra la Administración Pública ni los que no estén al corriente de sus obligaciones tributarias. Los secretarios generales y directores generales, con carácter general, deberán ser nombrados entre empleados públicos, preferentemente funcionarios de carrera.