La Junta quiere crear una Cámara regional que controle al resto

La presente ley tiene por objeto la regulación de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de la Comunidad de Castilla y León, así como la creación y regulación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León». El artículo 1 del borrador del Anteproyecto de Ley de las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León fija el objeto de la normativa en la que ya trabaja, que pasa por la creación de un nuevo organismo cameral que ejercerá el poder y control absoluto sobre el resto de cámaras territoriales de la Comunidad.

La existencia de la nueva Cámara de Comercio de Castilla y León saldrá adelante «sin perjuicio» de que se mantenga al menos una en cada una de las provincias, pero con el control de su gestión limitado, según queda reflejado en la nueva norma en la que trabaja ya la Consejería de Economía y Hacienda. En estos momentos, las cámaras territoriales se encuentran en Arévalo, Astorga, Ávila, Béjar, Briviesca, Burgos, León, Miranda de Ebro, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

El borrador ya ha sido debatido en el pleno de algunas cámaras. Su contenido ha sido visto con recelo y rechazo. Todo apunta a que propondrán cambios a la Consejería.

La finalidad de la nueva Cámara de Comercio autonómica será la de ser la encargada de «la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y los servicios de Castilla y León», según se recoge en el artículo 27.2 del borrador de la futura ley de cámaras a la que ha tenido acceso EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN. Una representación a la que se le añade la «coordinación entre todas las cámaras territoriales de la Región», lo que la convierte en la «interlocutora única» con la Administración autonómica para todos los asuntos que tengan que ver con el ámbito de Castilla y León. O lo que es lo mismo, las cámaras provinciales dejarán de tener una conexión directa con la Junta y todo deberá pasar, en cuanto la ley sea aprobada y entre en vigor, por lo que decida la Cámara regional. Lo que significa también que esa nueva entidad autonómica será quien dirija la «gestión de las funciones público-administrativas» en Castilla y León.

La Cámara de Comercio de Castilla y León aglutinará en el futuro todo lo que tiene que ver con las decisiones estratégicas que hasta ahora tenían asumidas cada una de las cámaras territoriales que podrán continuar pero prácticamente vacías del contenido.

El Título 28 de la norma, aquel que habla de las funciones con las que contará la nueva Cámara, señala que le corresponderá «definir, dirigir, coordinar y evaluar» todo. La Cámara de Comercio de Castilla y León definirá «la estrategia, las directrices y las líneas generales de actuación de todas las cámaras territoriales. La Ley le otorga también la tarea de «dirigir, coordinar, controlar y evaluar las funciones público-administrativas» y «establecer los planes de trabajo necesarios para garantizar la adecuada coordinación de las cámara territoriales». Un control y supervisión que pasa también por «garantizar la eficacia, imparcialidad, transparencia y accesibilidad de todas las empresas de Castilla y León, con independencia de su localización, a los servicios que presten las cámaras territoriales».

Medidas y decisiones con la que el Ejecutivo autonómico le otorga el control absoluto a esa nueva cámara, a la que señala como la «única» que podrá ejercer la interlocución con la «administración tutelante», es decir con la Junta. Y, en ella, representará al resto de cámaras provinciales y territoriales ante el resto de las administraciones, la Cámara de Industria de España «y demás entidades públicas y privadas», puntualiza la el borrador de la futura ley de cámaras en su artículo 28.2.

El trabajo de esa nueva Cámara de Comercio de Castilla y León, que ya ha sido defendida en público por la propia consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, quien precisamente en la última reunión del Consejo de Cámaras dejó clara la necesidad de poner este nuevo ente cameral, pasa por «coordinar y dirigir» todas y cada una de las «actuaciones comunes» de las territoriales. «Especialmente en los planes camerales de internacionalización y competitividad», sobre todo en aquello que afecte al ámbito de la Comunidad.

La colaboración con la Junta de Castilla y León pasará por «informar de los proyectos de normas» del Ejecutivo autonómico. Junta y Cámara de Castilla y León trabajarán de común acuerdo en estudios, proyectos, estadísticas, trabajos y acciones «que favorezcan el desarrollo territorial y empresarial y la vertebración económica de la Comunidad, especialmente cuando afecten a la ordenación del territorio, la localización y ordenación comercial e industrial, el turismo, el medio ambiente, el emprendimiento y la competitividad empresarial, la promoción exterior de Castilla y León y las infraestructuras que contribuyan a mejorar la eficiencia empresarial», indica la nueva normativa, en la que también se recoge que esta nueva Cámara regional se encargará de «asesorar» a la Junta y, además, podrá llevarlo a cabo «a iniciativa propia».

Los fondos de la Unión Europea y las ayudas e incentivos a las empresas y los diversos programas de fondos públicos serán otras de las cuestiones que pasarán a estar bajo el paraguas de la nueva Cámara. Sus decisiones entran de lleno en la organización de las territoriales, hasta el punto que, y así se recoge en la norma, «podrá recomendar y, en su caso, fijar los requisitos y condiciones, incluidas las tarifas y los horarios de atención al público, en que todas las Cámaras deban prestar determinados servicios a las empresas de su demarcación».

Absolutamente todo deberá pasar por las manos de la Cámara de Comercio reional y será quien formalice los convenios o instrumentos de colaboración con la Junta, en lo que afecte al resto de Cámaras, a las que la Ley las deja casi como meras ‘comparsas’ de la nueva institución autonómica, que las coordinará y las representará de forma colegiada «en organismos e instituciones públicas o privadas de ámbito autonómico, en los que sea requerida la representación cameral».

La creación de esta nueva Cámara de Comercio de Castilla y León deja a las Cámara ahora existentes en instituciones sin poder decisión alguno en ninguna de las materias, ni siquiera en aquella que tiene que ver con las empresas adscritas, donde también deberán conocer la opinión de esta nueva Cámara, que será la única interlocutora con la Junta y tendrá acceso a concursos, toma de decisiones, ayudas y subvenciones. Además, el borrador del para regular las cámaras y, sobre todo, para la creación de la Cámara de Comercio e Industria de Castilla y León, recoge en su disposición transitoria que está nueva entidad de representación deberá subrogarse «en todos los derechos y obligaciones de cualquier naturaleza del Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León». Pero no sólo, la normativa indica que la Cámara autonómica «será titular de todos los bienes» adscritos o que pertenezcan al actual Consejo Regional de Cámaras, «en la fecha de entrada en vigor de la ley».

Sueldo de alto cargo para un presidente, dos vicepresidentes y un director

La nueva Cámara de Comercio de Castilla y León estará dirigida por el pleno, el comité ejecutivo y el presidente, que serán sus «órganos de gobierno y administración». Además del presidente contará con dos vicepresidentes y un director general, figura ésta última hasta ahora inexistente en las cámaras provinciales, todos con un sueldo al nivel de un alto cargo del «sector público empresarial y otras entidades», tal y como señala el borrador del Anteproyecto de Ley de las Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León en su artículo 36.2. El pleno de la Cámara autonómica es el «órgano supremo de gobierno y representación» y lo formarán 27 vocales, de los que 14 serán los presidentes de las actuales territoriales; un número sin determinar de vocales de las grandes empresas de la Comunidad; representantes, cuya cuantía no se delimita en el borrador de la Ley, de empresas y personas de «reconocido prestigio en la vida económica regional», que, eso sí, decidirá la territorial sectorial más representativa de Castilla y León, a juicio de la Junta. A esos se les añadirá un miembro del Ejecutivo autonómico, «con voz pero sin voto». Será el pleno quien elija al presidente por cuatro años, los dos vicepresidentes y el tesorero. El director general, ahora inexistente en las territoriales, será una «licenciado de grado superior y estará sometido a la contratación laboral».

Las claves de la nueva cámara

Presidente «con voto de calidad» . El presidente de la Cámara de Comercio de Castilla y León ostentará la representación de la entidad, ejercerá las relaciones institucionales y será el responsable de los acuerdos. «Tendrá voto de calidad» en todas las votaciones del comité ejecutivo y del pleno, lo que le da un poder determinante.

Reglamento aprobado por la Junta . El pleno de la nueva cámara aprobará un reglamento de régimen interior con «las normas de elección, funcionamiento y organización de los órganos colegiados y de gobierno». La Junta tendrá que dar el visto bueno a su aprobación final.

Tutelada por la Junta . La Junta ejercerá la tutela de la Cámara regional y no sólo en lo que a la aprobación del reglamento se refiere, sino también en «convocar y supervisar las elecciones» de los órganos de gobierno, cuya actividad también podrá «suspender». Dictará las instrucciones para elaborar sus presupuestos y liquidaciones, cuya aprobación recaerá en la propia Junta. Para ello, deberá «dar traslado» al Ejecutivo autonómico «de los acuerdos adoptados» en sus plenos y comités ejecutivos.

Incompatibilidades . Para garantizar la «imparcialidad e independencia», los cargos de presidente, vicepresidentes y director serán incompatibles con otros análogos en asociaciones, federaciones y confederaciones empresariales autonómicas, provinciales y locales.