La Comunidad, a la cola en procesados por corrupción

Los tribunales españoles abrieron juicio por delitos contra la corrupción contra 1.378 personas implicadas en un total de 166 casos entre julio de 2015 y el pasado mes de septiembre, nueve de ellos en Castilla y León, según un novedoso depósito de datos presentado ayer por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que busca dar a conocer a los ciudadanos la acción judicial contra este fenómeno, que ha calificado de «lacra criminal».

De los 99 procedimientos que finalizaron con sentencia en ese periodo, el 72,7% lo fue con una resolución condenatoria y las sentencias que han adquirido firmeza en estos cinco trimestres han supuesto la condena por delitos de corrupción de 399 personas, informa Europa Press.

Antes de crear el nuevo instrumento de información, el órgano de gobierno de los jueces tuvo que limitar qué delitos entendería que son corrupción. Consideró los más frecuentes los de prevaricación administrativa, prevaricació n urbanística y malversación. Luego hubo que organizar los datos y crear esta base cuyo principal objetivo es recuperar la confianza del ciudadano en la justicia, según explicó Lesmes.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se recogen en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos tienen su traducción en el Código Penal en un amplio listado de delitos que incluye la prevaricación urbanística, la prevaricación administrativa, la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación y los fraudes y exacciones ilegales.

También se tuvieron en cuenta para elaborar esta estadística las causas por las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y los abusos en el ejercicio de su función, así como la corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

La información procede de los boletines estadísticos de los órganos judiciales, el Ministerio de Justicia, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña.

Se trata de información estadística que pretende ofrecer una «foto fija» de la corrupción pública en España por lo que los datos ofrecidos por el CGPJ no incluyen ni los casos ni las personas que fueron procesadas con anterioridad al inicio de este estudio.