El fiscal del Supremo pide 2 años más a Gago por guardar el arma que mató a Carrasco
Propone confirmar las condenas de 22 y 20 años impuestas a Monsterrat González y su hija Triana Martínez
Los abogados de Raquel Gago a la salida del Tribunal Supremo, donde se celebra la Vista de los recursos.-ICAL
El fiscal José María Casado solicitó ayer a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que confirme las sentencias de 22 y 20 años de cárcel impuestas a Montserrat Ascensión González y Montserrat Triana Martínez por el asesinato en mayo de 2014 de Isabel Carrasco, presidenta de Diputación de León y del PP de esta provincia. Respecto de la policía municipal Raquel Gago, propuso que la condena de 12 años como cómplice se incremente en 2 más, al entender que incurrió en tenencia ilícita de armas, por hacerse cargo del revólver con el que se cometió el crimen.
Durante su intervención en la vista pública celebrada por esta causa, el representante del Ministerio Público respaldó todos los argumentos expresados en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cuya valoración de la prueba calificó de «correcta y lógica». Discrepó tan sólo en lo referido a la tenencia ilícita de armas, ya que consideró que ha existido una «inaplicación indebida» del artículo que impone una pena por este hecho.
Sobre Monstserrat González, el fiscal rechazó que pudiera sufrir una enfermedad mental –trastorno paranoide delirante, según su abogado defensor–, sino que en su opinión le movió el odio, por lo que rechazó la aplicación de una eximente a su caso.
Sobre la hija, Triana Martínez, afirmó que la prueba practicada no arroja duda alguna sobre la existencia de un concierto para la comisión del crimen, informa Europa Press.
En relación con el revólver utilizado, el fiscal consideró que «no cabe la menor duda de que Raquel Gago tenía conocimiento y aceptó hacerse cargo del arma», de la que además conocía que era un revólver sin licencia, que había sido alterada para borrar su número y que tuvo en su poder durante al menos 30 horas.
El fiscal impugnó todos los motivos argumentados por los abogados defensores y rechazó volver a calificar la intervención de la policía como encubrimiento del asesinato, ya que para ello pretenden una valoración de hechos que no puede realizarse en casación.
El abogado de Gago, Fermín Guerrero, defendió la inocencia de su patrocinada señalando que nunca supo del arma utilizada. Ante la petición del fiscal de incrementar en dos años la pena para su cliente, el letrado se opuso y afirmó que Gago no conocía la existencia de la pistola y mucho menos que hubiera sido alterada, circunstancia para cuya demostración no se ha practicado diligencia alguna durante el proceso.
José Ramón García, abogado de Montserrat y Triana, basó todo su alegato en defender a la segunda, negando que existiera un plan para el asesinato. Para demostrar su tesis, el letrado cuestionó entre otros aspectos de la sentencia la hora –las 17.15– en la que se supone que se produjeron los disparos, ya que sobre ella se basa la valoración del contenido de todas las llamadas telefónicas que se produjeron a continuación y que se explican como consecuencia de ese concierto previo.
Para el abogado defensor, la llamada que Monstserrat González hizo a su hija un minuto después de dicha hora no lo fue para quedar tras los disparos y entregarle el arma según lo acordado. El letrado aseguró que se realizó antes y en ella Triana advirtió a su madre, que la alertaba que tenía a Carrasco a tiro, que no cometiera una barbaridad. Así lo demuestran, según esta parte, el cruce del horario de esta y otra llamada posteriores con las realizadas por el policía que vio el asesinato y siguió después a la madre por las calles de León.
Las acusaciones populares, una de ellas en representación de la hija de Carrasco y la otra del policía testigo del crimen, se adhirieron a la petición de la Fiscalía para incrementar la pena a la policía local y pidieron que se confirme la sentencia dictada contra ella como cómplice del crimen.
La Sala que estudiará los recursos presentados por las defensas de las tres condenadas y por la Fiscalía está integrada por los magistrados Manuel Marchena, Alberto Jorge Barreiro, Joaquín Giménez, Andrés Palomo y Andrés Martínez Arrieta, que será el ponente de la resolución.