Herrera rechaza el impuesto al azúcar: «No tiene ningún sentido»

El impuesto dulce ha pasado de ser una amenaza que estaba rodeando España a someterse a estudio en el Gobierno. El Consejo de Ministros al menos barajará mañana la posibilidad de gravar las bebidas azucaradas. La sola mención del impuesto provoca una reacción airada en Castilla y León, empezando por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien ayer, desde el interior de la planta azucarera de Acor en Olmedo, rechazó de forma tajante un impuesto es «un disparate» y «no tiene ningún sentido».

El impuesto ya está establecido en países como Reino Unido y Portugal y en España lo ha anunciado también la Generalitat catalana. Este viernes podría quedar establecido en España para el próximo ejercicio en una decisión que contaría con el beneplácito de la Organización Mundial de la Salud, pues pide que se graven con un 20% las bebidas azucaradas dentro de su lucha contra la obesidad, en la que recomienda la reducción del consumo de azúcares libres, que engloban la glucosa, la fructosa y el azúcar de mesa.

Herrera vinculó este tipo de impuestos a la «labor de las administraciones» de buscar fórmulas para «generar más ingresos», pero en el caso del azúcar, al igual que en el del vino, es un error, a juicio del presidente. «Si el objetivo es recaudatorio, no tiene ningún sentido», recalcó Herrera, pues supone una reducción del consumo y por tanto de los ingresos.

Además, el presidente destacó la contradicción que supone el apoyo que está ofreciendo la Administración al desarrollo del sector de la remolacha con el establecimiento de un impuesto que reducirá el consumo. «No podemos consentir que se pongan palos en las ruedas», manifestó Herrera.

Ante la posible justificación del impuesto en términos de salud, el mandatario castellano y leonés dejó claro que «el azúcar es un producto saludable» y consideró que «lo lógico es incentivar los consumos responsables, de forma saludable, tanto del vino como del azúcar».

Si la posibilidad del impuesto molesta al presidente de la Junta, al presidente de la Cooperativa Acor le indigna mucho más. Carlos Rico dijo al respecto que «es ilógico poner puertas al campo» y que «no se justifica en un dato objetivo que el impuesto vaya a provocar hábitos más saludables».

Para Rico, al igual que sucede en momentos como «la operación bikini», se trata de «buscar un chivo expiatorio» y considera que el impuesto es un ataque a un producto «que genera mucha actividad en un sector que además lo está pasando muy mal», en alusión a la remolacha.

El fin de las cuotas debe ser una «oportunidad»

Ante el fin de las cuotas de la producción de remolacha «se puede reaccionar con miedo» o buscando «salir adelante y seguir siendo líderes y diversificar». Son palabras del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera durante su visita a la fábrica de Acor en Olmedo. Según el jefe del Ejecutivo castellano y leonés, «debemos ver una oportunidad» en el fin de las cuotas en octubre de 2017.

Hererra puso como ejemplo a Acor, la segunda cooperativa agrícola de la Comunidad en facturación y una de las diez primeras de España, según recalcó. Cuenta con 4.500 socios repartidos por las nueve provincias, pero sobre todo en Valladolid, Ávila, Palencia y Segovia. Tiene 500 trabajadores en plantilla y genera 1.500 empleos indirectos. Su facturación es de 150 millones de euros anuales, pero alcanza los 200 millones si se incluyen la empresas participadas.

Herrera destacó el esfuerzo inversor de Acor, con 157 millones de euros desde 2005, un tercio para la modernización de la fábrica y el resto para la diversificación, en un «ejemplo de gestión», que manteniendo la apuesta prioritaria por la remolacha se abre a nuevas oportunidades con el biodiesel, harinas de trigo duro y fuerza, aceites, energías renovables o el refino de azúcar de caña tras el fin de la campaña de la remolacha.

Es una buena fórmula, según Herrera, de afrontar los cambios en la política de la Unión Europea. El presidente insistió en ver una oportunidad en la desaparición de las cuotas, ya que Castilla y León produce 420.000 toneladas de azúcar, mientras el consumo en España es de 1,3 millones anuales. Para conseguir aprovechar ese margen, el camino debe ser, según el presidente, el aumento de la productividad, en lo que la Junta ayudará.