PLENO DE LAS CORTES
PP y C’s aprueban la ley del alto cargo «sin atisbo de ilegalidad»
De Santiago-Juárez afirma que se ha dudado la validez de la norma por «un papel no firmado» / El vicepresidente exhibe vistos buenos del Consultivo, Servicios Jurídicos y Abogacía del Estado
El vicepresidente, De Santiago-Juárez, habla con la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente.-ICAL
Las Cortes dieron ayer el visto bueno, con los votos del PP y Ciudadanos, a la ley que regulará a los altos cargos de la Junta y, entre otras cosas, limitará a ocho años el mandato de los presidentes del Gobierno y de las instituciones propias –consejos Consultivo y Económico y Social y Procurador del Común– y los consejeros. Las dudas sobre la legalidad de la norma fue el principal argumento de la oposición para votar en contra, basándose de un informe de los letrados de las Cortes cuya existencia negaron Gobierno y Grupo Popular. Para el vicepresidente y consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, la ley no tiene «ningún atisbo de inconstitucionalidad».
De Santiago-Juárez defendió la propuesta del Ejecutivo y ante la polémica suscitada en las últimas semanas sobre las dudas de legalidad de varios puntos de la norma, recordó que el articulado cuenta con varios informes favorables. Además del de los Servicios Jurídicos de la Junta, tiene a favor el realizado por el Consejo Consultivo. Al mencionar a este órgano, De Santiago-Juárez recriminó a la oposición que ignorara su informe cuando luego lo quieren utilizar en el desarrollo de la propia ley como garante de imparcialidad, al proponerlo para presidir la Comisión de Ética Pública que crea el estatuto del alto cargo.
Además de estos informes, la norma tiene el aval de haber pasado el filtro de la Abogacía del Estado. A este respecto, el vicepresidente informó a la oposición, en respuesta a declaraciones de los últimos días, que la Abogacía del Estado sí hace advertencias cuando lo estima conveniente. En concreto, las ha hecho en ocho normas en fase de proyecto. «Supongo que lo negaba el mismo que se negaba a firmar estos papeles», señaló.
Hacía así alusión a un «papel que llaman informe, no firmado», que no es otro que el famoso de los letrados de las Cortes esgrimido por la oposición y que ha hecho, en palabras del consejero, «que se hayan planteado dudas sobre la legalidad». La posición del vicepresidente al respecto quedó clara, para él no existe informe jurídico de las Cortes, solo un papel sin firmar que, además, tiene «sin acabar un punto».
De Santiago-Juárez, en su intervención inicial, se adelantó a algunas críticas de la oposición. «Dirán que ha faltado tiempo y que a qué vienen estas prisas». Para el titular de la Consejería de Presidencia, es destacable que desde que el proyecto de ley se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León pasaron 57 días, «sin contar agosto», hasta que se reunió la ponencia.
En cualquier caso, lo más destacable para el vicepresidente de la Junta es que tanto con la norma aprobada ayer como con la ley que protege a los funcionarios que denuncien presuntos casos de corrupción, se da «respuesta a una demanda de la sociedad». Y recordó que en las encuestas, los ciudadanos «consideran a los políticos como uno de sus principales problemas». A partir de esa premisa, la Junta de Castilla yLeón ha promovido una ley que contribuye a alcanzar tres objetivos básicos, según enumeró el consejero de la Presidencia: mejorar la calidad de la política, acercar al ciudadano a las decisiones y modernizar la política.
La importancia de la norma y su relación con diferentes leyes, a las que modifica, como la electoral, hizo que la oposición defendiera que lo ideal hubiera sido que una medida de regeneración de ese calibre se hubiera hecho con consenso y a través de la reforma del Estatuto.
También se adelantó De Santiago-Juárez en la respuesta y mostró su conformidad con que la norma se integre en el Estatuto de Autonomía, pero, a su juicio, es algo que se puede hacer posteriormente. Así, defendió que resulta más ágil aprobar la ley antes y plasmar sus principios luego en el Estatuto. Es algo que ya se hizo en otros casos que el vicepresidente recordó, como la creación del Consejo Económico y Social y del Procurador del Común o el establecimiento del diálogo social. En los tres casos se actúo primero y su incorporación al Estatuto se produjo posteriormente.
Aunque en el posicionamiento ante las enmiendas propuestas por la oposición recayó posteriormente en los procuradores del PP Juan José Sanz Vitorio y Jorge Domingo Martínez Antolín, De Santiago-Juárez también utilizó su derecho a intervenir. La primera vez después de que el procurador de Izquierda Unida, José Sarrión, abandonara el pleno ofendido por Martínez Antolín, al que ya había pedido que se retractara tras acusarle de aplaudir a Bildu. Fue el momento de mayor tensión del debate, y luego Sarrión se fue cuando el popular le acusó de haber trabajado poco las enmiendas a la ley. Sin él en el hemiciclo, el vicepresidente le respondió que «no hay ningún informe» de los letrados de las Cortes y que «no se puede mentir así a la gente». Además, le dijo que «la bronca se montó ayer con una rueda de prensa paralela en los pasillos de las Cortes», en alusión al momento en que Podemos e IU anunciaron sus enmiendas transaccionales.
