El Estatuto de los Altos Cargos se llevará al próximo pleno al reunir “todos los requisitos”
C’s apoya la norma, Podemos e IU insisten en pedir más tiempo para corregir “deficiencias jurídicas” y el PSOE apoya las mejoras pero mantiene el “no” al proyecto
El proyecto de ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León reúne todos los requisitos y será incluido en el próximo pleno de las Cortes, previsto para los días 21 y 22 de noviembre, con la confianza de que se apruebe con el “más amplio respaldo”, según afirmó hoy el portavoz del Grupo Popular, Juan José Sanz Vitorio. Ciudadanos expresó su apoyo a la norma, el PSOE se decanta por el “no” y Podemos e IU rechazan que esté listo para su debate en la sesión de la próxima semana.
Después de una segunda reunión para analizar el texto y mejorar “algunas deficiencias jurídicas” de las que se alertaba en un documento de los servicios jurídicos de las Cortes, que retrasaron su aprobación en el último pleno, el portavoz del Grupo Popular presentó cinco o seis transacciones a la ley, todas ellas mejoras técnicas. “Hoy se ha puesto de manifiesto que no hay ninguna razón de índole ni constitucional ni estatutaria, más allá de opiniones legítimas, que impidan que vaya a este pleno”, explicó Sanz Vitorio.
La viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, reiteró que no les “gusta” la ley y no la van a apoyar por “deficiencias sustantivas en la forma de entender la regeneración” entre el PP y el PSOE, pero afirmó que apoyarán o no se opondrán a las mejoras y correcciones jurídicas y técnicas, en referencia a las enmiendas transaccionales que para su aprobación necesitan la firma de todos los grupos.
“Esta ley no va a tener ningún problema”, valoró el procurador de Ciudadanos David Castaño, que resaltó el “salto de calidad” que se dará en regeneración democrática y defendió que el trabajo parlamentario -las seis transacciones- hacen posible que vaya al próximo pleno aunque él hace unos días lo viera “imposible”. Castaño admitió que el hecho de que no quede clara la presunción de inocencia para el cese o nombramiento de un alto cargo al que se abre juicio oral fue advertido por el letrado en Ponencia, pero ningún partido lo recogió vía enmienda.
Natalia del Barrio (Podemos) y José Sarrión (IU) expresaron su rechazo a que la Junta de Portavoces introduzca este proyecto en el orden del día del próximo pleno al considerar que se necesita más tiempo para realizar las mejoras propuestas por los letrados y mantuvieron que el texto tiene elementos que van en contra del Estatuto de Autonomía y la Constitución.
“Las seis transacciones mejoran el texto muy poco, pero por ética personal no tengo problema en darlas paso”, declaró Sarrión a Ical, mientras que Del Barrio pidió “perdón por el espectáculo bochornoso” dado en los últimos días y censuró que el PP presentara un “papel” en el sentido de “lo tomas o lo dejas”, sin respetar, en su opinión, “lo acordado en la pasada reunión”, aunque añadió que se estudiarán esos cambios.
Por su parte, Sanz Vitorio manifestó que el proyecto reúne todos los requisitos y los letrados le incluyen entre los asuntos preparados que pueden ir al próximo pleno y recalcó que se incluirá “sin ningún informe en contra”. “Es mentira que hay ningún informe en contra, nadie tiene conocimiento de que haya firmado un informe en contra más allá de consideraciones u opiniones absolutamente respetables”.
“No hay ningún informe, ni uno solo, firmado por los servicios jurídicos de las Cortes, excepto los que corresponden a la Junta y al Consejo Consultivos”, recalcó el popular, que indicó que ambos son favorables a la tramitación. Sanz Vitorio insistió en que la tramitación de este proyecto se ha realizado “como siempre” y subrayó que entró en la Cámara con todos los requisitos legales, con el cumplimiento escrupuloso del Reglamento parlamentario y dictaminado en Ponencia y Comisión.
Proceder atípico
Sanz Vitorio se refirió a un “proceder atípico en la forma, no en la realidad” de la tramitación del proyecto, en referencia a que ha seguido el cauce habitual, si bien, preguntado sobre esa aseveración de “proceder atípico”, respondió que “alguien” planteó en la Junta de Portavoces del pasado 4 de noviembre que se diera “otra vuelta”, que su grupo aceptó de “buena fe que no se ha visto correspondido por otros”.
Para el portavoz 'popular', “una cosa” es hablar de la existencia de un código ético, de austeridad, de incompatibilidades, de regeneración política, de limitación de mandatos y “otra lo que se pone negro sobre blanco, porque algunos que van de adalices de las nuevas políticas con los hechos demuestran que sólo es de boquilla”.
La socialista Virginia Barcones valoró que “lo que mal empieza mal acaba” y censuró que en una ley tan importante no se buscara el “debido consenso” desde su inicio, por lo que estimó que a partir de entonces “todo ha sido un disparate”, en el sentido de que se diera “marcha atrás” en una ley dictaminada para ir a pleno por “posible inseguridad jurídica”. “O hay acuerdo en las enmiendas transaccionales, o pasa lo que ha pasado hoy: hasta aquí hemos llegado”, criticó.