El Estatuto de Altos Cargos irá al Pleno sin cambios sustanciales

El Grupo Popular defenderá en Pleno el proyecto de ley del Estatuto de Altos Cargos sin ningún cambio relevante en su contenido, a pesar del plazo que se abrió para revisar el documento, que debía haber sido debatido en la anterior sesión plenaria. Así se desprende de las declaraciones del portavoz popular, Juan José Sanz Vitorio, tras la reunión de cuatro horas que ayer mantuvieron los grupos parlamentarios para revisar el texto normativo.

La tramitación del Estatuto del Alto Cargo en las Cortes se complicó a raíz de un documento –unas consideraciones sin valor jurídico, según Sanz Vitorio–, de los letrados de la Cámara, que cuestionaba algunos aspectos del proyecto de ley. Según el portavoz popular, Podemos solicitó que se le diera ‘una vuelta’ al texto, por lo que se aplazó su inclusión en el orden del día del pleno de las Cortes. «Están utilizando un acto de buena fe para, en el fondo, bloquear las medidas de regeneración; nos encontramos ante algo absolutamente atípico», manifestó Sanz Vitorio a este periódico, visiblemente molesto con el protagonismo que ha cobrado la revisión del proyecto.

La limitación de mandatos del presidente de la Junta y de los consejeros, la composición de la Comisión de Ética y sus atribuciones, las incompatibilidades de los altos cargos, o el régimen sancionador son algunas de las cuestiones sobre las que discrepan los grupos parlamentarios y que también aparecen en el documento de los servicios jurídicos.

El proyecto de ley se cayó del orden del día del pasado pleno de las Cortes y hasta el viernes, día en que se reúnen la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces, no se sabrá si se incluye para la sesión plenaria de los días 20 y 21. El portavoz popular es partidario de incorporarlo, pero la oposición no tiene prisas.

Entre tanto, portavoces de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos,  –faltó el representante del Grupo Mixto–, revisaron ayer con los letrados, artículo por artículo, el proyecto de ley y «las notas elaboradas por los servicios jurídicos de la Cámara» –según consta en el documento remitido por el Letrado Mayor–.

Sanz Vitorio niega cualquier valor jurídico a estas «consideraciones» por cuanto no son un informe oficial, ni aparece la firma de quien lo elaboró. «Los únicos informes que constan en el expediente son los de los servicios jurídicos de la Junta y del Consejo Consultivo», declaró. Según el portavoz popular, el proyecto de ley «podría haberse llevado al pleno anterior «porque cumple con todos los requisitos legales para ser incluido» en el orden del día. Sin embargo, cuando se produjo la solicitud de que se revisara el texto, el Grupo Popular actuó «de buena fe» para tratar de conseguir «el mayor nivel de acuerdo posible», explicó Sanz Vitorio.

En todo caso, dado que ya había sido aprobado en comisión, el texto solo es susceptible de cambios mediante enmiendas transaccionales –que se debaten si no se opone ningún grupo–, por lo que los asuntos más espinosos quedarán para el pleno. El PSOE como Podemos mantienen su voto en contra de la futura ley, salvo que se admitan sus principales enmiendas.

Los grupos avanzaron ayer en algunas cuestiones consideradas técnicas, o jurídicas, «tres o cuatro» y de escasa entidad. «Ha sido una reunión para pasar la mañana, como aquel que dice», manifestó Sanz Vitorio, quien dejó claro que no se producirá ninguna modificación sustancial al texto aprobado en comisión.

Los grupos se han emplazado a una nueva reunión mañana jueves, en la que acabarán de examinar el proyecto de ley y las enmiendas transaccionales que hayan elaborado los servicios jurídicos de la Cámara de acuerdo con las decisiones adoptadas ayer.

CIDUADANOS CONFÍA EN MEJORAR EL TEXTO CON SUS ENMIENDAS

Ciudadanos confía en que el proyecto de ley mejore con las enmiendas transaccionales que ha planteado, según declaró el procurador David Castaño, portavoz de su grupo en la tramitación del Estatuto de Altos Cargos.

«La ley tiene más luces que sombras», manifestó Castaño, quien se mostró convencido de que si se tienen el consideración «10 u 11 enmiendas» de su grupo «quedaría bastante bien». El procurador de Ciudanos no quiso avanzar el contenido de estas enmiendas, aunque reconoció que no afectan a cuestiones sustanciales.

Castaño insistió en que el proyecto de ley es bueno «aunque contiene «algunas inseguridades jurídicas» que es preciso «solventar». Recordó al respecto que el Consejo Consultivo dijo en su informe que el proyecto «no tenía problemas sustantivos». Y también se mostró de acuerdo con este órgano en que, para dar mayor seguridad jurídica a la limitación de mandatos del presidente de la Junta, sería conveniente reformar el Estatuto de Autonomía.

A diferencia de Sanz Vitorio, Castaño no ve ninguna urgencia para que el proyecto vaya al próximo Pleno. «Sinceramente, las prisas hay que justificarlas», comentó tras discrepar también con el portavoz ‘popular’ sobre el documento elaborado en los servicios jurídicos de las Cortes. «No creo que el debate esté en si es un informe o no, aunque no lo sea en sentido estricto porque no se ha producido en la fase de ponencia».

Castaño afirmó que el PP «está por la labor» de aceptar enmiendas de Ciudadanos. «No se puede decir que no esté siendo dialogante», concluyó.

El PSOE mantiene su voto en contra aunque facilitará las mejoras técnicas

La viceportavoz socialista, Virginia Barcones, avanzó que su grupo mantiene su opinión al proyecto de ley, aunque está abierto a facilitar mejoras en el texto. Barcones, que participó en la reunión de ayer, aseguró que los procuradores revisaron con los letrados de las Cortes los artículos, uno por uno, para examinar problemas jurídicos, pero dejando al margen «lo que es político».

«Políticamente votaremos en contra», declaró Barcones, «porque mantenemos, como dijimos desde el primer momento, que no se puede acometer la regeneración de esta forma». Según explicó la procuradora, los socialistas eran y son partidarios de partir de una reforma del Estatuto de Autonomía «y, de ahí, ir bajando para modificar las distintas leyes».

Barcones explicó que su grupo facilitará enmiendas transaccionales, aunque luego mantengan su voto en contra en el debate en el Pleno. La viceportavoz socialista puso como ejemplos su oposición a que la ley empiece a aplicarse en la próxima legislatura, o a que el Código Ético de los Altos Cargos no se tramite como proyecto de ley.

Podemos asume todas las consideraciones de los letrados

El grupo parlamentario de Podemos asume por completo todas las consideraciones al proyecto de ley formuladas por los servicios jurídicos de la Cámara. Así lo aseguró ayer Natalia del Barrio, encargada de la negociación del proyecto de ley por parte de su grupo político.

Del Barrio cuestionó que en el análisis del texto normativo realizado ayer solo se entrara en cuestiones estrictamente jurídicas, cuando, a su juicio, es difícil establecer una frontera con las de carácter político. Como ejemplo, señaló que la atribución a la Comisión de Ética Pública de incoar expedientes y de resolverlos es darle la condición de «juez y parte». Pero mientras Podemos estima que se trata de una cuestión jurídica, el PP lo entiende como política, según manifestó Natalia del Barrio.

«Cada uno entiende por jurídico lo que quiere», algo que según la procuradora no se puede solucionar en el debate abierto ayer sobre las enmiendas transaccionales, por lo que queda «el voto en el pleno». Y, ahí, Podemos mantendrá su oposición al proyecto de ley, salvo que se produzcan cambios relevantes mañana.