El director Financiero de Eficanza asegura que el HUBU “no ha sido una buena inversión”

El director Financiero de Eficanza, Eduardo Samaniego, compareció hoy durante cerca de tres horas en la comisión de investigación de las Cortes sobre la construcción y gestión del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), donde concluyó que este proyecto “no ha sido una buena inversión” para la sociedad concesionaria, ya que prevén que, con la generación de beneficios que se produzca, apenas se podrá devolver la deuda y recuperar el capital invertido. “El escenario de beneficios va a ser cero a 24 años, pero hacemos una proyección de rentabilidad incluso negativa, porque los 54 millones que se dispusieron en el ejercicio 2011 se recuperarán en el año 2036”, sentenció aludiendo al diferente precio del dinero décadas después.

Con esa sentencia concluyó una intervención profusa en detalles y en todo tipo de explicaciones “demasiado técnicas” en algunos casos, a juicio de los representantes de los grupos parlamentarios participantes, donde informó sobre el estado de cuentas de la sociedad y sobre el segundo y tercer reequilibrio solicitado, y aseguró que el “escenario” que baraja la concesionaria es “ejecutar el contrato”. “¿Tiene sentido estar en un contrato en el cual el escenario de beneficios sea cero? No me corresponde a mí decidirlo, sino informar al consejo de administración”, remachó

Samaniego, que desde el pasado 1 de abril ejerce como director general de Eficanza, explicó que el importe del contrato original era de 1.010 millones de euros, “incluido el 16 por ciento del IVA y expresado en euros del año 2005”. Por el contrario, señaló que “el contrato final, tras las modificaciones, es de 1.667 millones de euros, una cifra que ya incorpora un 21 por ciento con un importe tasado en euros de 2014”. “Si queremos homogeneizar la variación del contrato desde 2005 hasta 2014, tenemos que quitar el efecto del IVA, y en segundo lugar equiparar el año de los euros en que se estime”, apuntó.

En ese sentido, lo homogeneizó en euros de 2005: “Si partimos del contrato final, de 1.667 millones de euros, le quitamos el 21 por ciento de IVA y nos vamos a 1.393 millones de euros. Si lo deflactamos con el IPC desde 2014 hasta 2005, estamos en 1.251 millones de euros. Esto comparado con la cifra del contrato inicial, que eran 899 millones de euros, da una variación de 350 millones de euros, un 37 por ciento, en euros 2005”.

Por otra parte, explicó que la inversión inicial prevista sin la gestión de los catorce servicios no asistenciales ascendía a 162 millones de euros, con 47 millones de euros para equipamiento, hasta un total de 209 millones de euros. “Las variaciones que se han producido son que la obra ha pasado de 162 a 210, o sea que se ha incrementado un 30 por ciento. El equipamiento ha pasado de 47 a 103, se ha incrementado un 119 por ciento, a consecuencia de esto el inito final es de 314 millones de euros”, detalló.

Asimismo, expuso que “en el modificado de obra la superficie construida se incrementó un 33,51 por ciento, y el volumen de la inversión ha crecido un 30 por ciento. Esto quiere decir que al final, en la evolución del precio del metro cuadrado ha disminuido un 2,62 por ciento. La conclusión es que ha habido un incremento de superficie que ha ido acompañado de un incremento de inversión en similar proporción. Con el modificado de obra no hay sobrecoste, sino una mayor inversión”, defendió.

En otro orden de cosas, y respecto al modificado de equipamiento, aclaró que “es la administración quien modifica el plan inicial”. “Los jefes de servicio definen las necesidades y establecen los números de equipos a comprar, que son aprobados por la Gerencia. Y sobre el precio, es la Central de Compras quien emite un informe, y verifica que los precios de ese equipamiento son los precios del mercado”, subrayó.

En ese sentido, su versión chocó frontalmente con la del procurador del PSOE, Luis Briones, quien defendió que “claramente ha habido importantes sobrecostes, hagamos o no la homogeneización” y requirió aclaraciones sobre el segundo y tercer reequilibrio económico y financiero solicitados a la Junta de Castilla y León. “Hay tres escritos de la concesionaria solicitando el reequilibrio, siendo el último una llamada a la Administración de que se reequilibraba o se comprometía la situación de la UTE, y eso podía conllevar a una inexorable quiebra”, señaló.

La situación de la sociedad

Cuestionado por los procuradores sobre la situación que llevó a la sociedad concesionaria a solicitar el segundo y el tercer reequilibrio, explicó que en 2012 se produjo “una separación entre un modificado y el reequilibrio”, en un momento en que estaban “cerrado un incremento de la financiación con la entrada de un nuevo financiador, pese a no tener garantizada la forma de pago. “Por ello se instó a la Administración, con una solicitud de reequilibrio, para que la administración conmfirmara cómo nos iba a pagar, en qué plazos y condiciones, para poder decirle al banco el calendario de devolución del préstamo que podríamos manejar”.

Asimismo, señaló que en en 2014 vivieron “un escenario más radical”. “Terminamos un hospital que se ha modificado en obra, en equipamiento y valores de inversión, conseguimos la financiación, pagamos a los proveedores y empezamos a operar. Desde diciembre de 2011 nos remiten a las tarifas originales. Se paga al concesionario a la tarifa original, desde diciembre 2011 hasta marzo 2015 todas las cuentas originales solo están movidas por el IPC. Estamos explotando a una tarifa original un hospital que es un 30 por ciento más grande, con un equipamiento que ha crecido, y eso en el mantenimiento también tiene un impacto. Pero decidimos no parar en la explotación del hospital, y así llegamos a diciembre de 2014. Año a año se pierden cantidades que se van acumulando y en diciembre de 2014 se vive una situación crítica”, reconoció.

En otro orden de cosas, el procurador del Grupo Mixto, José Sarrión, aseguró que la contabilidad de la concesionaria “está sustentada en criterios excesivamente prudentes y conservadores, que no se corrige con la realidad”, con lo cual “se están perjudicando los resultados de los primeros años de la concesión”. Él mismo también apuntó que “la Junta está adelantando el dinero de la renovación de unos equipos que no se producirá hasta dentro de 8 años”, por un valor total de “48,8 millones de euros en anticipos que no han sido computados en ejercicios pasados”. “A 31 de diciembre de 2015, la Junta habría pagado más de 59 millones de euros si incluyéramos el IVA”, denunció.

Al respecto, Samaniego comentó que el pliego de contratación contempla un plan de reposiciones que hace que en 2036 la concesionaria tendrá que entregar las mismas unidades de obra y de equipamiento con las que inicia sus operaciones, en el mismo nivel tecnológico que las existentes en 2011 respecto al mercado. “Tenemos inventariados todos los equipos que hay en el HUBU, con 56.000 referencias. Hemos comprado entre 2.500 y 3.000 unidades de equipo, y hemos analizado viendo las fichas de fabricación, cuál es la vida útil que le asignan a cada equipo. Desde que empiezo a explotar el Hospital puede que yo tenga que reponer el equipo, y desde luego lo tengo que mantener. ¿Están adelantando dinero? Sí o no. A mí, en un momento dado, se me generará que tengo que reponer, y yo he ido metiéndolo en el canon. También puede ocurrir que haya que anticipar reposiciones”, argumentó.

Mansis XXI

La parlamentaria de Podemos, Laura Domínguez, le inquirió sobre la gestión del Programa Mansis XXI y señaló que “es extraño que el sistema de control utilizado sea creado por quien tiene que ser controlado, la concesionaria, que es quien lo gestiona después”, además de señalar que “los usuarios finales del sistema aseguran que las incidencias no quedan resueltas y se pueden modificar a gusto de la concesionaria”. “¿Es un método de control fiable?”, subrayó sobre una cuestión en la cual también se interesó el procurador del PP, Ángel Ibáñez.

En ese sentido, Samaniego fue contundente al aclarar que “no es una herramienta que desarrolla la sociedad concesionaria ad hoc para el HUBU”. “En Castilla y León está implantado en el de León, en 2007, luego Ponferrada, Clínico de Valladolid, HUBU (es el cuarto que adquiere el software), Ávila, Zamora y en 2016, Río Hortega, Salamanca y Palencia. Está implantado en todos los hospitales de Castilla y León, y su uso es generalizado en Madrid, Valencia, Andalucía, Chile o Panamá, si bien en el HUBU es donde está más implantado, ya que actúa como proyecto desarrollador de nuevos módulos”.

Tras explicar que Mansis XXI “no es simplemente un sistema de registro de avisos e incidencias, sino un software de gestión de servicios”, aclaró que “tiene módulos de mantenimiento, de avisos, de logística de almacenes y recursos humanos”. “Las supervisoras tienen un acceso muy restringido a la herramienta. Es un sistema de medición de la calidad que es muy garantista para la administración. Sus funcionarios con conocimientos técnicos en cada servicio son quienes hacen el seguimiento y la validación”, completó.

Por su parte, el procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, cuestionó que el proyecto esté “lleno de asesores, por dirección facultativa de la obra, monitorización...”. “Había muchos controlando la obra y el resultado es que existen defectos, que las calidades de los acabados y los elementos utilizados no coinciden con las del proyecto inicial. Parece un comportamiento de nuevos ricos, vamos a tener a mucha gente controlando, aunque el resultado va a ser el que va a ser. Todas las obras tienen defectos, pero en este caso ustedes, que contrataban y asumían los gastos, ya que no ejecutaban directamente la obra, eran los primeros interesados en que lo que recibieran fuera en condiciones, y los primeros interesados en controlar costes”, valoró.

En ese sentido, Samaniego expuso que “en este tipo de proyectos cada parte interviniente tiene su asesor y su monitorización”. “En el momento que se cambia un proyecto y se sale de las unidades de obra detalladas, alguien levanta la mano para pronunciar su disconformidad. Estamos hablando de millones de uros y no puede dejarse al control de una sola persona o empresa”, concluyó.