El PSOE dice que «faltan cosas» en los mapas de servicios rurales
El PSOE de Castilla y León advirtió ayer de que «faltan cosas» y no se garantiza un mínimo en los medios humanos y técnicos de los servicios básicos en el anteproyecto de ley por el que se regula el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios y subrayó que si la Junta quiere el respaldo de los socialistas deberá recoger la resolución de su Consejo de Alcaldes.
En la presentación de las mociones socialistas a la ejecutiva de la Federación Regional de Municipios y Provincias, que se reúne hoy, y en la que el vicepresidente de la Junta presentará el anteproyecto de mapas rurales, la secretaria autonómica de Política Municipal del PSCyL, Virginia Barcones, manifestó que la posición de su partido será la que decida el Consejo de Alcaldes, al que se convocará cuando el texto entre en las Cortes.
«Faltan cosas, las negociaciones están abiertas y siempre hemos estado dispuestos a hablar», recalcó Barcones, que apuntó a la garantía de un mínimo para la prestación de los servicios en igualdad y calidad en el medio rural, a un plan de mejora de las deficiencias y a existencia de un transporte público rural de garantías. «Colaboración sí, pero sin cheques en blanco», informa Ical.
La también viceportavoz del Grupo Socialista afirmó que la ordenación sólo será útil si tiene unas garantías mínimas e insistió en que lo que se consiga está «en manos» de la Junta, a la que advirtió de que si quiere el apoyo del PSOE tiene que reflejar la resolución aprobada por su Consejo de Alcaldes.
Consejo de alcaldes
El vicepresidente de la FRMP y alcalde de La Granja, José Luis Vázquez, manifestó que si se espera la ordenación desde hace 30 años no van a dar el «visto bueno o malo» a los mapas rurales a «cualquier precio», y subrayó también que antes se recabará la posición del Consejo de Alcaldes del PSOE.
Ambos dirigentes socialistas se refirieron así al anteproyecto de mapas rurales conocido el pasado jueves en el Consejo de Gobierno, cuyo proceso requerirá, antes de su aprobación, los informes del Consejo Consultivo, CES y Consejo de Cooperación Local. La Consejería de la Presidencia prevé remitir el texto a las Cortes en diciembre.