El Sindicato Médico exige separar los incentivos del ahorro en la nueva gestión

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) dio ayer su apoyo, aunque «con matices» al nuevo modelo de gestión clínica en Castilla y León. La Orden que regula la puesta en marcha de las primeras quince unidades pasó ayer por la Mesa Sectorial, un trámite obligatorio pero donde el consenso no es preceptivo. De hecho, el texto encontró el rechazo de los otros cinco sindicatos representativos: Satse, UGT, CCOO, Csif y Usae.

«El texto ha mejorado y se han disipado algunas dudas», explicó Tomás Toranzo, presidente nacional del sindicato médico y vicepresidente en la Comunidad. Que la orden especifique que la adhesión de los profesionales es voluntaria es uno de los aspectos que ha convencido a este colectivo. Pero reclama mayor concreción en puntos como el reparto de incentivos entre los profesionales que cumplan los objetivos marcados. «Exigimos para los incentivos una dotación presupuestaria diferenciada del presupuesto del proyecto de gestión», explica Toranzo. Sólo así, indica, puede zanjarse la «perversa» posibilidad de que un equipo «gaste menos» con el objetivo de incrementar su propia retribución. «Si no se especifica en el texto, al ciudadano puede quedarle la sospecha de que esos incentivos salen del ahorro en la gestión», apostilla, una «sombra» que perjudica la calidad asistencial y mella la «credibilidad» de los facultativos. «El ahorro que se logre con una gestión más eficiente debe destinarse a mejorar la actividad asistencial, no a incentivar al profesional», indicó.

Además, CESM también anunció que impugnará una de las quince unidades de gestión previstas:la de bloque quirúrgico y esterilización en Soria. Entiende que, por ley, las labores de cirugía ambulatoria deben estar dirigidas por un facultativo y no por un enfermero, como se plantea en este equipo.

El dirigente de la CESMconfía en que las modificaciones propuestas por su sindicato sean tenidas en cuenta antes de que la el texto normativo llegue a la Mesa de la Función Pública.

En todo caso, el gerente regional de Salud, Rafael López Iglesias, indicó ayer que la previsión es que la Orden quede aprobada en septiembre. A partir de su publicación en el Bocyl, los profesionales que voluntariamente deseen firmar su adhesión a alguna de las unidades de gestión clínica dispondrán de quince días para hacerlo.

Aunque el consejero Antonio Sáez Aguado anunció hace dos semanas que los nuevos equipos estarían en marcha en octubre, ayer el gerente regional matizó que «el pistoletazo de salida» no será hasta el 1 de enero de 2017. «Para el 15 de octubre tienen que estar constituidas», puntualizó. Para entonces deben diseñar el programa de gestión clínica que aplicarán cada año natural.

López Iglesias incidió ayer en que durante la primera fase de implantación, el próximo año, ningún profesional recibirá incentivos de ningún tipo. «A lo largo de 2017 estableceremos los mecanismos para incentivar a los profesionales que cumplan los mecanismos», indicó. Será a partir de 2018 cuando esos estímulos se hagan efectivos, durante la segunda fase de implantación. La tercera fase, a partir de 2020, supondrá la consolidación de las unidades que hayan dado sus frutos.

Quince equipos seleccionados por su consenso

El gerente regional de Salud, Rafael López Iglesias, confía en que «la mayor parte de los profesionales se adhieran» a las primeras quince unidades de gestión clínica. «Por lo menos, esa es la intención que han expresado», apostillo. De hecho, el López Iglesias reconoció que, además de evaluar los aspectos técnicos de los equipos propuestos, la Consejería de Sanidad ha tenido en cuenta «un aspecto tan relevante como la participación y la voluntariedad de los profesionales a la hora de adherirse a estas unidades», indicó.

Quienes decidan no sumarse a los nuevas unidades, seguirán trabajando en su puesto actual y cumpliendo las mismas tareas, aunque no participarán directamente en la gestión y en la toma de decisiones que sí asumirán quienes se integren en el equipo. Además, tampoco cobrarían los incentivos que, llegado el caso, se establezcan. «Si el profesional no quiere participar en la unidad de gestión clínica pero tampoco quiere seguir en ese servicio, le tendremos que buscar otra plaza en otro sitio», remachó el gerente regional. 

Alerta de privatizaciones encubiertas

El delegado de Acción Sindical de Satse Castilla y León, Jesús Gómez, denunció que las unidades de gestión clínica encubren privatizaciones y son «contrarias» al desarrollo profesional de la enfermería, sus condiciones laborales y el futuro del sector. Así lo manifestó durante un receso de la Mesa Sectorial. Gómez aseguró salir del encuentro con sabor «muy amargo» y coincidió con otros sindicatos en que este decreto abre la puerta a la privatización. Así, puso como ejemplo el Hospital del Bierzo, en el que hay consultas de enfermería dentro del recinto «con personal de una empresa privada».

También la portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Mercedes Martín, criticó el modelo de gestión al entender que persigue «una privatización del servicio». Martín analizó la previsión de incentivar económicamente a los profesionales en función de los resultados que establezca la Junta y se preguntó a costa de qué se producirá, «del material, del detrimento de la calidad que se presta, de suprimir recursos humanos». «Lo consideramos muy peligroso», dijo, informa Ical.