Una sentencia, tres varapalos judiciales

No una, ni dos, hasta en tres ocasiones los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, el presidente José Luis Concepción, el ponente Antonio César Balmori e Ignacio María de las Rivas, enmiendan la plana en su sentencia al magistrado-presidente del Tribunal del Jurado, Carlos Álvarez, que juzgó el asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco.

Una sentencia del TSJ que revoca la condena impuesta por el controvertido juez a la policía local, Raquel Gago, a quien decidió rebajarle la pena a los cinco años de cárcel, al considerarla sólo como encubridora del delito de asesinato, con el agravante de atentado contra la autoridad, en contra del veredicto del jurado popular que condenó a la policía local como cómplice.

El TSJ hace suyos los argumentos del jurado para revocar la sentencia de Carlos Álvarez y elevar a 12 los años de cárcel para Gago por ser cómplice, siendo conocedora y participar, junto a Triana y a su madre, la asesina confesa, en el asesinato de Isabel Carrasco.

Un jurado a quien el mismo juez confundió en el objeto del veredicto con su «error sin paliativos, que utilizó para enmendar el veredicto, en lugar de corregirse a sí mismo como responsable de ese «error sin paliativos».

Por si esto fuera poco, los magistrados entienden, y por eso aceptan el recurso de la defensa de la policía local, que no puede ser condenada por tenencia ilícita de armas.

Otro varapalo para el magistrado-presidente, al que se le suma el hecho de que el TSJ haga suyos los argumentos del fiscal y de las acusaciones particulares al señalar que lo que realizó en su sentencia fue una «instancia» del veredicto y no un «reflejo obligado» del mismo, en lo que viene a ser una aplicación indebida del Código Penal.

Tres varapalos judiciales en una sola sentencia que suponen un suma y sigue en la trayectoria de este controvertido magistrado. El mismo que dejó en libertad provisional a Raquel Gago en contra del criterio de la juez de Instrucción número 4. Y eso lo hace el mismo magistrado que, meses después, la juzga y enmienda el veredicto del jurado.

Entre medias, semanas antes de dictar su ahora revocada sentencia, mantuvo en la calle a la policía local, pese a pesar sobre ella una condena por asesinato. Policía que siempre ha contado con la condescendencia y algún beneficio de instituciones policiales, judiciales y penitenciarias.

La misma condescendencia que este juez tuvo también con el abogado de Gago, Fermín Guerrero, y su desaparición de 19 horas por la que ni siquiera le amonestó, ni le obligó a dar explicaciones a la sala.

Eso, sin contar los excesos que durante el juicio permitió a las acusadas, y ahora condenadas, y a sus defensas hasta el punto de que la vista en la Audiencia de León, por momentos, fuera un juicio público contra la asesinada Isabel Carrasco.