Herrera:“Sin el modelo de concesión, Burgos no dispondría hoy de un hospital en funcionamiento”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aseveró hoy que si no se hubiera empleado la fórmula de la concesión pública-privada, “Burgos no dispondría hoy de un hospital en funcionamiento” y señaló que la actuación del Gobierno autonómico respecto a las modificaciones del proyecto han contado con el respaldo de los informes preceptivos de la Asesoría Jurídica, de la Intervención General de la Comunidad y del Consejo Consultivo y han sido avaladas por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía al archivar las diligencias abiertas tras las denuncias que se formularon en torno a supuestas irregularidades.

Juan Vicente Herrera, que abrió hoy las comparecencias de la comisión de investigación parlamentaria en torno a la construcción del Hospital Universitario de Burgos, recordó que la puesta en marcha de esta infraestructura era una aspiración de la sociedad burgalesa y que, por eso se decidió incluirle en el primer plan de infraestructuras sanitarias elaborado por la Junta, defendió la opción por este modelo de concesión en nueve razones: se trata de un modelo plenamente legal, que ya se venía utilizando en España y en otros países, “ofrecía una evidente utilidad”, permitía dar una solución excepcional a un proyecto singular, garantizaba “plenamente” la continuidad de la asistencia sanitaria pública, universal y gratuita a todo el área de salud de Burgos, coordinaba en un sólo interlocutor la gestión de 14 servicios no asistenciales, obligaba al concesionario a su mantenimiento y modernización, favorecía tener un hospital en el menor plazo posible y permitía ampliar las previsiones del plan de infraestructuras.

El jefe del Ejecutivo autonómico relató los principales hitos cronológicos por los que discurrió el proyecto desde el que en julio de 2003 se licitara la redacción del proyecto de ejecución de las obras hasta que se entregó en diciembre de 2011, tiempo en el que se produjeron diversas modificaciones que respondían, dijo, a la posibilidad de atender nuevas necesidades.

Modificaciones

De este modo, Herrera detalló que en 2007 se produjo una modificación técnica del proyecto para el replanteo de los edificios y la necesidad de buscar soluciones a la cimentación y no supuso ninguna alteración del plan económico-financiero y aumento de los plazos de ejecución.

En 2010 se produjo una modificación del proyecto de obra que estaba justificada en la evolución de la población del área de Burgos, la designación del centro como hospital de referencia para algunas especialidades, la conversión del centro en hospital universitario y los avances médicos y tecnológicos. En este caso, la obra aumentó de los 135.000 a los 181 metros cuadrados construidos; aumentó los espacios de edificación para dar cabida a 66 camas, 116 nuevos locales de consultas externas, 12 puestos más de urgencias, 9 de reanimación postquirúrgica, 32 plazas de hospital de día y otros espacios más. Ello supuso, el desembolso de 133,57 millones de euros adicionales, distribuidas en 13 millones al año durante el periodo de explotación.

En 2010 y 2011 se produjeron dos modificaciones del plan de equipamiento que justificó en los avances tecnológicos que se produjeron desde la adjudicación del proyecto, una mayor cartera de servicios, su carácter de futuro Instituto de Investigación Sanitaria y la necesidad de equipar un hospital mayor del inicialmente previsto. En este caso, estas modificaciones supusieron un coste añadido de 152,47 millones de euros, que la Junta abonaría en once anualidades.

Asimismo, Herrera señaló que el impacto de las modificaciones d ella obra y del equipamiento sobre las inversiones de reposición y los gastos de explotación de los 14 servicios dieron lugar a un tercer reequilibrio financiero de 179,8 millones que se incorporo al canon mensual durante todo el tiempo de la concesión.

Consecuencias

El jefe del Ejecutivo explicó que, de estas modificaciones, se derivaron tres consecuencias: la primera, la necesidad de una mayor inversión de la inicialmente prevista, que cifró en 104,72 millones y que , dijo, fue consultada con los profesionales y tuvo el respaldo de los informes técnicos y del Consejo Consultivo. “La conclusión es que estamos ante un caso claro de mayor inversión y no de sobrecostes”, remarcó.

La segunda consecuencia fue un aumento en 24 meses del plazo de ejecución de la obra y de su equipamiento, si bien al mantenerse el final del plazo del contrato en 2036 supone una disminución del periodo de explotación que debe ser tenida en cuenta a la hora de abonar los pagos a la empresa concesionaria.

Por lo tanto, la tercera consecuencia es la necesidad de reestablecer el equilibrio financiero del contrato, “un proceso técnico jurídico reglado y matemático”. Ello provocó que el precio inicial para los 30 años de concesión pasara de 883,52 millones de euros a los 1.379 millones de euros, con una anualidad de 56,64 millones de euros, precio en el que se agrupan tres conceptos: la amortización inicial de la inversión, que en 2006 se presupuestó en 209,36 millones de euros y, tras la ampliación del proyecto llegó a los 314 millones, y los gastos para la puesta en marcha; las inversiones temporales que garantizan la realización de reparaciones y mantenimiento, así como en la reposición y actualización del equipamiento y el coste de los 14 servicios no asistenciales. En este último caso, remarcó que el coste supone entre 28 y 30 millones de euros, en la línea de “cualquier hospital similar”.