Sarrión critica a la Junta por no sancionar a la concesionaria ante los retrasos y Herrera se remite a los dictámenes del Consultivo y del Tribunal de Cuentas

El portavoz del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, criticó hoy a la Junta por no sancionar a la concesionaria de la construcción del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) ante los retrasos de la obra al asegurar que a dos meses de la fecha de entrega del complejo existía un déficit de inversión del 50 por ciento. A su juicio, la obra tenía un “importante y fundamental” retraso que habría supuesto una sanción por el incumplimiento del plazo e incluso la rescisión del contrato, que era una de las ventajas del modelo de concesión público privado. En lugar de hacer uso de la sanción, Sarrión precisó durante la Comisión de investigación sobre el Hospital de Burgos que la Consejería de Sanidad aprobó un modificado del contrato que “oportunamente salvó a la empresa”.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, respondió al procurador de Izquierda Unida (IU) que los tres modificados contaron con tres dictámenes del Consejo Consultivo para valorar las ampliaciones del proyecto de obra, de equipamiento e incremento del precio para el equilibrio financiero de la concesionaria y el mayor plazo que justificaron los criterios adoptados por la administración regional.

También mencionó, en su comparecencia recogida por la Agencia Ical, las resoluciones de la Fiscalía y la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas que archivaron una denuncia por irregularidades en la inversión mayor en el Hospital de Burgos. Una resolución que, dijo, no fue recurrida en la justicia ordinaria. De ahí que precisara que “estos fallos me dan confortabilidad desde el punto de vista jurídico y ético”.

Herrera reconoció que que una obra de estas características puede ser “algo más cara” en las cuentas finales pero una “mayor inversión siempre es positiva, siempre que esté justificada”. No en vano, apuntó que la “rentabilidad social está por encima de la rentabilidad económica”. Además, consideró “injusto” dejar a los burgaleses sin una infraestructura “de necesidad que es de interés para los ciudadanos”.

José Sarrión criticó que el primer modificado se planteó en un momento “muy curioso” puesto que la empresa encargada de la construcción y equipamiento del Hospital de Burgos debía concluir la obra en un plazo de 42 meses, a contar desde mayo de 2006 para una entrega del complejo en noviembre de 2009. “A dos meses de cumplir ese plazo, se planteó un modificado de obra que libró a la concesionaria de una sanción y provocó que la administración pagara el aumento más la indemnización”, manifestó.

En su opinión, cada vez que hubo un cambio en la obra, el “ gran beneficiado” fue la empresa concesionaria. Finalmente, apuntó, que la entrega parcial de la obra fue en diciembre de 2011 aunque quedaban pendientes trabajos como en las zonas de exploración digestiva.

Herrera matizó las palabras del portavoz del Grupo Mixto al asegurar que las modificaciones de la obra y equipamiento del nuevo hospital de Burgos, encargadas por la administración, aumentaron los plazos en 24 meses (al pasar de 42 a 66 meses) pero no se doblaron. Además, solicitó “discernir” si el retraso fue debido a los trabajos en el conjunto del complejo, la obra civil o el equipamiento. No en vano, recordó que la instalación de nuevos equipamientos -como, por ejemplo, el acelerador lineal- obligó a realizar una obra civil de “varios millones de euros”.

Sarrión cuestionó al presidente de la Junta por qué no se elaboró un informe previo de las ventajas del modelo de colaboración público privado que no se ha vuelto a utilizar en ningún otro hospital de la Comunidad como el de Palencia. Mencionó que algunos estudios en Quebec (Canadá) y Reino Unido concluyeron que ese sistema generaba una “enorme carestía y gasto”. El procurador de IU concluyó que esa fórmula no era buena para los intereses públicos mientras fue positiva para la empresa porque “se revisan las tarifas y no se atiende al interés público”, además de suponer una reducción del plazo de explotación.

Estudio de viabilidad

Juan Vicente Herrera contestó que la Consejería encargó un estudio de viabilidad “a la vista de la envergadura presupuestaria y momento” que, además, coincidió con la aprobación de una ley en 2003 por parte del Congreso de los Diputados para regular la formula legal del contrato de concesión de obra pública, que obligaba a que en ese expediente exista un informe de viabilidad. En todo caso, manifestó que ese estudio de viabilidad no era vinculante aunque concluyó que el modelo era la “mejor fórmula”, desde el punto de vista legal, técnico y económico. Además, explicó que fue utilizada, de nuevo, para la construcción de la autovía Segovia-Valladolid aunque no para otros hospitales.

Herrera también recordó que otras comunidades autónomas optaron por este modelo para la construcción de hospitales públicos en Santander (Vallecilla), Granada y Toledo. Coincidió con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, al apuntar en el parlamento andaluz que la financiación de obras e infraestructuras con la participación público privado es “legal, útil y eficaz en momentos de crisis económica”.

Añadió que la Junta optó por ese modelo al ser legal y permitía contar con el nuevo hospital de Burgos en “el menor tiempo posible” para satisfacer la “demanda y exigencia” en la ciudad y provincia. “Ese objetivo se cumplió, a pesar del retraso”, declaró durante la comisión de investigación en las Cortes. Recordó que, finalmente, fueron cinco años y medio de obras, un plazo muy inferior a la construcción de otros hospitales por vía presupuestaria. Puso el ejemplo del Hospital Río Hortega de Valladolid, cuya obra se prolongó ocho años y medio. “El complejo de Burgos redujo el plazo de tiempo un 65 por ciento pese a que era un 64 por ciento más en términos de inversión”, citó.

El presidente de la Junta destacó que la construcción del Hospital de Burgos tuvo la segunda Tasa Interna de Retorno (TIR como coeficiente para calcular el precio final y el riesgo y ventura) más baja en la concesiones de complejos sanitarios en España. Además, apuntó que la sociedad concesionaria ha debido hacer frente a los impuestos y la carga financiera al recordar el empeoramiento de las condiciones de financiación, el riesgo de demanda, la evolución de los costes de explotación (IPC negativo en los costes de los servicios que no ha podido repercutir la concesionaria en el pago de las nóminas), el gasto en mantenimiento y la reposición de la cláusula de progreso que obliga a actualizar el equipamiento con el objetivo de “mantener en perfecto estado de revista” el centro.

Herrera, también, apuntó que el contrato actual supone una anualidad media de 56 millones de euros (sin incluir el IVA), de los que unos 30 millones sirven para hacer frente al coste de los 14 servicios no sanitarios externalizados. Una cantidad que, dijo, es muy similar a lo que paga la Junta para esos servicios en otros hospitales de la Comunidad, a través de los capítulos 1 y 2.