Diario de Valladolid

UGT denuncia que el Gobierno utiliza las retribuciones de los empleados públicos para “hacer campaña electoral”

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ICAL

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La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT denunció hoy que el Gobierno utiliza “nuevamente” las retribuciones de los empleados públicos para “hacer campaña electoral”. Así, ha solicitado al Gobierno en funciones “que deje de alimentar rumores y convoque oficialmente la mesa de negociación” de las Administración General del Estado para anunciar el pago del resto de la paga extraordinaria de 2012 aún por devolver.

“El Gobierno del Partido Popular nos suprimió la paga extra de diciembre 2012, y ahora, como si de un regalo se tratara, sin negociación previa, y saltándose, como siempre, todos las formalidades previas, a través de rumorología se trasmite la posible devolución de la paga en el mes de abril”, lamentan.

UGT subraya que el Ejecutivo aún no ha dado una orden definitiva y “alimenta rumores intencionados ante la inminente convocatoria de elecciones generales”. “Esperamos que mañana en la comparecencia del ministro Montoro comunique oficialmente el mes en que se devuelve una paga hurtada sin previo aviso de forma total y que se cobrará sin intereses”, añaden.

En distintas reuniones de trabajo, UGT ha reprochado al Gobierno que demorase el pago del 50 por ciento de la paga extra restante y no dictara una instrucción para cumplir el compromiso adquirido con las empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado, el pasado mes de julio, también en vísperas de las anteriores elecciones generales.

El pago, del cual todavía se desconocen los detalles de su ejecución, no implica un gasto complementario, pues estaba incluido en los presupuestos generales para 2016, y tampoco materializará una subida salarial para los empleados públicos de la Administracion General del Estado.

EL número de empleados públicos en Castilla y León, del ámbito de AGE, a los que afecta el cobro de la extra son 15.760, excluidos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que también están afectados por esta situación. De ellos, 8.143 son funcionarios, 2.187 laborales, 2.836 pertenecen a la administración de justicia, 1.343 de la AEAT, 86 de Aena y 165 de Patrimonio.

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