PLENO
Todos los grupos piden al Gobierno que se adhiera al convenio de la OIT de protección de los trabajadores domésticos
El colectivo está integrado por 45.000 personas en la Comunidad, la mayoría mujeres
Todos los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León instaron hoy a la Junta para que traslade al Gobierno de España la necesidad de que el país se adhiera, con la mayor brevedad, al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para la protección de los trabajadores domésticos y para que adapte la legislación española en el sentido que regula el citado convenio.
Así lo señalaron todos los grupos para defender a un sector en el que trabajan en España 600.000 personas, de las cuales 45.000 lo hacen en Castilla y León, la mayor parte de ellas mujeres, según señaló el portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, quien recordó que este convenio reconoce y protege el empleo de 67 millones de personas en el mundo.
De ahí, explicó, la importancia de que España se adhiera a este convenio y con ello se dé “un paso más” en favor de un colectivo “débil” y que, según añadió la procuradora del PSOE María Josefa Díaz está sometido a riesgos laborales y a precariedad laboral.
La socialista añadió que no se puede continuar con el “trato diferenciado” de estos empleados respecto al resto de trabajadores y que está “menos protegido socialmente”. Mientras, la procuradora de Podemos Laura Domínguez abogó también por defender este trabajo “duro y poco reconocido” que tiene un alto índice de economía sumergida. Además, supone, a su juicio, “un ejemplo más de que la precariedad tiene cara de mujer”, dado que este sector no llega ni a los salarios mínimos, no tienen derecho a paro, ni a bajas laborales.
La obligación en 2012 de que se dieran de alta en la Seguridad Social, añadió Domínguez, “no sirvió para mejorar” su situación, por lo que defendió la adhesión a este convenio de la OIT porque será “beneficioso” y blindará los derechos de este colectivo.
Por su parte, la procuradora de Ciudadanos Belén Rosado consideró “absolutamente prioritaria” la garantía de las condiciones de trabajo y máxima protección para los trabajadores del hogar, aunque, precisó, “ratificar es necesario, pero no suficiente” dado que se tiene que legislar en el país para que cuente con la garantía económica y evitar el fraude.
Asimismo, el procurador de Izquierda Unida, José Sarrión, recordó que regular las condiciones laborales y sociales de este colectivo siempre ha sido una necesidad porque se trata de un trabajo “infravalorado” en el que hay que luchar por equiparar sus derechos al resto de los trabajadores.
En términos parecidos se expresó el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, quien también mostró su “apoyo unánime” a la propuesta para ofrecer protección a este colectivo.