Los ecologistas critican la "insumisión" del CSN al desoir al Congreso sobre la reapertura de Garoña

La decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de dar el visto bueno a varias actuaciones incluidas en el proceso de evaluación de la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) soliviantó este miércoles a varios colectivos ecologistas, que lo consideraron "inaceptable" y una "insumisión" porque desoye el rechazo de la mayoría de los grupos del Congreso de los Diputados a la reapertura de esta instalación.

La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, lamentó "la insumisión del CSN al Congreso de los Diputados" porque precisamente ayer todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, pidieron que se paralizara la eventual reapertura de Garoña.

Montón consideró "especialmente grave" que el CSN "ignore" la petición de la mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara Baja porque el Consejo de Seguridad Nuclear "rinde cuentas ante el Congreso".

El portavoz de campañas antinucleares de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, calificó de "inaceptable" la decisión del CSN porque supone "una presión inaceptable" para el futuro gobierno, por lo que, a su juicio, "debería haberse abstenido y aplicar una moratoria" sobre la licencia de reapertura de Garoña.

Castejón, que también es físico nuclear, aseguró que el Consejo de Seguridad Nuclear "ha actuado sabiendo que un gobierno diferente del PP, por decirlo claramente, detendría Garoña", y cuando "una mayoría parlamentaria ya se ha posicionado a favor del cierre de la central".

Por otro lado, Juantxo López de Uralde, coportavoz de EQUO y diputado de Podemos, afirmó que "esta decisión ratifica que el CSN está al servicio de las presiones de las eléctricas y del gobierno en funciones", antes de señalar que el Consejo "se ha burlado de la democracia y de la ciudadanía para favorecer los intereses del oligopolio eléctrico".

EQUO denunció que, además de la reapertura de Garoña, el CSN abre la puerta a una posible reclamación por parte de Nuclenor (propietaria de la central) por "lucro cesante", que podría conllevar, de ser aceptada, una indemnización a cargo de las arcas públicas, como ya ocurrió con el caso del Castor.