Los eurodiputados estudiarán la solicitud de CCOO para evitar deslocalizaciones camufladas por quiebras fraudulentas como la de Norma

El sindicato de Comisiones Obreras de Castilla y León ha llevado ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo una solicitud de regulación para evitar que los casos de deslocalizaciones de empresas se camuflen por quiebras fraudulentas. Según ha denunciado el secretario general de la organización, Ángel Hernández, así ocurrió con la compañía Jeld Wen en el caso de Puertas Norma, en la localidad de soriana de San Leonardo de Yagüe. Los eurodiputados han concluido que estudiarán la solicitud y que notificarán el caso al Ejecutivo comunitario y al Gobierno español para que se analice.

Hernández ha mostrado su “satisfacción”, en declaraciones a la agencia Ical, porque después de tres años de haber pedido a la Eurocámara que estudiara el caso, finalmente se ha escuchado la solicitud. La comisión de peticiones ha aceptado la demanda y ha asegurado estudiarla. Asimismo, ha avanzado que se notificará a la Comisión Europea y a la Comisión de Empleo de la Eurocámara, que actualmente está realizando un informe sobre la justicia social empresarial. También se ha anunciado que enviarán una carta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social español para dirimir la existencia de fraude en el cierre de Puertas Norma.

Durante su intervención, el secretario general de CCOO ha pedido a la Eurocámara que estudie “las lagunas” existentes en la regulación sobre quiebras empresariales. Según alerta Hernández, algunos grupos de empresas europeas que operan en distintos Estados miembros bajo una sola dirección se aprovechan de estas lagunas.

Este es el caso de Puertas Norma, cuyo socio mayoritario era la compañía holandesa Jeld Wen quien “decidió en algún momento, en base a su estrategia grupal, liquidar su sociedad filial y deslocalizar su producción”, ha asegurado. Después, la compañía aplicó ciertas acciones que “concluyeron con la declaración de insolvencia y la liquidación” de Puertas Norma. Por ello, según Hernández, hay que estudiar la regulación europea, porque no “es un caso único” en Europa, que requiere medidas “de carácter superior”.

Tras la decisión de la comisión de Peticiones, Ángel Hernández ha avanzado a Ical que otra institución europea, el Comité Económico y Social, cuyo objetivo es elaborar informes y asesorar a las instituciones, tendrá en cuenta el caso. Así como la Confederación Europea de Sindicatos.