Junta y 13 ‘bancos’ crean la primera lanzadera financiera público-privada

El Consejo Financiero, ese instrumento llamado a compensar desde 2014 la pérdida del sistema financiero autonómico, alumbró ayer su primera criatura: una lanzadera para apoyar proyectos empresariales nuevos o existentes pero siempre viables «técnica, económica y financieramente».

La primera lanzadera financiera público-privada de España nace así en Castilla y León. Lo hace de la mano del Gobierno regional y de trece entidades financieras, entre las que se encuentran los principales bancos del país, las antiguas cajas de ahorros convertidas en bancos ya controlados por instituciones foráneas, CajaMar –resultado de la absorción de la Rural del Duero-, y cuatro cooperativas de crédito domiciliadas en Castilla y León.

Las trece entidades financieras aspiran, con la colaboración de la ADE, Iberaval y Sodical, a prestar dinero para inversiones y circulante. Según la Junta, al precio más barato del mercado. Y lo harán a través de una plataforma informática en la que la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización (ADE) publicará los proyectos, y bancos y cajas presentarán sus ofertas de negocio con la cuantía, el tipo de interés, el instrumento concreto, los plazos de amortización y el resto de condiciones de la operación. El departamento de Financiación de la ADE decidirá cuál es la mejor oferta para el empresario o autónomo.

Si el proyecto procede ya de un banco, porque la entidad considere que necesita «algún tipo de apoyo financiero público» adicional, la Agencia lo estudiará y valorará la solvencia del promotor, el riesgo, las garantías ofrecidas y el interés de la inversión para concretar la propuesta.

El Consejo Financiero garantiza la máxima agilidad. En la primera vía, las entidades disponen de 15 días para presentar sus ofertas. En la segunda, la ADE responderá en siete días. En ambos casos, la Agencia podrá pedir informes a la Consejería competente en la materia del proyecto. En ningún caso, el proceso de resolución y concesión durará más de dos meses.

Para atender este supuesto mayor volumen de trabajo, la ADE ha reforzado la plantilla del departamento financiero «con coste cero».

La Lanzadera surge ante la decisión del ministro Montoro de computar como deuda pública los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), lo que provocó la «pérdida» de 235 millones de recursos de la ADE y el ITA desde 2015.

La Junta negocia ahora con el BEI para que esos fondos lleguen a las entidades financieras, una negociación que está ya en la fase final. De ahí que el grueso de los fondos lleguen a los bancos pro esta vía.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en calidad de presidenta de la ADE firmó ayer el «Convenio de Colaboración con el Objetivo de Impulsar la Financiación de Proyectos Empresariales en la Comunidad de Castilla y León a través de la Lanzadera Financiera». Así reza el documento suscrito con directores y presidentes de las entidades financieras y en presencia del jefe del Ejecutivo regional que, tras su intervención, mantuvo un encuentro a puerta cerrada con los promotores, así como con responsables e Iberaval y Sodical.

Los catorce firmantes del convenio, de 23 páginas incluidos los dos anexos, admiten que «si bien se está registrando una reactivación del flujo del crédito, determinadas iniciativas, especialmente las lideradas por pymes, autónomos y emprendedores, se encuentran todavía con dificultades para obtener la financiación necesaria que permita la puesta en marcha de sus proyectos».

De ahí, que la Lanzadera Financiera primará a pymes y autónomos, así como a proyectos agroalimentarios y de turismo. La Junta estima que esta novedosa herramienta permitirá movilizar 3.560 millones de euros de inversión hasta 2019, de los que 1.773 serán de apoyos públicos, según la Consejería. En estos proyectos la Junta no incluye los apoyos del Plan Juncker y la Iniciativa Pyme. No obstante, el acuerdo firmado aporta dos anexos para uso de los bancos: las 45 líneas de apoyo de la Junta, que complementarían sus fondos, y los requisitos para presentar propuestas.

El acuerdo no compromete a los bancos y cajas rurales a aportar un volumen concreto de recursos al año. Y ni siquiera establece condiciones mínimas a priori en tipos de interés o plazos de carencia. Se limita a «intensificar los esfuerzos» y a «ofrecer sus productos financieros en las mejores condiciones posibles». Todo será a concurso y la ADE y el empresario interesado tendrán la última palabra.

El presidente de la Junta y la consejera de Economía y Hacienda dejaron claro que estos fondos serían adicionales y complementarios a los que han venido comprometiendo, pero en la rueda de prensa de presentación Pilar del Olmo admitió que desconoce la inversión que cada entidad ha suscrito en los últimos años.

En todo este proceso Iberaval jugará un papel esencial para avalar aquellos proyectos que para el resto de entidades no tenga las garantías suficientes. La ADE promete un trato personalizado a los emprendedores para proponerle el instrumento y las condiciones más favorables a su situación.

A preguntas de los periodistas, la consejera apostó por «no demonizar» a algunas de las entidades firmante del convenio por el hecho de que hayan recibido fondos públicos para su rescate o hayan tenido responsabilidades en la quiebra del sistema financiero y ahora se les pueda favorecer con este negocio. Del Olmo advirtió al respecto que «ya están devolviendo esos fondos» y que detrás de esos bancos hay empleados.