El PP denuncia que el Ayuntamiento de Segovia deberá pagar 8M€ por la sentencia del TS por una expropiación

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo (TS) sobre la expropiación del talud de la avenida Padre Claret de Segovia supondrá un desembolso al Ayuntamiento de unos 8 millones de euros, según denunció hoy el Grupo Popular. Una cantidad que “agotará prácticamente” el remanente de tesorería “e impedirá que se realicen inversiones necesarias para la ciudad y sus barrios”, añade.

La estimación que reseña el PP corresponde a 5,83 millones de euros del justiprecio y 2,5 millones de la afección e intereses de demora desde octubre de 2007. “A dicha cantidad hay que descontarle los 109.158 euros ya pagados por el Ayuntamiento, que fijaba en dicha cifra el justiprecio de la finca, así como el importe que determine el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL)”, precisa en un comunicado

Concretamente, la sentencia del TS obliga al TSJCyL a fijar el justiprecio de la expropiación del talud de la avenida del Padre Claret utilizando los mismos criterios de la sentencia de instancia, “salvo en la aplicación del aprovechamiento bajo rasante, que no podrá ser tomado en consideración para calcular el aprovechamiento urbanístico aplicable”, según interpretan los populares. El descuento de dicho concepto puede oscilar entre 0 y 100.000 euros para los propietarios y 1,2 millones para el Gobierno municipal: “Es decir, que el coste final de esta expropiación para las arcas municipales, en el caso más favorable, será de más de siete millones de euros, si bien lo más probable es que ronde los ocho”.

El origen de este pleito iniciado en 2006 es la falta de acuerdo del exalcalde Arahuetes y el exconcejal Conde Arambillet con la propiedad, que pretendía una expropiación de la parcela, debido a que por ella pasaban instalaciones públicas, siempre de acuerdo con la interpretación del Grupo Popular. “Según es público y notorio”, en aquel momento la propiedad estaba dispuesta a resarcirse de la expropiación de la parcela con terrenos rústicos o urbanos, por importe de 3 millones de euros, “pero el Gobierno socialista, incluida la actual alcaldesa Clara Luquero, no aceptaron y ahora le va a costar a las arcas municipales, probablemente, en torno a los ocho millones”. 

Para el Grupo Popular, este es “un ejemplo elocuente de la  nefasta y peligrosa forma de gestionar el ayuntamiento durante los 12 años de Gobierno socialista de la señora Luquero”, añade en referencia a la candidata del PSOE a la Alcaldía, concejala de Cultura hasta abril del año pasado, mes en que tomó el relevo del exalcalde Arahuetes.  En total, los populares sostienen que “el constante recurso a los litigios judiciales” ha supuesto el pago de terrenos por adjudicaciones y expropiaciones derivadas de sentencias judiciales por importe de otros 8 millones de euros, y gastos por asesoramiento jurídico y contenciosos por importe de 1,26 millones entre 2009 y 2014.

“Agotará el remanente”

“Como bien puede comprenderse, para el cumplimiento de esta sentencia no existe la suficiente consignación presupuestaria, por lo que su aplicación agotará prácticamente el remanente de tesorería, e impedirá la realización de la mayoría de las inversiones que la ciudad necesita”, continúan. Sin embargo, “lo lamentable es que con el cumplimiento de esta sentencia no se habrán zanjado todas las contingencias del Ayuntamiento, como ya ha advertido el Grupo Popular en varios debates sobre presupuestos y su liquidación”.

En concreto, respecto a la expropiación en la confluencia de la calle Soldado Español con la avenida del Padre Claret, el Ayuntamiento, según sentencia del TS de enero pasado, tendrá que pagar, “de forma inminente, en torno a 1,9 millones netos, incluyendo el cinco por ciento de afección y los intereses de demora, y una vez descontadas las cantidades ya abonadas”. 

Además, la sentencia reciente del TSJ de Castilla y León sobre la expropiación de suelo para el Instituto de San Lorenzo “ha supuesto otro revés para el Ayuntamiento, que, por el momento, se puede cuantificar en un pago adicional de casi cuatro millones de euros, que si bien está recurrida ante el Tribunal Supremo, hubiera resultado prudente reservar alguna consignación presupuestaria”, consideran. A ello hay que añadir la intención del Gobierno municipal socialista de negociar con la empresa concesionaria del aparcamiento de Los Tilos, Isolux Corsan, una indemnización por la rescisión de su contrato (para renunciar al proyecto) que las propias fuentes gubernamentales han cifrado en 300.000€, a cambio de nada.

“Si a esto añadimos el pago anual  de 809.000 euros durante los próximos once años, del  préstamo  del edificio de emprendedores y los 400/500.000 euros anuales de gastos de mantenimiento del citado edificio, no podemos por menos que confirmar lo que hemos venido manifestado en estos cuatro años,  que el estado de las cuentas municipales es extremadamente grave”, advierten los populares.

En este sentido, el principal partido de la oposición reitera su petición (planteada anteriormente como una moción ya rechazada por el Pleno) de que el Ayuntamiento encargue a una empresa “una auditoría de la cartera de pleitos del Ayuntamiento” para “estimar, en términos de probabilidad, la cuantificación de las contingencias y el periodo en que previsiblemente pudieran tener lugar”. Un informe que les parece “imprescindible para poder gestionar el Ayuntamiento en el próximo mandato corporativo” y conocer si las “contingencias” conocidas “son todas o solamente la punta del iceberg”.