El PSCyL abre una campaña para que las entidades locales puedan "corregir" la renta de ciudadanía

La oposición socialista inicia hoy una campaña institucional con ayuntamientos y diputaciones para que presenten en sus plenos mociones a favor de una modificación en los criterios de la renta garantizada de ciudadanía para corregir la “injusticia” de que personas con una prestación de 42 años no puedan acceder a este derecho recogido en el Estatuto de Autonomía.

“El PSOE de Castilla y León no desiste para corregir está injusticia”, advirtió el procurador Jorge Félix Alonso en la presentación de la inicitiva, donde calificó de “inhumano” y que lleva a “vivir en la indigencia” la incompatibilidad normativa de la renta con cualquier otra prestación contribuitiva o no contributiva, aunque esa sea inferior a los 426 euros.

Alonso manifestó que su partido planteó ese cambio a los agentes sociales y añadió que se trata en la mesa de negociación, por lo que añadió que “ojalá” sea así y que se alegrará si existe un acuerdo antes de que se aprueben las mociones. “Sería un trabajo útil del Grupo Socialista”, defendió, tras recordar la proposición de ley no debatida, las dos proposiciones de ley y la moción en tal sentido rechazadas en las Cortes.

Poda a la pluralidad

En la misma rueda de prensa, el procurador denunció la “poda tremenda” de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta a la representación de la sociedad civil en los consejos, censuró que “se suprime” la pluralidad y que la consejera Milagros Marcos busca “órganos de pensamiento único”.

Según Alonso, la supresión de 64 representantes, tanto en el ámbito de las entidades locales como de asociaciones sociales, deja en “organillos” los cuatro órganos, entre los que están el Consejo de Personas Mayores, Menores, Personas con Discapacidad o Servicios Sociales. “Lo importante es que la participación queda deslabazada”, aseveró, con independencia del número de ellos.

“Se trata de hacer la ola a la consejera y de no trasmitir la realidad de la calle”, aseguró el procurador, convencido de que los ayuntamientos, como gestores de los servicios sociales, y los colectivos ciudadanos son los que mejor conocen la realidad. Alonso añadió que esa “poda” no se justifica en el ahorro, porque no se corra por asistencia, sino en una “supuesta coordinación”.

“Es grave que se reduzca y que se mutile la participación democrática y se vaya a un pensamiento único, sin escuchar lo que dice la calle”, valoró el parlamentario, que advirtió de que la reducción de representantes municipales supone sólo la presencia de ediles del PP, por gobernar en más sitios.