El Consejo Territorial de Medio Ambiente da luz verde al proyecto empresarial de la CMA

El Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León informó hoy favorablemente del Proyecto Regional del Parque Empresarial del Medioambiente (PEMA) de Garray, en Soria. Este trámite es el paso previo para la aprobación de un nuevo decreto por parte de la Junta que legalice el proyecto, y vio la luz con los votos contrarios de ecologistas y sindicatos y las abstenciones de los Colegios Profesionales de Arquitectos, Abogados e Ingenieros Técnicos Industriales.

Según informó Ecologistas en Acción, este trámite en el Consejo “debería haber servido para informar y proponer mejoras, para reconocer deficiencias e incluso para proponer la desestimación del proyecto en cuestión, recogiendo y haciendo efectivas las aportaciones de distintos órganos administrativos y sectores sociales representados en tal Consejo. Todo ello, y como no puede ser de otra manera, anteponiendo criterios jurídicos, científicos y técnicos objetivos, a los meros intereses políticos, económicos y sociales de los allí presentes”, denunciaron desde el colectivo..

Este nuevo proyecto regional da validez a las deficiencias de declaración de impacto ambiental del PEMA, en la cual se observaban “descaradas anomalías”. “Por ejemplo, sigue sin considerarse el informe negativo del Ministerio de Cultura por las afecciones paisajísticas a la ciudad de Numancia”, explicaron.

“Este Consejo de Urbanismo vuelve a ser manipulado como una mera burocracia. Además la Junta de Castilla y León está utilizando sus potestades de elaboración de Decretos como un privilegio, respecto al resto de ciudadanos y promotores urbanísticos, para intentar regularizar una actuación que ha sido reconocida como ilegal por varias instancias judiciales. Una forma de actuar que no es compatible con los principios de justicia, democracia y transparencia de los que tanto alardea en estos meses la propia Junta de Castilla y León”.

Ésta no es una afirmación que surja de la pasión un grupo ecologista, añaden. “Tal posición la expresan también autoridades objetivas como es el juez de la Audiencia Provincial de Soria en el auto de 3 de noviembre de 2014, que obliga a demoler la Cúpula de la Energía”, cuando indica: “¿De qué sirve una declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad, si al día siguiente se inicia un procedimiento legislativo o reglamentario para dotar de legalidad lo que es ilegal? Si al final lo construido va a ser legalizado “a posteriori” no ajustando la obra a la legislación vigente, sino creando nuevas normas que al final hagan que lo construido se mantenga pese a todo, resulta inútil cualquier control de legalidad llevado a cabo por los Tribunales sobre la actuación de las administraciones públicas”.

“El polígono industrial, las promesas de empleo, la innovación, o incluso la pretensión y falsa afirmación de que el PEMA se justifica por ser la única iniciativa vinculada a la generación de empleo de alta cualificación en la provincia de Soria, que recoge el proyecto de Decreto, son sólo excusas para justificar y lavar las garrafales y erróneas decisiones políticas, jurídicas y administrativas tomadas por la Junta de Castilla y León, a cuya cabeza ha estado siempre Juan Vicente Herrera. Decisiones arbitrarias que nos van a costar a todos los ciudadanos más de 100 millones de euros por la deplorable gestión de unos políticos incapaces”, concluyeron.