UPyD lamenta que el caso Caja Segovia cumpla tres años “sin una sola dimisión o petición de disculpas” del PP o PSOE

La portavoz de Unión, Progreso y Democracia en Segovia, Luciana Miguel, lamentó la “inacción” de PP y PSOE en el caso Caja Segovia, después de que el pasado 16 de noviembre se cumplieran ya tres años desde que esta formación presentó la denuncia ante la Fiscalía a partir de la cual se inició la investigación. En este tiempo “se han averiguado cosas que de otro modo habría sido imposible” y las responsabilidades penales todavía “están por verse”, pero “sí son claras las políticas, aunque no haya habido una sola dimisión y estos partidos se estén comportando como si la cosa no fuera con ellos”, añadió en declaraciones a la agencia Ical antes de asistir a la mesa redonda organizada por UPyD por este tercer aniversario.

El caso Caja Segovia avanza con cierta lentitud en dos líneas diferentes y con más de una veintena de imputados entre exconsejeros y altos cargos. Por un lado, en poder del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia está la causa de los planes de pensiones y prejubilaciones millonarias, iniciada a raíz de la citada denuncia en la que UPyD cuestionaba el reparto de más de 34 millones de euros entre ocho directivos.

En segundo lugar está el caso Navicoas, resultado de la denuncia presentada por exconsejeros de la entidad a finales de 2012. Advirtieron de que Caja Segovia habría cargado con la deuda tributaria de una sociedad (Navicoas Asturias) que no le correspondía y, además, contrayendo para ello un crédito de 6,8 millones con Bankia. La aprobación de aquella operación se culminó en el último Consejo de Caja Segovia antes de su disolución e integración precisamente en Bankia, y se incluyó como aval o garantía hipotecaria el emblemático torreón de Lozoya (s. XV), por lo que los responsables pudieron incurrir en un delito societario, según el juez de Primera Instancia e Instrucción 5.

La mesa redonda organizada por UPyD en el Hotel Los Arcos de Segovia estaba llamada a analizar el impacto de la gestión y politización de las cajas de ahorros en general y de Caja Segovia en particular, y todo ello, desde una perspectiva social, periodística, política y legal. Los invitados a participar fueron Álvaro Anchuelo, diputado nacional y responsable de Economía de UPyD; Rafael Calderón, catedrático de Instituto y primer firmante del escrito ciudadano contra el expolio; Carlos Díaz Güel, periodista y editor de ‘Tendencias del dinero’; Juan José Fernández, redactor jefe de la revista Interviú; Ramón Marcos, viceportavoz y candidato por UPyD a la Presidencia de la Asamblea de Madrid; y Rodrigo Tena, notario, miembro del Consejo de Dirección de UPyD y editor del blog Hay Derecho.

Años de instrucción todavía por delante

Miguel, en declaraciones a Ical antes de la mesa, reconoció su temor a que el caso de las prejubilaciones no haya alcanzado todavía el ecuador de su instrucción, lo cual podría suponer que queden más de tres años de investigación para averiguar si alguien se sienta en el banquillo por esta causa, mientras que el caso Navicoas va “mucho más avanzado”. “La Justicia termina actuando aunque vaya lenta, pero el problema es que una Justicia lenta es menos justa”, afirmó.

Fue el 16 de noviembre de 2011, sobre las 11 de la mañana, cuando los candidatos de UPyD Segovia Luis Santos, Félix Sanchez Montesinos y Luciana Miguel presentaban en el Registro de la Fiscalía de la Audiencia Provincial un escrito sobre las cuantías “indecentes y escandalosas” que el Consejo de Caja Segovia habría autorizado para ocho directivos. “Nos había llegado aquel anónimo donde venía a decirse lo que luego consta en aquella denuncia, que la caja estaba en pérdidas y que, en pleno declive de su actividad económica, los directivos se habían prejubilado con cantidades enormes”, recordó Miguel.

“Para nosotros estos tres años han sido como seis, hemos tenido una actividad absolutamente frenética pero también llena de dificultades, porque nadie ha querido dar información”, relató la portavoz de UPyD Segovia. “Todo ha sido a base de mirar nosotros las cuentas de Caja Segovia, sacar conclusiones, presentar escritos al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, petición de pruebas… se ha intentado archivar la causa una vez, y ha sido muy difícil obtener información porque nunca ha habido voluntad política”.

Más de 16.000 euros de gastos

Miguel calcula que UPyD, personada como acusación popular en las dos instrucciones abiertas, se ha gastado en estos procesos más de 16.000 euros. “Nos lo hemos tomado muy en serio desde el principio y eso significa dinero, y es que cualquier persona que afronta un procedimiento judicial de cualquier tipo sabe que tiene que estar muy encima, porque si no lo pierde, no se entera de lo que pasa o se le pasan los plazos”.

Y también asegura que está costando “mucho esfuerzo”. “Nada más empezar, Caja Segovia pidió nuestra citación en el juzgado, que nos llamó a los tres (Santos, Montesinos y ella) como paso previo a querellarse contra nosotros, y luego la primera imputación que se pidió fue la del abogado de nuestro partido”. Sin embargo, “tres años después se han averiguado muchas cosas gracias a ese esfuerzo, lo que demuestra que se ha hecho un buen trabajo por parte de UPyD, aunque por la del PP y PSOE la inacción es total porque no ha pedido ninguna responsabilidad ni ha dado una sola explicación”.

La también próxima candidata de UPyD a la Alcaldía de Segovia añadió que el objetivo de su partido “siempre ha sido que se depuren responsabilidades: si son penales, que paguen por ello; y si no las ha habido, responsabilidades políticas las hay en todo caso”, incidió. “Porque los políticos estaban en el Consejo (de Administración) precisamente para evitar abusos, y lo que ha ocurrido es que todos han estado muy bien avenidos, parece que olvidaron el motivo por el que estaban ahí y sin embargo cobraron un millón en dietas entre 2006 y 2011”, concluyó.