Diario de Valladolid

'operación púnica'

La Junta aparta a Cofely de la obra de calefacción de la UVA por 7,5M€

Estudia que la socia en la UTE adjudicataria, Rebi, complete la red de calor financiada por el BEI / Envía a la Audiencia todos los contratos de los últimos 12 años y afirma que están «limpios»

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Ical

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Ical

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Raquel Sastre

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Dicho y hecho. El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha ejecutado su compromiso en veinticuatro horas: glosar las relaciones contractuales de la administración que dirige con la empresa Confely –en el punto de mira de la Operación Púnica– y parar las que pudieran estar en marcha. En resumen, un ejercicio de «transparencia» para «enseñar a los ciudadanos lo que la Junta hace con su dinero».

Respecto a la primera medida, el portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, dio cuenta pormenorizada de las adjudicaciones formalizadas entre 2002 y 2014 (ver relación adjunta). Los pagos satisfechos suman 5.728.948 euros y los contratos –la mayoría «menores» que conllevan una «simplificación de trámites»–, están «limpios».

Fuera de esa cantidad quedan «por no haberse pagado aún» los 7.575.000 euros de un contrato sellado en octubre de 2013 por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), empresa pública adscrita a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Y ahí viene el segundo compromiso.

Ésta es una de las tres adjudicaciones vivas con la filial de la multinacional GDF Suez, sobre la que el Gobierno autonómico ha tomado ya cartas en el asunto. Se trata del proyecto de instalación y mantenimiento de un sistema de calefacción centralizado para la Universidad de Valladolid, del que se benefician 31 edificios (23 de la institución académica, tres del Ayuntamiento y cinco de la Junta).

Fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE), integrada por la empresa soriana Rebi (70%) y la citada Cofely (30%), por un importe de 7,5 millones (4,7 millones para las obras y 2,8 para el mantenimiento durante 15 años), con cargo a un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

En estos momentos, la red de calor está en ejecución y es Rebi la sociedad que se encarga de esta primera fase. Una vez acabada, sería Cofely, empresa que aún no ha tocado la obra –según la Junta y Rebi–, la que asumiría la explotación.

Pero este extremo no se producirá porque el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, anunció el jueves que el Gobierno autonómico se ha puesto en contacto con las otras dos instituciones afectadas (Ayuntamiento y Universidad) para «estudiar la posibilidad» de que sea Rebi la empresa que complete «el cien por cien de la obra».

Los directivos de Rebi mantuvieron una reunión urgente el jueves y, al término de la misma, informaron a través de un comunicado de la disposición de la firma soriana a «asumir en solitario la UTE» cuando se lo «comunique» la Junta y el compromiso de que las obras no van a paralizarse. «El ritmo de construcción sigue como estaba previsto», añadieron.

Pese a la decisión adoptada por el Gobierno autonómico, el consejero portavoz matizó que la UTE se formó «legalmente» y la adjudicación de la red de calor se realizó por el «procedimiento de diálogo competitivo», al que concurrieron doce empresas, aunque sólo seis presentaron proyecto.

También indicó que la Audiencia Nacional «no está criminalizando a Confely» ni a sus «relaciones con las administraciones», sino a «algunos directivos que actuaban de una forma supuestamente corrupta». Sin embargo, admitió que la firma energética está «marcada, señalada», motivo por el que la Junta ha optado por romper relaciones, si bien el portavoz no concretó las posibles penalizaciones que puedan derivarse. Al respecto, Rebi se desmarcó de los «asuntos internos» que afectan a la filial de GDF Suez.

Cofely se encarga también del mantenimiento de climatización del hospital de Medina del Campo (Valladolid), un contrato que de momento «se mantiene» porque el centro «lo necesita», aunque la Junta «va a estudiar una nueva licitación».

Donde no habrá marcha atrás será en la adjudicación, realizada el pasado día 8, para la instalación de una caldera en un instituto por 39.700 euros. «Tenían 15 días para colocar la caldera y no lo vamos a suspender», justificó el portavoz.

Toda esta información «oficial» viaja camino de la Audiencia Nacional pese a que «ninguno de estos expedientes está siendo investigado».

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