Martínez, acusado de manipular contratos para seguir en el cargo

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, envió el jueves a la cárcel al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazona, tras prestar declaración durante 45 minutos, porque habría manipulado contratos dentro de la operación ‘Púnica’ para mantenerse en el poder. El magistrado dictó prisión incondicional comunicada sin fianza para el presidente leonés y también para Alejandro de Pedro, considerado uno de los empresarios ‘conseguidores’ y nexo con la trama en León.

El auto judicial señala, tal y como adelantó en exclusiva ELMUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, a la estación de esquí de San Isidro como pieza clave en la conexión leonesa del caso. Según el juez, Martínez habría ofrecido contratos para garantizar su permanencia como presidente de la institución provincial. Habría puesto en marcha varios procedimientos negociados de contratación vinculados a esta estación de esquí «en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro». Todo ello, a cambio, dice el magistrado, «de que este hiciera uso de su red de influencias en el PP para continuar como presidente de la Diputación».

Además apunta a que Martínez Barazón tendría participación en algunas de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos.

Dos extremos que el acusado negó en su declaración del jueves por la mañana en el juzgado.

Sin embargo, por estas dos consideraciones le imputa los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude.

El auto de prisión sin fianza para el aún presidente de la Diputación está motivado por «el riesgo de fuga por la facilidad que tiene, por sus recursos y medios, de acudir al extranjero y sustraerse de la acción de la Justicia española» y ante «las redes clientelares descubiertas, la alta probabilidad de reiteración delictiva y el riesgo de alterar elementos relevantes para la investigación, así como de evitar las trabas e intervenciones del patrimonio ilícito de los implicados». Es decir, destrucción de pruebas.

En su escrito, resultado de ‘pinchazos’ telefónicos, seguimientos y documentación procedente, entre otras, de Hacienda, el magistrado describe una red de tráfico de influencias «apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como ‘conseguidores’ para terceras empresas a cambio de una comisión pactada». Y sitúa esos contratos irregulares en Murcia, Madrid, múltiples ayuntamientos y la Diputación de León.

Cuando el fiscal pidió las medidas que finalmente decretó el juez, argumentó que entendía que «existe connivencia» y aseguró que lo pedía «porque pensaban dar el pelotazo».

Ante esta decisión, el abogado Ricardo Gavilanes, defensor del presidente de la Diputación leonesa, no solicitó la libre absolución, sino la imposición de una fianza al  considerar que «no existe riesgo de fuga por el arraigo familiar y laboral». Gavilanes califica la medida de «desproporcionada y cruel» porque considera que «no hay delito». «Sólo, sospechas, pero no se ha llegado a cometer ningún delito», sostiene.

Por el mismo motivo, en el ámbito del PP ha sorprendido la contundencia judicial, precisamente, «porque no hay delito cometido».

Martínez fue trasladado al centro penitenciario Soto del Real el jueves por la tarde, poco después de recibir el auto de prisión a las 16 horas.

Su declaración ante el juez comenzó a las 11.15 y se prolongó hasta las 12 horas. 45 minutos en los que se mostró tranquilo y no eludió ninguna pregunta.

El magistrado le enseñó la transcripción de conversaciones telefónicas mantenidas, entre junio y septiembre de este año, con el empresario Alejandro de Pedro y con José Antonio Alonso Conesa, exalcalde (del PSOE) de Cartagena, Murcia.

El juez protestó por la falta de medios para reproducirlas lo que le obligó a leerlas. Repitió la misma pregunta una y otra vez: «¿Usted ha tenido esta conversación?». Martínez reconoció cada uno de los diálogos y hasta dos reuniones con ellos para hablar de las estaciones de esquí.

Eso sí, defendió su honorabilidad «demostrada por los años de trabajo en la política y en la administración judicial». Aseguró que no llegó a firmar nada y que su objetivo era potenciar la de San Isidro con la fusión con la de Fuentes de Invierno. Sostuvo que trató con estos empresarios porque le pareció «gente seria» e insistió en que no tiene «nada que ver con ninguna trama», no posee ninguna sociedad y no ha cobrado «nada».