Marcos asegura que un sistema de dependencia basado en ayudas familiares destruiría 5.000 empleos

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, defendió hoy, de nuevo en las Cortes regionales, el modelo por el que apuesta la Junta de Castilla y León de primar los servicios profesionales en la Ley de la Dependencia en detrimento de los cuidados en el entorno familiar. Y eso pese a que reconoció que el sistema que lleva a cabo Castilla y León es más costoso para la Administración. “Si estuviera invertida la proporción en cuanto a prestaciones económicas y de servicios ahorraríamos 104 millones de euros al año, pero a costa de destruir más de 5.000 empleo”, aseguró.

Durante su comparecencia en la Comisión de Familia para informar de la evolución de la aplicación de la Ley de la Dependencia en Castilla y León, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, la consejera recordó que, tal y como recoge la normativa, las ayudas en el entorno familiar son de “carácter excepcional” sino también para garantizar el sector profesional. Afirmó que la Junta destina un 27 por ciento más de gasto público a la dependencia, por habitante y año, que la media nacional.

Entre otras cosas, habló de que priorizar las prestaciones familiares pondría en riesgo, a corto y medio plazo, la figura del cuidador, incapaz de asumir la atención del 24% de la población futura. Además, consideró que el modelo actual persigue la “justicia social” en las prestaciones.

De ahí que recordara en su intervención las medidas adoptadas por la Junta para incrementar las cuantías máximas (un 20% sobre la previsión estatal para los grados I y III y de hasta el 75% en el grado II) para las ayudas vinculadas a la adquisición de servicios. Pero también con la creación de centros multiservicio para prestar mayor número de servicios y accesibles. “Buscábamos que estos servicios fueran suficientemente atractivos y flexibles”, explicó.

El portavoz socialista en la Comisión de Familia, Jorge Félix Alonso, abogó por prestar los servicios profesionalizados a través de los conciertos públicos, tal y como ocurría antes. Habló de que estos conciertos habían bajado, un extremo que negó la consejera quien, además, lamentó que el Grupo Socialista “dudara” de los profesionales públicos, que cuentan con una “igual o mayor formación”.

Mala financiación

La consejera de Familia criticó la mala financiación de la Ley de la Dependencia, desde su creación en 2007. De ahí que la Junta costee el 80 por ciento de la atención y el Estado, un 20 por ciento. Pese a ese déficit de financiación, Marcos aseguró que la Junta destina, anualmente, al sistema de dependencia en torno a 500 millones de euros.

El portavoz del Grupo Mixto, José María González, de Izquierda Unida, manifestó que “con menos recursos es imposible que haya más servicios”. Apuntó, además, la pérdida de beneficiarios ha venido acompañada por un aumento del copago, con incremento de hasta el 75%.

Dictamen del Observatorio

Marcos hizo uso del último Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia que otorga a la Comunidad una puntuación de 9,6, cinco puntos más que la media de España. González, de IU, precisó que lo que distingue a Castilla y León “no es la mejor aplicación de la ley sino un menor ritmo de los recortes”.

Un estudio que, a su juicio de la consejera, destaca que a julio de 2014, el 63% de personas recibe cuidados profesionales, dos puntos y medio más que un año anterior. Además, mencionó que las prestaciones concedidas en el último año, el 70% lo ha sido para servicios profesionales. De ahí que la Comunidad sea la más empleo que genera, con 16.500 profesionales.

En la actualidad, hay 77.000 prestaciones en la Comunidad aunque la consejera destacó la plena atención de los grados II y III, por lo que la tendencia es la estabilización. Además, dijo que la Junta ya ha superado las previsiones que manejaban para 2015, al contar con 56.016 beneficiarios con derecho a prestación. Y es que eso fue, precisamente, lo que más alabó Marcos al recordar que “lo relevante no debe ser el número mayor o menor, sino que las personas que lo soliciten y tengan derecho reciban la prestación”.

El portavoz socialista preguntó a la consejera por el escaso número de beneficiarios que contabilizan la prestación en el entorno familiar con los servicios de promoción a la autonomía personal. En estos momentos, 516 personas disfrutan de esta situación. Milagros Marcos declaró que esa compatibilidad está recogida en la norma y abogó por difundir lo máximo posible para cumplir ese derecho.