Los vecinos del edificio okupado de Arroyo cargan contra el desamparo de Sareb pese a las denuncias

La situación de normalidad parece estar lejos de cumplirse en ‘Arroyovereda’, el bloque de viviendas okupado de Arroyo de la Encomienda. Y es que si fue en diciembre de 2021 cuando vecinos de la urbanización detectaron por primera vez la presencia de inquilinos ilegales, casi cinco años después la anómala convivencia sigue presente, con varios pisos al margen de lo que marca la ley. De las diferentes incidencias es consciente la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a partir de los informes recibidos cada 15 días por parte de la comunidad, entre los que describen, por ejemplo, enganches ilegales a los suministros de luz, gas o agua. Pero a pesar de ello, los propietarios legítimos denuncian el «caso omiso» de la Sareb, que a este periódico confirma tener «abiertos procesos judiciales» para recuperar las viviendas okupadas, con 15 denuncias abiertas.

Dos de esos pisos con residentes ilegales aparecieron por primera vez en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid por una cuestión relacionada con esas incidencias que año tras año intentan resolver agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Arroyo. En concreto, el documento público revisado por este periódico informa que Aquona, empresa concesionaria del servicio municipal de aguas del municipio arroyano, procederá al «corte en el suministro de agua» a dos clientes. Una decisión tomada tras finalizar el plazo para el pago voluntario de los correspondientes recibos pendientes, con uno y 19 ciclos pendientes en cada caso.

Al respecto, desde la propia Sareb informan que los requerimientos formales enviados por Aquona no van dirigidos a dos propietarios legítimos de ‘Arroyovereda’, pero tampoco a dos inquilinos a los que se otorgó el derecho a un alquiler social. De esta forma, los dos ‘morosos’ resultan ser okupas, si bien desde la Sareb no se detalla si ambos residen de forma ilegal en compañía de otras personas. En cualquier caso, la deuda conjunta asciende a 410,91 euros, divididos en 58,58 euros a deber por aquel abonado con un ciclo sin pagar y 352,33 euros por el que presenta los otros 19.

«Es la primera que sale en un boletín publicado que se les cortaba el agua», asegura una de las vecinas de ‘Arroyovereda’ en declaraciones a este mismo medio, lo que para ella debería desencadenar una reacción por parte de la Sareb, que es propietaria de una gran parte de las viviendas okupadas. No obstante, desde la entidad señalan que no les corresponde estar al corriente del pago de los recibos de agua de esos dos clientes al resultar inquilinos ilegales. Uno de ellos, además, catalogado como conflictivo por la Policía Local de Arroyo, añaden responsables de la Sareb.

«Nosotros saldamos la deuda cuando nos hicimos con la promoción de viviendas. Sobre estos recibos de agua que deberían pagarse, a nosotros no nos corresponde al correr a cargo de los inquilinos», explican desde la Sareb ante este contexto.

Actualmente, la Sareb tiene abiertas 15 denuncias por vía civil y penal pendientes de resolverse por parte de los juzgados ante ocupaciones ilegales. Una cifra reducida con el paso de los años, una parte debido a la solución alcanzada entre inquilinos ilegales y la entidad, como puede ser tras comprobar que son pisos que se encuentran ocupados irregularmente por familias consideradas «vulnerables», de las que se firma un alquiler social. «Tenemos 30 firmados, la mayoría son contratos de alquiler social a personas vulnerables, pero también hay algún contrato de alquiler heredado del anterior propietario», detallan al respecto.

Frente a esta información, desde la comunidad de vecinos de ‘Arroyovereda’ aseguran que «no se están ejecutando denuncias en los pisos que están okupados». Ello explica que la situación de conflictividad aún sea latente en la urbanización, con intervenciones continuas de los cuerpos de seguridad. «Hay vehículos que llevan más de 20 denuncias. Estas personas se meten en el garaje sin saber cómo tienen mandos codificados, y lo hacen increpando a vecinos. Y en algunas ocasiones, incluso hemos tenido que llamar a la Policía o a la Guardia Civil para que no entren, porque hacen de eso un taller clandestino. Pero allí no puede hacer nada porque es una comunidad privada y de esas plazas de garaje nosotros no somos propietarios ni tenemos potestad», reflejan.

Y si no es el garaje, son los suministros de agua y electricidad, con enganches ilegales recurrentes. Sólo conviene recordar la reciente actuación policial del pasado 16 de junio en la que se descubrieron 15 conexiones fraudulentas, dos de ellas de luz y trece de agua. Diez días antes se habían detectado otras 17, todas ellas al agua. «Cada vez se parece más a un gueto», concluyen desde ‘Arroyovereda’.