Valladolid albergará la mayor planta solar de Castilla y León pese al rechazo vecinal y los recursos sin resolver

Un nuevo episodio de la milenaria historia de David contra Goliat. El gigantesco Grupo Cobra, una empresa con presencia en tres continentes y una facturación anual de 4.000 millones de euros, enfrentada a los vecinos de los pueblos de la comarca vallisoletana de Montes Torozos, y en especial a los del municipio de Villalba de los Alcores, de apenas 400 habitantes. Entre ellos llevan la voz cantante la plataforma ‘SOS Torozos’ y la familia Miranda, que regenta desde hace generaciones una finca agraria transformada en granja escuela, muy conocida entre los colegios de toda la provincia, que llevan allí a sus escolares: Las Cortas de Blas.

Son los actores de una trama que cada día está más cerca de terminar en tragedia, según sus detractores, para 900 hectáreas de tierra fértil. Una extensión a punto de convertirse en la mayor planta fotovoltaica de Castilla y León y una de las diez más grandes de España. El nombre técnico de esa estación es Navabuena Solar, para la que el Ayuntamiento de Villalba de los Alcores dio licencia de obras el pasado 23 de febrero. Las grúas entraron e hicieron sus primeras tareas, entre ellas el derribo de algunas encinas centenarias, ante el estupor de los vecinos y los usuarios de Las Cortas de Blas.

Pocos días después, la resolución de un recurso de alzada interpuesto por ‘SOS Torozos’ «retrotrajo la tramitación del expediente a mayo de 2024» relata, en respuesta a este periódico, Antonio Miranda, uno de los hermanos titulares de la granja escuela. Ellos añaden a los argumentos urbanísticos que la distancia de una planta solar a un centro educativo como el suyo debe ser mucho mayor de la que respeta el proyecto. «No estamos en contra de las estaciones fotovoltaicas», apunta. «Pero sí de que se construyan de una forma tan poco sostenible como esta, de forma tan extensa, y tan cerca de núcleos de población y de centros educativos», subraya.

Esa resolución del recurso de alzada, favorable a ‘SOS Torozos’ y a los Miranda, fue llevado a cumplimiento a través de una suspensión cautelar de las obras por parte del Ayuntamiento de fecha 5 de marzo, pero poco durarían las buenas noticias para los disidentes. La intervención se había paralizado porque invalidaba una autorización que requería el visto bueno de la Comisión Territorial de Urbanismo.

La Administración se dio prisa en convocar, ahora, esa Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, que acordó el pasado 25 de marzo volver a dar luz verde al proyecto. A partir de entonces se ha sucedido «una sincronización extraordinaria» entre las administraciones que ha llevado a «una tramitación completamente exprés y urgente, inaudita», denuncia Miranda. Una urgencia que se da por «presiones del Grupo Cobra, la empresa promotora, según nos han reconocido desde la propia Junta», añade.

Solo dos días después, el pasado viernes, 27 de marzo, el alcalde de Villalba de los Alcores, Manuel Gutiérrez del Campo, ya había firmado un decreto para levantar la suspensión cautelar de las obras que él mismo dictó el 5 de marzo anterior, tras la resolución del recurso de alzada ante la Administración autonómica. Así, las grúas podrán seguir talando encinas centenarias, y cubriendo de espejos 900 hectáreas de tierras de cultivo.

Contenciosos

Y eso que aún hay una dilatada lista de contenciosos que están pendientes de resolución: «Tanto el Ayuntamiento como previamente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), al otorgar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la Autorización Administrativa Previa (AAP) y la Autorización Administrativa de Construcción (AAC), han incurrido en incumplimientos normativos que hemos señalado primero de forma preventiva y después mediante recursos formales», explicó la asociación SOS Montes Torozos en sus alegaciones ante la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, antes de detallar todos los recursos que siguen en el tintero.

Y es que a día de hoy sigue sin resolverse un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León contra la AAP y la DIA, en el que se solicitaron medidas cautelares. Por otro lado, según al asociación, «existe nulidad de la licencia por faltar autorizaciones sectoriales», por lo que defienden que «la AAP y la AAC tiene suspendida su vigencia».

A todo ello se suma una modificación de la DIA presentada el 22 de octubre de 2025 y sin resolver, «lo que hace que no se pueda conceder ningún permiso más, ni municipal ni autonómico al no haberse acabado el trámite medioambiental», apuntan. Un extremo que, denuncian, «lo saben en la Junta de Castilla yLeón».

La asociación se comprometió a presentar en las fechas siguientes a la CTU un nuevo recurso contencioso-administrativo contra la desestimación del recurso de reposición relativo a la licencia de obras, concedida el 15 de julio de 2024 por el Ayuntamiento de Villalba de los Alcores. «Seguiremos defendiendo que este proyecto cumpla estrictamente la legalidad», apuntan en el escrito de alegaciones.

Desde Las Cortas de Blas y desde SOS Torozos se mostraron consternados por la nueva aprobación de la Comisión de Urbanismo y el decreto de Alcaldía que levanta la suspensión cautelar de las obras: «Lo vamos a volver a parar», sentenció Antonio Miranda. «Al obligar la Junta de Castilla y León a retrotraer el expediente a mayo de 2024, los siguientes trámites no tienen validez, entre ellos la licencia del Ayuntamiento que ahora reactivan», subrayó. Por otro lado, «no les han notificado la resolución de la CTU, por lo que no saben los requisitos que les van a exigir», matizó.

Por otro lado, Miranda critica la resolución de esta última CTU, la del pasado 25 de marzo: «Lo han aprobado con cuatro votos en contra y una abstención. Los que han ido a la Comisión en los últimos años dicen que es la resolución en la que más gente en contra ha votado». Esos sufragios en contra fueron «de las organizaciones agrarias, de sindicatos, de Ecologistas y del Colegio de Aparejadores. La Federación Regional de Municipios de abstuvo, lo que es una pena porque un par de votos más posiblemente lo hubieran tirado abajo».

Se trata de un proyecto que dio sus primeros pasos en 2021 pero que lleva en litigio desde 2023, cuando la familia Miranda se percató de esos movimientos. «Esto es una barbaridad. Hubo permisos que se ocultaron, que no han estado publicados y demás, y hay mucha tramitación. Sí, la tramitación empieza en el 21».

Se trata del que está considerado como el parque solar fotovoltaico más grande de Castilla y León y uno de los diez mayores de España. Esas 900 hectáreas que contempla el proyecto suponen el 10% del término municipal de Villalba de los Alcores y aproximadamente el 15% de su superficie de cultivo. «Se trata, por tanto, de una instalación de impacto territorial y socioeconómico sin precedentes en la comarca», señalan.

Planeamiento

La magnitud del proyecto hace necesario un planeamiento específico. «El Ayuntamiento debe tramitar la modificación del planeamiento urbanístico y convocar un pleno especial previo a la autorización de una instalación industrial de estas dimensiones», señala la misma fuente.

Entre los incumplimientos medioambientales expuestos en las alegaciones, se pone de manifiesto «la afectación a hábitats protegidos y conectividad ecológica; el impacto sobre especies catalogadas; la transformación masiva del suelo rústico; los riesgos para el paisaje y la integridad visual del entorno; las deficiencias en la gestión de aguas y escorrentías y la falta de valoración de impactos acumulativos».

Firmemente posicionada en contra está también Ecologistas en Acción, que comentó su voto negativo en la CTU: «La ubicación de los Sectores 2 y 6 de la planta fotovoltaica no respeta la distancia mínima de 500 metros respectivamente al BIC Poblado Medieval de Fuenteungrillo y a la Granja Escuela Las Cortas de Blas, medidos desde el límite de protección del BIC y desde el perímetro del centro educativo, establecida por el Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio», por lo que «las partes de la planta incursas en dicha prohibición no son autorizables en suelo rústico».

Por otra parte, «no se ha acreditado la existencia de un interés público concreto, específico y prevalente, sino únicamente una finalidad empresarial genérica, ligada al aprovechamiento económico del suelo y a la explotación energética sin retorno directo al ámbito local. Tal planteamiento no satisface el estándar legal exigido para la concesión de autorizaciones excepcionales en suelo rústico, que requiere una ponderación estricta y objetiva de la concurrencia del interés general frente a los valores protegidos por la legislación urbanística y territorial», añade Ecologistas en Acción.

La entidad conservacionista insiste en la necesidad de que la Junta de Castilla y León «aborde una planificación del despliegue de las energías renovables en la Comunidad, que cuantifique las potencias razonables a instalar en función de las necesidades propias, y determine los terrenos en los que pueden instalarse, de forma análoga al Plan Eólico elaborado al final del siglo pasado». Entretanto, «debe procederse a una moratoria en la instalación en suelo rústico de parques eólicos y plantas fotovoltaicas en Castilla y León, con excepción de las de autoconsumo».

La asociación SOS Montes Torozos finalmente comunicó este martes que ha presentado recurso contra la autorización de uso excepcional en suelo rústico del proyecto fotovoltaico. La asociación sostiene que el proyecto no se ajusta a las Normas Subsidiarias municipales y que, por su escala, «no puede considerarse una actuación de uso excepcional en suelo rústico».

SOS Montes Torozos ha interpuesto recurso tanto ante el Ayuntamiento de Villalba de los Alcores como ante la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, al considerar que la autorización concedida presenta «deficiencias relevantes y posibles irregularidades».