Ecologistas denuncia la ilegalidad de una macro-gravera en La Cistérniga, Tudela y Laguna
La organización alega que el proyecto de 176 hectáreas vulnera la Red Natura y amenaza las Riberas del Duero
Imagen de archivo de una gravera de la provincia de Valladolid.
Ecologistas en Acción Valladolid ha formalizado ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León un exhaustivo documento de alegaciones contra el proyecto de explotación de áridos denominado El Mullerón número 251 por ilegalidad urbanística y vulneración de la Red Natura 2000.
La organización ha solicitado la denegación de la autorización para esta nueva explotación promovida por la multinacional alemana Heidelberg Materials (a través de su filial Hanson Hispania), que pretende intervenir sobre una superficie de 176 hectáreas en los términos municipales de La Cistérniga, Tudela de Duero y Laguna de Duero, con una producción anual estimada de 250.000 metros cúbicos.
El documento de alegaciones sostiene que el proyecto incurre en una incompatibilidad urbanística insalvable. Los terrenos afectados se encuentran clasificados mayoritariamente como Suelo Rústico con Protección Agropecuaria y Natural. Según la normativa vigente, el proyecto vulnera los artículos 131 y 133 del PGOU de Laguna de Duero y el artículo 113 del PGOU de La Cistérniga, que prohíben de forma expresa las actividades extractivas en estas categorías de suelo protegido, informa Ical.
Ecologistas en Acción advierte que la autorización de este proyecto supondría una "vulneración directa" de la potestad de planeamiento municipal y de la legalidad urbanística básica, ya que estas normas locales buscan preservar la integridad de la vega y su capacidad productiva frente a la degradación minera.
Asimismo, la asociación denuncia una "grave irregularidad" en los plazos administrativos del expediente que debería invalidar el proceso. La solicitud de concesión fue efectuada por la empresa el 2 de julio de 2025, pero su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) para información pública no se produjo hasta el 24 de noviembre de 2025.
Este retraso de casi cinco meses supone una presentación extemporánea, ya que incumple el plazo máximo de tres meses dictado por el artículo 89 del Reglamento General para el Régimen de la Minería (RD 2857/1978). Según este precepto, la documentación pertinente debe entregarse en un plazo no superior a 90 días desde la presentación; el incumplimiento de este término vicia el procedimiento y debería suponer el archivo inmediato del expediente por caducidad de los plazos legales, sin posibilidad de subsanación posterior.
En el plano ambiental, la nota destaca que el proyecto solapa directamente con la Zona Especial de Conservación (ZEC) Riberas del Río Duero y afluentes, espacio integrado en la Red Natura 2000. La explotación de 13 cuadrículas mineras en este entorno vulnera las directivas Hábitats y Aves, así como el Plan Regional del Valle del Duero, al alterar "irreversiblemente" un ‘Paisaje Valioso’ y destruir un corredor ecológico estratégico.
El proyecto ignora además los efectos acumulativos y sinérgicos de otras explotaciones colindantes como Fuentes de Duero Fase V, formando un continuo de degradación en la vega del Duero que ya alcanza niveles críticos.
La asociación alerta de que la actividad minera es "incompatible" con la conservación de los valores naturales presentes y contraviene las normas que promovieron esta red de espacios naturales para evitar la fragmentación de hábitats fluviales y la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas de ribera.
Ecologistas en Acción subraya el historial de incumplimientos "sistemáticos" del promotor, que opera en la provincia tras haber absorbido a la antigua empresa local Áridos Sanz. En explotaciones actuales de la misma empresa se ha constatado de forma reiterada la extracción de áridos por debajo del nivel freático, una práctica prohibida por la normativa para proteger la calidad de las aguas subterráneas y evitar la salinización de los suelos de regadío.
También se documenta el incumplimiento de las distancias de seguridad con infraestructuras clave como la vía del ferrocarril Valladolid-Ariza. Las labores de restauración en la zona son calificadas de "inexistentes o deficientes", transformando suelos de regadío de alta productividad en una sucesión caótica de lagunas artificiales y acumulaciones de estériles que impiden el retorno a la actividad agraria, contraviniendo las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de 1993, 1998 y 2010.
A nivel administrativo, la asociación señala el trato de favor histórico que ha recibido esta multinacional en la región. Se recuerda la controvertida Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable de marzo de 2023 dictada por el Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ignoró denuncias previas, así como la modificación normativa de las Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid y su Entorno (Dotvaent) realizada en 2008 específicamente para facilitar las operaciones de la empresa en terrenos anteriormente protegidos por su valor paisajístico.
En el plano internacional, Ecologistas en Acción añade que Heidelberg Materials figura en la "lista negra" de la ONU por explotar recursos en territorios ocupados de Palestina y el Sáhara Occidental, vulnerando la legalidad internacional, como denuncian organizaciones de apoyo al pueblo palestino y saharaui. "Este historial global de controversias refuerza el perfil de una corporación cuyo modelo extractivo sacrifica sistemáticamente el patrimonio natural y social en favor del beneficio corporativo", concluye.