La hija de la mujer fallecida en la residencia de Mojados: "Han demostrado una falta de humanidad y de todo"

"El médico no sabía que mi madre tenía escaras, el médico no sabía absolutamente nada". María Luisa Suárez apenas encuentra palabras para mostrar su indignación. "Con lo que me quedo es con que se ha hecho justicia", añade, después de siete años de preguntas sin respuesta y de una frase que, dice, ha repetido como un mantra: "Durara lo que durara y costase lo que costase, íbamos a llegar hasta el final". La Audiencia Provincial de Valladolid ha confirmado la condena a CLECE S.A., empresa gestora de la residencia San Ramón y San Luis de Mojados, por la deficiente atención que recibió su madre, doña María Álamo, de 82 años, fallecida el 6 de mayo de 2016 por una sepsis generalizada desencadenada por una úlcera sacra sobreinfectada de grado IV. La sentencia 346/2025, de 2 de septiembre, ratifica el fallo del Juzgado de Primera Instancia nº2 y fija una indemnización de 80.116 euros, más intereses legales y moratorios, a favor de los tres hijos.

El relato de la familia arranca a comienzos de abril de 2016, cuando María Álamo ingresa en la residencia. "Mi madre caminaba sola, comía sola; podías mantener con ella conversaciones sin problema", recuerda su hija. Apenas cinco semanas después, el desenlace. Entre medias, llamadas diarias con la dirección y un mensaje que hoy retumba: "La tenemos en la cama para que se recupere". El día de la Madre, María Luisa y su hermano notan que algo no va bien. Acuden al médico de la residencia. "El médico no sabía que mi madre tenía escaras, no sabía absolutamente nada". Llaman al médico del pueblo. "Empezó la cuenta atrás", resume. El 6 de mayo, María fallece en el hospital.

La resolución judicial, remitida a los medios desde la Asociación El Defensor del Paciente, es taxativa: la residencia "no acreditó la realización de los cambios posturales prescritos", desatendió a la paciente "durante cinco días críticos" pese al riesgo de úlcera y "no ejecutó la derivación a geriatría ordenada por el médico". Esa concatenación de fallos permitió "la evolución de una úlcera a grado IV", causa directa de la sepsis mortal, según el informe pericial citado en el procedimiento.

Para la familia, el dolor no terminó con el entierro. Empezó otro obstáculo en el duelo: "No nos daban ninguna respuesta y lo que teníamos muy claro es que durara lo que durara, y costase lo que costase, íbamos a llegar hasta el final", dice Suárez. "Ninguna, ninguna", repite cuando se le pregunta qué explicaciones recibieron de la residencia. "Fue mi hermano a comunicar que mi madre había fallecido. ‘Lo sentimos mucho, ya está, se acabó’". La decepción se convierte en reproche: "Han demostrado una falta de humanidad, una falta de profesionalidad, una falta de empatía y de todo".

A la ausencia de cuidados se sumó, denuncian, la opacidad administrativa. María Luisa relata que la familia llegó a presentar "la décimo quinta reclamación" para acceder a la autopsia. "Años, en torno a siete años, nos ha llevado. No aparecían los datos de la autopsia de mi madre, no aparecía nada". El comunicado del Defensor del Paciente enfatiza además que, desde 2017, los hijos elevaron reiteradas quejas ante el Clínico de Valladolid, la Gerencia de Salud y la Consejería de Sanidad por la falta de entrega del informe de necropsia y la ausencia de una respuesta clara, un funcionamiento anormal que "prolongó el dolor de la familia" y vulneró su derecho a información clínica esencial.

El caso, sostienen desde la asociación, refleja una "doble victimización": primero por la negligencia asistencial y después por la opacidad. "Nuestros mayores no son ciudadanos de segunda. Las residencias cobran elevadas cantidades y están obligadas a garantizar cuidados básicos. Que una anciana muera en estas condiciones y que su familia deba esperar años para conocer la verdad es algo cruel e inhumano que la sociedad no puede tolerar", afirma su presidenta, Carmen Flores. La Audiencia, remarca el comunicado, lanza "un mensaje rotundo: la negligencia y el abandono en el cuidado de personas mayores tienen consecuencias".

Suárez abunda en ese diagnóstico con escenas cotidianas: carteles que pedían a las visitas ausentarse a la hora de las comidas, periodos alternos de una semana en Madrid y una semana en Mojados, y la sensación de que su madre era "una mujer que, como no daba guerra, pues no había ningún problema, estaba en la cama y ya está". Preguntada sobre qué espera ahora de la residencia, su respuesta es fría: "No espero nada de ellos, cuando lo tenían que haber hecho no lo hicieron". En su recuerdo, la dignidad de su madre exige algo más que una indemnización: "Sinceramente, pienso que la cantidad es irrisoria; la vida de una madre vale muchísimo más… Pero se ha hecho justicia. Les han declarado responsables de un maltrato que provocó la muerte de mi madre".

Detrás de la sentencia hay también un acompañamiento legal. "En todo momento han sido gente muy seria, muy profesional", dice sobre el letrado Santiago Díez Martínez, de los Servicios Jurídicos del Defensor del Paciente, que los acompañó desde el principio: "¿Vais a seguir hasta el final?", les preguntó. Y  así siguieron. La Audiencia confirmó el camino recorrido en Primera Instancia y concretó la reparación económica, pero el objetivo, insiste la familia, iba más allá del dinero: "Teníamos que hacer esto por la memoria de mi madre y para evitar que volviera a pasar".

El eco del fallo trasciende el caso concreto. En Castilla y León, donde la red residencial sostiene buena parte del cuidado de larga duración, una sentencia como la 346/2025 interpela protocolos, auditorías y cultura organizativa. No se trata de heroísmos asistenciales, sino de cumplimiento escrupuloso de estándares: cambios posturales, seguimiento médico efectivo, derivaciones oportunas, transparencia clínica. El comunicado recuerda de forma explícita tres omisiones —cambios, atención en días críticos, derivación a geriatría— que no exigen tecnología punta, sino responsabilidad. La diferencia entre hacer y no hacer fue, aquí, una úlcera que avanzó a grado IV y una sepsis que lo arrasó todo.

¿Qué mensaje lanza la familia a otras familias? "Que no consientan, que luchen. Este tipo de conductas no pueden quedar impunes. Las residencias lo tienen que pensar antes de tratar así a la gente". En la misma línea, el Defensor del Paciente insiste en que el derecho a la información clínica no es accesorio: es una garantía frente a la desprotección cuando todo lo demás ya falló.