Cs insiste en entrar en el gobierno de Diputación pese a que el PP ya cuenta con Vox para Agricultura

Ciudadanos quiere sacar rédito al desgaste que le ha supuesto entregar sus votos en las Cortes para que el vicesecretario nacional del PP, el vitoriano Javier Maroto, sea senador por Castilla y León. Un controvertido nombramiento que ayer culminó con su designación en el último pleno antes de las vacaciones. Y el rédito que quiere obtener Ciudadanos está en la Diputación de Valladolid, donde no se resigna a no entrar en el gobierno, pese a que el PP no necesita el apoyo de la formación naranja.

Sin embargo, el secretario regional de Organización de Cs, muñidor de esta operación, quiere que sus dos diputadas provinciales gocen de sueldo en la institución. Para eso, además de la portavocía de grupo, necesita que una de ellas, Genma Gómez, entre en el gobierno que lidera Conrado Íscar. El presidente y su grupo de diputados no es favorable a dar entrada a la integrante de Ciudadanos, que también es concejal en la capital. El motivo: «Desconfianza», señalan fuentes de los populares.

El imprescindible apoyo de ayer de Cs a Maroto puede acabar inclinando la balanza, ya que Ciudadanos aprovechará para cobrarse la factura. Y el primer lugar puede ser la Diputación de Valladolid. Es más, nada más acabar el pleno de senadores, en el edificio de las Cortes de Castilla y León se celebró una reunión a la que, además del presidente de la Diputación, asistió su antecesor, Jesús Julio Carnero, presidente del Partido Popular de Valladolid y el secretario general del PP regional, Francisco Vázquez para examinar el acuerdo que propone Cs y al que se resiste el equipo de gobierno de la institución provincial.

Ciudadanos quiere la vicepresidencia que ya ostenta Víctor Alonso, designado por el presidente tras el pleno de investidura. Eso supondría que Cs, con dos diputados que no son imprescindibles, tendría casi más peso que los populares. El PP vallisoletano sigue esgrimiendo que no precisa a Ciudadanos para gobernar, aunque estos le dieran su voto en el pleno de investidura, previa petición de una vicepresidencia y sin haber negociado programa ni proyectos.

«Quieren llevar Cultura, Educación, y no sé cuántas cosas más, además del sueldo, claro», precisó uno de los diputados, sin disimular el malestar que está causando esta negociación que viene propiciada desde la dirección regional y que a nadie se le escapa que también tiene que ver con el ascenso de Carnero a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

La exigencia de esa vicepresidencia no es ya un secreto. El secretario de política institucional autonómica del partido de Rivera, el procurador salmantino David Castaño, dijo hace un par de semanas en Radio Nacional «que cesen al actual vicepresidente» para darle la plaza y el sueldo a Genma Gómez Olmos, que llegó a conciliar tres sueldos políticos a la vez durante un par de semanas: asesora en las Cortes, concejal de Valladolid y diputada provincial. Tras saltar el escándalo, fue cesada de su puesto de libre designación en el Parlamento autonómico.

El PP, además, ya ha llegado a un acuerdo con el único diputado de Vox en la institución provincial, Mario de Fuentes, alcalde de Barruelo, para que lleve el departamento de Agricultura y así consolidar una mayoría en la institución. Dar entrada ahora a Ciudadanos, supondría deshacer ese acuerdo. El argumento de Ciudadanos es que la entrada en la institución provincial vallisoletana forma parte del acuerdo conjunto que se hizo para la gobernabilidad de la Junta, pese a que Cs ha dicho en numerosas ocasiones que cada institución está desligada.

Del resultado de la reunión secreta mantenida ayer en las Cortes entre los dirigentes populares no ha trascendido si ha salido algún tipo de decisión. Pero le va a resultar harto difícil a Conrado Íscar resistirse a dar entrada a Ciudadanos en su gobierno para que sus dos representantes tenga un sueldo de más de 60.000 euros al año, a lo que hay que añadir lo que la edil de la capital se embolsa por los plenos municipales, otros 13.000 euros.

El mutismo en la Diputación es absoluto. Aunque el presidente ya ha transmitido a varios diputados su intención de convocar el pleno de organización para la próxima semana, antes de las vacaciones estivales, porque ya ha pasado casi un mes desde la constitución de la diputación y todavía no hay nuevo organigrama. Se sigue funcionando con el del mandato anterior. Todo esto empieza a generar profundo malestar entre los diputados que desconocen hacia dónde se encamina el PP en esta nueva etapa. Varios le piden a Íscar que no ceda a las presiones y que haga valer la fuerza que tienen como grupo mayoritario. No están dispuestos a ceder parte del control del gobierno a Ciudadanos por el mero hecho de que lo pidan sin aportar nada neceario a cambio.