Victorino Alonso culpa a Aragón por no señalizar la cueva de Chaves

Repartió culpas y responsabilidades, pero no asumió ninguna. «Si el Gobierno de Aragón hubiera señalizado el yacimiento, no hubiera pasado nada». El empresario leonés Victorino Alonso negó ayer cualquier implicación en la destrucción de la cueva de Chaves, durante la primera sesión del juicio en el que comparece como acusado de dos delitos contra el patrimonio y contra el Medio Ambiente.

Este espacio natural de Chaves era la segunda excavación del Neolítico más importante de la Península, hasta que las máquinas arrasaron con el material arqueológico hace ya siete años. Ubicada en el coto de caza de Bastarás, Huesca, pertenece a la empresa Fimbas, de la que se supone que Alonso es propietario. Aunque ayer volvió a negar este extremo.

El empresario del carbón accedió entre abucheos al juzgado de lo Penal 1, de Huesca, y en su declaración siguió la estrategia mantenida durante la instrucción del caso.

Victorino Alonso aseveró que no tiene «nada que ver» con la empresa que explota el coto (Fimbas), ni con Ferpi, dueña de las máquinas ‘ejecutoras’ y, por lo tanto, negó que ordenara retirar los restos arqueológicos para construir un abrevadero para animales en el coto.

Sí reconoció, en cambio, que es el administrador único de dos negocios que forman parte del accionariado de las dos compañías, pero subrayó que no es propietario y que no tiene acciones.

De entrada, aseguró ayer ante el juez que «no sabía que había un yacimiento» por esa zona, que él «sólo acudía al coto a cazar», que iba «de puesto en puesto, al aire libre», y que se enteró de valor cultural del enclave después, tras las denuncias.

Acto seguido, sin ser preguntado específicamente por ello, enumeró a los que considera responsables de la pérdida arqueológica.

El conocido empresario minero culpó al Gobierno de Aragón por no señalizar el bien patrimonial para protegerlo, y apuntó hacia alguien que ya no puede rebatirle: el fallecido Vicente Baldellou, director de las excavaciones arqueológicas, «por un error de supervisión, al pedir que despejasen las piedras que había en la entrada de la cueva», sostuvo.

Precisamente, Baldellou fue quien denunció en 2009 que la maquinaria pesada había acabado con el yacimiento y, en la fase de instrucción, no reconoció en ningún momento la secuencia de los hechos que ayer defendió el acusado, más bien, todo lo contrario.

Alonso también señaló en otra dirección, en la de las organizaciones ecológicas de Huesca y de León: «Siempre están contra mí», clamó.

Además del acusado, también comparecieron varios testigos. Unos corroboraron la defensa de Alonso y otros la tumbaron.

Un guarda del coto y un representante de Fimbas atestiguaron que actuaron por orden del director de la excavación. Por contra, otros ex empleados, como Alejandro Millet, declararon que Alonso les mandó arrasar la cueva. «Vi al Victorino y al encargado de Ferpi dentro de la cueva gesticular y decir qué había que retirar y dónde echarlo», afirmó.

El juicio continúa hoy con pruebas periciales y se extenderá hasta mañana. El fiscal solicita dos años y ocho meses por un delito contra el patrimonio Apudepa (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés) y Ecologistas, personados como acusaciones particulares junto al Gobierno de Aragón, lo elevan a tres años, por un delito medioambiental.

Además, las acusaciones particulares le exigen una indemnización de 61 millones de euros. Una cantidad que el Ministerio Fiscal rebaja a 14 millones.

Un tesoro neolítico sin estudiar

Segundo más importante. La cueva de Chaves, en una finca cinegética de la Sierra de Guara, era el segundo yacimiento neolítico más importante de la Península. Ecologistas señala que aún faltaba por estudiar más del 90% de su espacio. Sólo se han salvado 110 metros cuadrados. «El daño es incalculable», señaló el abogado de la organización Pablo Malo, que indicó que en el juicio «se vieron muchas contradicciones».