Barahona culpa a los técnicos de no tramitar el expediente
La Fiscalía pide 8 años de inhabilitación para el jefe de Control de Residuos de la Junta / Alega falta de medios para descontaminar la cantera de Santovenia
El jefe del Servicio de Control de la Gestión de Residuos de la Junta, Agustín Barahona Marín, se sentó ayer en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 3, acusado de un delito de prevaricación por no proceder, presuntamente, a la descontaminación de una parcela de Santovenia de Pisuerga.
El terreno, de 8.000 metros cúbicos, fue utilizado por la empresa Fertiberia (anteriormente llamada Nitratos Castilla) como un depósito de hidrocarburos que, según diversos estudios, son tóxicos e incluso su exposición podría provocar cáncer.
La antigua Nicas presentó en 2006 una solicitud ante la Junta de Castilla y León, y por lo tanto al departamento del que era jefe el procesado, para obtener una autorización para la retirada de los residuos depositados en la cantera en los últimos treinta años.
El imputado, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de una pena de inhabilitación por ocho años, asegura que «no fue intencionado» el abandono del expediente durante estos años.
En primer lugar acusó el hecho de no gestionar el expediente a la falta de personal en su departamento, situación que han ratificado varios testigos de la defensa como el coordinador de Servicios de la Dirección General del Medio Natural, Francisco Javier Muñoz, informa Europa Press.
Otro de los motivos, según Barahona, es que él no se encarga de gestionar los expedientes, sino que son sus técnicos los que van eligiendo y tramitando los distintos casos acumulados. En este sentido reseñó que su departamento recibe 3.000 expedientes cada año y sólo dispone de un técnico encargado de la descontaminación de suelos en Castilla y León.
Por su parte, técnicos dependientes del departamento que dirige Barahona han desmentido la versión de éste, alegando que la responsabilidad a la hora de tramitar los expedientes siempre ha recaído en las manos del mismo.
Por último, el imputado recalcó que su departamento no podía proceder a realizar ningún trámite sin antes recibir el informe que le encargó a la consultoría externa Tecnoma a finales de 2009.
Sin embargo, no supo explicar, más que alegando la falta de personal, el hecho de que el expediente fuese ‘olvidado’ desde el 2009 hasta principios del 2013 cuando se retomó. Más aún cuando la Confederación Hidrográfica del Duero había ya sancionado a la empresa en 2008 con una multa por valor de 10.000 euros por verter sustancias peligrosas susceptibles de contaminar los recursos hídricos.
La Guardia Civil también corroboró la peligrosidad de la zona, «una parcela de fácil acceso» sin señalización ni vallado, y en la que ya se han producido accidentes, como la caída de un perro al charco de brea como la se un motorista en 2007 y 2011 respectivamente.
El Seprona confirmó que el vertido de hidrocarburos plantea un riesgo de contaminación por escorrentía, ya que se encuentran a poca distancia el arroyo del Val o el Junquero y del canal del Pisuerga.
El acusado aseguró no tener constancia ni de la sanción ni del informe que la empresa presentó a la Junta donde constaba la peligrosidad del vertedero de residuos para la salud humana.