POLÉMICA
El PSOE de Valladolid tacha de "extremadamente grave" la exclusión de las violencia de género de las ayudas de VIVA
Pedro Herrero exige a Carnero una "rectificación inmediata": "Nuestra obligación es cumplir la Ley y proteger a las mujeres más vulnerables"
Ana Redondo alerta de las "vulneraciones" en Valladolid al "desaparecer" las víctimas de violencia de género para el alquiler social

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pedro Herrero
El PSOE de Valladolid tacha de "extremadamente grave" la exclusión de víctimas de violencia de género en el acceso a las viviendas del Ayuntamiento. Los socialistas denuncian que las víctimas de malos tratos y de violencia machista quedan excluidas de los criterios de acceso a las viviendas públicas. Así, aseguran que PP y Vox han cambiado "violencia de género" por "violencia machista". En este último concepto, según afirman en una nota de prensa, "no están incluidas, entre otras personas, mujeres que después de ser maltratadas no conviven con el agresor".
Valladolid
El PSOE denuncia que VIVA elimina el término "violencia de género" para baremar el alquiler social en Valladolid
Diario de Valladolid | El Mundo
El portavoz municipal, Pedro Herrero, reclama al alcalde, Jesús Julio Carnero, una rectificación: "El consenso que había entre los dos grandes partidos en materia de violencia de género tanto a nivel nacional como en la ciudad ha saltado por los aires, el actual alcalde ha optado por asumir los postulados de la ultraderecha. Esta no es una opinión, está en los documentos aprobados por el PP y Vox. Y resulta extremadamente grave porque la Ley de 2004 contempla la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Por tanto, hoy por hoy, Carnero no está amparando a las mujeres víctimas de esta lacra social".
Los socialistas remarcan que el consejo de administración de VIVA aprobó en mayo el nuevo Protocolo sin consenso, "a pesar de que el Grupo Municipal Socialista pidió que se retirara el texto para analizarlo con detenimiento". Según señalan, el PSOE pidió a Carnero "rectificar, revisar el protocolo y a abandonar una política de vivienda marcada por el seguidismo a Vox".
"Después de tres años y tres meses de Carnero como alcalde, los ciudadanos ya saben que Carnero no ha hecho nada en ningún ámbito, pero en este aspecto el balance es aún peor: ha aprobado medidas que perjudican a las mujeres víctimas de violencia de género. Está claro que su decisión de suprimir la Concejalía de Igualdad fue tomada a conciencia", denuncia Pedro Herrero.
Ana Redondo
Mientras, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha mostrado "preocupación" por el "desmantelamiento" de las políticas públicas de igualdad en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos donde gobiernan PP y Vox, informa Europa Press. De hecho, alertó de las "vulneraciones" detectadas en Valladolid, donde ha dicho que las víctimas de violencia de género han "desaparecido" del listado de beneficiarios prioritarios para acceder a un alquiler social. "Es absolutamente intolerable y un motivo de preocupación después de más de tres años de gobierno del Partido Popular y de Vox", ha subrayado.
En un audio difundido por el departamento que dirige Redondo, la ministra ha criticado que en Andalucía se haya recogido de forma explícita en un pacto de gobierno la atribución de competencias en materia de violencia de género y valoración de las víctimas a Vox, al que ha calificado como un partido "negacionista".
Asimismo, ha reprochado a la formación que lidera Santiago Abascal que hable directamente de denuncias falsas "en lugar de proteger a las mujeres víctimas de la violencia machista".
De la misma manera, ha recordado que ha solicitado una reunión con el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, para abordar este asunto y analizar el número de víctimas mortales por violencia de género que registra la comunidad, especialmente la ciudad de Málaga. No obstante, ha señalado que desde el Ministerio de Igualdad se sigue a la espera de recibir una respuesta para concretar dicho encuentro.
Finalmente, la ministra ha señalado a la Comunidad de Madrid, asegurando que la presidenta Isabel Díaz Ayuso "ni siquiera necesita de la ultraderecha" porque "se basta y se sobra para desmantelar las políticas de igualdad". En este punto, ha censurado el recorte de las ayudas económicas a las víctimas, recordando que se trata de recursos estatales "absolutamente imprescindibles" para que las mujeres puedan salir adelante.
"Por lo tanto, estamos muy preocupados de esta incoherencia del Partido Popular, que nos parece un insulto a las víctimas y una falta de lealtad al pacto de Estado que desde el Gobierno y desde el Ministerio desde luego no vamos a consentir", ha concluido.
UGT
El sindicato UGT, por su parte, calificó de “lamentable” la modificación de las bases de acceso a las viviendas municipales de alquiler de Valladolid, después de que el Ayuntamiento sustituyera la referencia específica a las víctimas de violencia de género por la de víctimas de violencia doméstica.
El sindicato explica que el pasado 28 de mayo de 2026, el Consejo de la Sociedad Municipal Viva modificó el protocolo de acceso a la vivienda de alquiler municipal aprobado el 13 de octubre de 2023. Hasta esta modificación, el punto 2.3 del programa de Viviendas Blancas establecía que tendrían prioridad las personas en “situación de vulnerabilidad derivadas (…) de situaciones de discapacidad, así como víctimas de violencia de género”, informa Ical.
Sin embargo, tras el acuerdo adoptado en mayo, el consistorio modificó esta referencia y sustituyó el término “violencia de género” por “violencia doméstica”, tal y como, según UGT, aparece actualmente en el modelo de solicitud y en los requisitos de acceso al parque municipal de viviendas. UGT Valladolid considera que el cambio supone una modificación relevante en la protección específica de las mujeres víctimas de violencia de género. El sindicato sostiene que “la violencia doméstica no tiene que ver con la violencia de género” y diferencia ambos conceptos.
En concreto, explica que la violencia doméstica se produce en el entorno del hogar familiar con independencia del género de la víctima, mientras que la violencia de género es la que ejerce un hombre contra una mujer “por el mero hecho de serlo” dentro de una “coyuntura social machista”. Para la organización sindical, sustituir una denominación por otra supone desvirtuar el objetivo de protección de las víctimas de violencia de género.
El sindicato respalda su posición con los datos de denuncias registrados en España. Según señala, durante el pasado año se contabilizaron 204.342 denuncias por violencia de género, lo que representa un incremento del tres por ciento respecto al ejercicio anterior. Esto supone una media de 559 denuncias presentadas cada día.
Además, UGT apunta que alrededor de 33.000 mujeres solicitaron medidas cautelares y de protección, cifras que, a juicio de la organización, evidencian la necesidad de mantener mecanismos específicos de apoyo y protección para las víctimas.
UGT Valladolid considera que la modificación de las bases se debe a “criterios políticos” y cuestiona que se haya sustituido la referencia a la violencia de género por una más amplia de violencia doméstica. En este sentido, la organización sindical denuncia que “ciertos partidos políticos, lejos de velar y salvaguardar los intereses de la mitad de la población, toman decisiones motivadas ideológicamente para desvirtuar la lucha feminista y la defensa de los intereses de las mujeres”.
El sindicato también advierte de que “no se puede mentir ni manipular y tratar de engañar a la sociedad desviando el objetivo esencial”, que, según sostiene, debe ser “buscar el amparo y ayudar a las víctimas de violencia de género que están aumentando en los últimos tiempos”.
Por todo ello, según el comunicado remitido por el sindicato y recogido por Ical, UGT Valladolid insta al Ayuntamiento de Valladolid a modificar nuevamente las bases de acceso al parque municipal de viviendas y recuperar la referencia a las víctimas de violencia de género.
El sindicato recuerda que las viviendas municipales no pertenecen a ninguna organización política, sino que son “propiedad de la sociedad vallisoletana en conjunto”. Por ello, defiende que su acceso debe regirse por criterios de necesidad y vulnerabilidad y garantizar la protección de quienes se encuentren en situaciones que requieran un apoyo específico.