Tres empresas pujan por la Ciudad de la Justicia de Valladolid tras quedar desierta la primera licitación

Avance en el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Valladolid. Tres empresas optan a ejecutar las obras del campus judicial después de que la primera licitación quedara desierta, según confirmaron fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a este periódico. Gestión y Ejecución de Obra Civil (Gyocivil), la UTE Cotodisa-Herce e Integración Exacta Organizada compiten por un contrato valorado en 49,98 millones, casi ocho millones más que en el proceso anterior, en el que la única oferta presentada fue excluida por superar el presupuesto de licitación.

El procedimiento da ahora un nuevo paso con la apertura de los sobres que contienen la documentación técnica, prevista para el próximo miércoles. Este trámite iba a celebrarse el pasado miércoles, pero tuvo que aplazarse porque una de las empresas no había presentado toda la documentación requerida. «Hemos tenido que posponerlo porque una empresa no ha presentado toda la documentación y se le ha requerido para que la complete», explican desde el departamento de Félix Bolaños, que prevé adjudicar el contrato «en octubre, si todo va bien y no se presenta ningún recurso».

A ello se suma que el pasado martes el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid (BOP) publicó los expedientes de licencia ambiental que se someten a información pública, entre los que se encuentra el permiso para el edificio administrativo judicial, situado en la plaza de San Pablo, número 2, promovido por la subdirección de obras y patrimonio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La publicación de este anuncio coincide con el avance del procedimiento administrativo tras la paralización sufrida el pasado mes de mayo. En aquel proceso, la mesa de contratación descartó la propuesta de la constructora valenciana Vilor, única empresa participante en la licitación. La oferta económica de esta compañía superaba el límite inicial de 42,07 millones, razón por la cual el Ministerio de Justicia declaró nula la opción al resultar imposible la adjudicación por este condicionante legal.

Ante este escenario, el Consejo de Ministros autorizó un incremento presupuestario de casi ocho millones. Esta aportación eleva el presupuesto del concurso público hasta los casi 50 millones con el objetivo de adaptar la cuantía al aumento de los costes de las materias primas y a los problemas de suministro ocasionados por la guerra en Irán, asegurando así la viabilidad de los trabajos.

El plan contempla la unificación de las sedes judiciales dispersas por el municipio tras un proceso de 11 años de tramitación. Esta concentración permitirá al Gobierno central un ahorro de 1,2 millones al año en los alquileres de inmuebles como los de la plaza del Rosarillo o la calle Nicolás Salmerón.

El proyecto fija la ubicación del campus sobre la parcela del antiguo colegio El Salvador, junto a la plaza de San Pablo. La propuesta arquitectónica, firmada por el estudio vallisoletano de Primitivo González, contempla la demolición de la histórica edificación para construir un complejo judicial de 22.313 metros cuadrados. La estructura contará con tres edificios conectados mediante pasarelas interiores, revestimiento exterior en piedra caliza de Campaspero y un torreón en la esquina con la calle San Quirce en referencia a los palacios Real y Pimentel. En la fachada se instalará además una inscripción en bronce con el nombre del centro escolar y un balón de rugby.

Las nuevas dependencias albergarán 15 plazas judiciales de la Sección Civil, cinco de lo Social, dos de lo Mercantil, cuatro de lo Contencioso-Administrativo y la Sección de Menores. El recinto acogerá también la Fiscalía Provincial, la Fiscalía de Menores, el Registro Civil, el Decanato, los Servicios Comunes y el Instituto de Medicina Legal con acceso independiente. El diseño incorpora un salón de actos con entrada directa desde la calle para acoger macrojuicios y un aparcamiento subterráneo con 68 plazas.

El Palacio de la Audiencia Provincial y el edificio de la calle Angustias continuarán operativos para los juzgados de Instrucción. La propuesta reserva más de 11.000 metros cuadrados para futuras ampliaciones. Respecto a la parcela del barrio Girón, descartada en 2015 para esta infraestructura, el Ayuntamiento tramitará su cesión a la Junta para construir 500 viviendas para jóvenes.

El calendario fija un plazo de ejecución de 30 meses con la previsión de que entre en funcionamiento en 2029. El inicio de las intervenciones requerirá la autorización previa de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León al encontrarse dentro del casco antiguo. Tras el derribo de El Salvador y la retirada de escombros, la empresa seleccionada dispondrá de dos meses para el acondicionamiento del terreno y la cimentación, por lo que la estructura no será visible hasta transcurridos cinco meses desde el comienzo de los trabajos. Las partidas presupuestarias principales se consignarán entre los ejercicios de 2027 y 2029.