EMPLEO
El transporte de viajeros de Valladolid amenaza con un verano "conflictivo" por el bloqueo del convenio
CCOO exige a la Junta que medie tras repartir 55 millones el último año entre las empresas del sector, que “multiplican sus ingresos" sin que repercuta en una mejora de las condiciones

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO CyL anuncia movilizaciones en el transporte por carretera.
Los trabajadores del sector del transporte de viajeros por carretera de las provincias de León, Segovia, Valladolid y Zamora están en pide de guerra ante el bloqueo patronal de la negociación de los convenios colectivos en sus respectivas provincias. CCOO llevará al Serla esta situación para intentar retornar a una negociación “de buena fe conforme a la situación económica actual” pero si los empresarios mantienen su postura “tomarán las calles” este mes de junio.
En este sentido, desde el sindicato exigieron a la Junta que medie en el conflicto, ya que durante el último año, las compañías que se encargan de este servicio recibieron 55 millones de euros, multiplicando sus ingresos sin que repercuta en una mejora de las condiciones los trabajadores. A estas provincias se podrían sumar en las protestas Ávila y Palencia, donde aún están en las mesas de negociación, mientras que en Burgos, Salamanca y Soria, sus acuerdos están recién firmados y vigentes. En total, el sector da empleo a 5.000 trabajadores, que claman por mejorar sus condiciones laborales.
Valladolid
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El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO CyL, Jesús García, acompañado por el coordinador regional del Sector de Carreteras, Luis Villares; la coordinadora del sindicato de Valladolid Fedra Carbajo, y los responsables de negociación colectiva de la organización en León, Ángel Santos, y Zamora, Luis Castro, ofrecieron una rueda de prensa, en la que arremetieron contra la patronal de este sector por su “inmovilismo total y absoluto” que mantiene y su pretensión de que los trabajadores “cedan derechos que han costado muchos años conseguir”, como recoge Ical.
Jesús García consideró “grave” la situación y precisó que acudirán al Serla como último recurso antes de iniciar movilizaciones pero se temió que se verán “abocados a las movilizaciones”. Precisó que en Segovia ya se ha producido la mediación, sin acuerdo, y ya se ha convocado paros de cuatro horas para el 8 de junio. Además, en el resto de provincias con conflicto la mediación se tendrá que producir antes del 2 de junio.
El dirigente sindical insistió en que la situación es “responsabilidad” de la patronal que debe negociar, dijo, “considerando la situación económica del país y del sector” porque “las reivindicaciones sindicales que hacemos son absolutamente razonables, acordes a la realidad”. “No pedimos la luna, pero si sabemos que la situación económica permite un margen de maniobra para establecer unas condiciones salariales y laborales mucho mejores”, sentenció.
Precisó que sus reivindicaciones en estas provincias pasan por recuperar poder adquisitivo, junto a cláusulas de revisión salarial acordes con el IPC; una reducción progresiva de jornada efectiva; el abono de los tiempos de presencia; adaptar las dietas a su coste real; plus de festivos y fines de semana; descansos para la conciliación y jubilación parcial. Es decir, resumió, “adaptar a los tiempos en los que estamos las condiciones de los convenios colectivos”.
Mediación del Gobierno regional
“El malestar es creciente”, dijo, para reclamar a la Junta que medie en este conflicto porque es la titular de este servicio público que se presta y fija las condiciones y los contratos de gestión, y lo financia con subvenciones directas a las empresas. Al respecto, remarcó que ya ha otorgado 55 millones el último año, a través del programa Buscyl, lo que supone que estas empresas han multiplicado “por tres y por cuatro” los ingresos en la cuenta de resultados, y eso “no repercute en las condiciones de sus empleados”.
“Está fuera de lugar”, sentenció, para explicar que han solicitado una reunión con el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, para exponer su situación y constatar sus reivindicaciones. “La Junta pone mucho dinero público en manos de estos empresarios y debe repercutir en los trabajadores de estas empresas”, exhortó.
Jesús García cerró llamando a la responsabilidad a la patronal y confió en una salida negociada, pero dejó claro que “los trabajadores están muy quemados, la situación es muy seria” y si no se reconduce la situación “las movilizaciones, los paros, la huelga va a estar en el frontispicio de nuestras asociaciones”.
Trabajadores de segunda
El coordinador regional del Sector de Carreteras, Luis Villares, arremetió también contra una patronal que “no tiene voluntad ninguna de negociación” y criticó duramente que las mismas empresas que prestan el servicio en otras autonomías limítrofes, paga hasta 8.000 euros más a sus trabajadores en estos territorios. “Somos trabajadores de segunda división respecto a autonomías limítrofes”, lamentó.
Asimismo, constató que esas mismas compañías también pagan diferente dependiendo de cada provincia, con “muy buenas condiciones” en Burgos, por ejemplo, que se debería extender al resto. “Ojalá pudiésemos tener un convenio autonómico”, dijo, para garantizar que si la mediación del Serla no tiene un resultado positivo, “nos tendrán en la calle a todos los trabajadores”.
La coordinadora de FSC de Valladolid, Fedra Carbajo, arremetió contra la última propuesta patronal salarial con subidas en el entorno del tres por ciento para el convenio cuando han perdido 2,8 puntos de poder adquisitivo en años anteriores y denunció la situación de un sector “precarizado” con condiciones “muy duras” y cada vez más carga de trabajo con la implantación del Buscyl, con mucha gente que “se queda en las paradas” que carga contra el conductor.
Por último, el responsable de negociación colectiva de FSC Zamora, Luis Castro, arremetió contra una “subida pírrica” en su provincia del 2,75 por ciento, cuando el IPC ya está por encima de este porcentaje, y denunció que encima se supedita a un recorte de derechos, como la incapacidad temporal, que se quieren bajar (ahora se cobra e 100 por ciento del salario), el computo quincenal de la jornada que quieren quitar o eliminar los tiempos de presencia. “La postura patronal es una estrategia, quieren que vayamos a la protesta”, zanjó.