El PSOE denuncia por vía penal al alcalde de Laguna (Valladolid) por prevaricación y desobediencia
Los socialistas han emprendido acciones judiciales contra Avelino Álvarez (PP) y la concejala Virginia Arronte (Vox) por mantener una subida salarial declarada "nula"
Avelino Álvarez en la toma de posesión del bastón de Laguna de Duero.
El Grupo Municipal Socialista ha anunciado la interposición de una denuncia penal ante los Juzgados de Instrucción de Valladolid contra el alcalde de Laguna de Duero, Avelino Álvarez Pérez, y la concejal de Régimen Interior, Virginia Arronte de Ávila, por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia grave a la autoridad judicial.
El PSOE, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que la acción judicial responde a la decisión del Equipo de Gobierno de mantener una subida salarial que ha sido declarada "nula de pleno derecho" por la Justicia.
Los socialistas han señalado que, en octubre de 2024, el Gobierno local aprobó una subida salarial "encubierta" a través del II Plan de Igualdad, a pesar de que los informes técnicos confirmaban la inexistencia de brecha de género salarial y de contar con el reparo de la Intervención Municipal por falta de consignación presupuestaria.
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En marzo de 2025, tras un recurso de la Abogacía del Estado, un juez dictó auto de suspensión cautelar que obligaba al Ayuntamiento del municipio a paralizar los pagos pero, según el PSOE, el Equipo de Gobierno no acató la orden judicial y ha continuado efectuando los pagos y levantado los reparos de la Intervención Municipal, según las respuestas a las preguntas registradas por el Grupo.
Además, han explicado que en noviembre de 2025 la Justicia ratificó la ilegalidad mediante la sentencia 227/2025 y declaró la nulidad de pleno derecho del acuerdo.
"Desprecio" a la autoridad
La portavoz socialista del Ayuntamiento de Laguna de Duero, Yolanza Lanza, ha criticado que, lejos de acatar las resoluciones judiciales, los denunciados hayan actuado "con absoluto desprecio a la autoridad judicial, permitiendo la salida indebida de fondos públicos de las arcas municipales".
Además, ha advertido de que existe una "reincidencia en el fraude", ya que solo 14 días después de la sentencia de nulidad, el Equipo de Gobierno intentó tramitar un nuevo expediente bajo el mismo fondo ilegal.
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"Nos encontramos ante una voluntad deliberada de saltarse la ley y ningunear a los tribunales", ha afirmado la portavoz, quien ha agregado que el alcalde de la localidad "lleva un año desobedeciendo a los jueces para gastar un dinero que pertenece a los vecinos del municipio".
Por ello, ha explicado que la "responsabilidad y obligación" del Grupo es poner en conocimiento de la autoridad judicial cualquier acto que esté fuera de la legalidad, por "higiene democrática".
"Nadie está por encima de la ley. La gestión de los fondos públicos debe ser transparente y ajustada a la legalidad vigente", ha aseverado la portavoz.