TRIBUNALES

Condenan a Xunta, Gobierno y Ribadeo por la muerte en 2018 en la playa de las Catedrales de una joven de Laguna

La Audiencia Nacional impone a las administraciones una indemnización de "unos 90.000 euros", según detalla el abogado de la familia, Santiago Díez, quien añade que "es el final de una lucha tremenda"

La playa de Las Catedrales, donde falleció la joven de Laguna, en una imagen de archivo.MIGUEL ANGEL ALVAREZ ALPERI

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La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio para la Transición Ecológica, a la Xunta de Galicia y al Ayuntamiento de Ribadeo por la muerte de Irene Baladrón, la joven de 24 años vecina de la localidad vallisoletana de Laguna de Duero que perdió la vida el 31 de marzo de 2018 en la playa de Las Catedrales. La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo establece que las tres administraciones comparten la responsabilidad patrimonial por el fatal accidente, y les impone indemnizaciones para los cuatro demandantes de 29.800, 28.700, 6.300 y 8.400 euros, respectivamente. 

Santiago Díez, abogado de la familia, explicó en declaraciones a este periódico que "es el final de una lucha tremenda de ocho años con mucho sufrimiento en todos los niveles". El letrado considera la decisión judicial una victoria significativa. "Es el final de una batalla judicial que se ha cerrado de una forma contundente", afirmó. "Las tres administraciones tuvieron la culpa del fallecimiento de la joven y con esta sentencia se demuestra que la estrategia judicial de ir contra las tres administraciones ha sido la correcta".

La resolución, fechada el 5 de febrero de 2026, estima parcialmente la demanda de la familia. Condena de forma solidaria a las tres administraciones a indemnizar a los familiares con un total de 73.200 euros más los intereses legales, lo que, según precisó el abogado, ascendería a "unos 90.000 euros". El fallo considera que existió una omisión de las medidas de seguridad necesarias en un paraje natural de gran afluencia turística.

Irene Baladrón visitaba la famosa playa de Lugo junto a su novio durante las vacaciones de Semana Santa. Mientras se encontraba en una de las cuevas que caracterizan el monumento natural, una roca se desprendió de la bóveda y le impactó en la cabeza. La joven falleció en el acto.

La sentencia, que también condena a tres aseguradoras -XL Insurance Company, Mapfre y Seguros y Reaseguros-, que responderán en virtud del contrato de seguro, con una franquicia de 6.000 euros, detalla una cadena de negligencias por parte de las administraciones. El fallo subraya que el riesgo de desprendimientos era conocido y se había agravado por el paso de una borrasca en los días previos. A pesar de ello, no se adoptaron medidas excepcionales. El documento también revela que, la misma mañana, antes del accidente mortal, se produjeron otros dos desprendimientos en cuevas cercanas.

Uno de estos incidentes fue "comunicado al personal de vigilancia, que no adoptó ninguna medida ni reportó a sus superiores o a los agentes medioambientales la incidencia". Poco después, otro desprendimiento fue notificado al personal de control de acceso. Dicho personal, según la sentencia, "priorizó dar continuidad a la entrada de personas ante la gran afluencia de visitantes".

El tribunal concluye que el personal en el lugar "claramente no tenía instrucción suficiente sobre cómo actuar ni se había elaborado un plan para casos en los que el riesgo aumentara significativamente. Tampoco había presencia de Policía Municipal ni agentes medioambientales que pudieran adoptar medidas como agentes de autoridad".

Antes de llegar a la Audiencia Nacional, la familia de Irene Baladrón agotó la vía penal. El juzgado de Mondoñedo archivó el caso al no apreciar indicios de delito. La familia recurrió esta decisión al entender que hubo una imprudencia grave, pero la Audiencia de Lugo confirmó el sobreseimiento. Fue entonces cuando iniciaron el procedimiento contencioso-administrativo. Su objetivo, más que la compensación económica, era que la justicia reconociera la "falta de medidas de seguridad" y la responsabilidad de las instituciones.

La sentencia de la Audiencia Nacional responsabiliza a cada una de las administraciones. Señala que el Estado tiene la competencia sobre la tutela del dominio público marítimo-terrestre. En este punto, alude a la muerte en 2016 de una mujer por un desprendimiento en una playa gaditana. Al Ayuntamiento de Ribadeo le atribuye la responsabilidad sobre la "seguridad en lugares públicos". Respecto a la Xunta de Galicia, el tribunal argumenta que, al declarar la playa "monumento natural" y aprobar un plan de conservación para controlar la afluencia, asumió competencias directas sobre la seguridad de las personas. El plan "menciona expresamente la seguridad de las personas, que puede ponerse en peligro si se transita por lugares distintos de los habilitados". 

La sala también valora la existencia de una culpa parcial por parte de la víctima, ya que accedió a un lugar con un riesgo inherente. No obstante, considera que esta culpa "no desplaza totalmente la responsabilidad de las Administraciones públicas". Por ello, determina que las instituciones deben asumir el 40% del daño causado, lo que supone una indemnización inferior a los 182.194,71 euros reclamados por la familia.

La sentencia es contundente al afirmar que la mera señalización del peligro no es suficiente. El fallo indica que "no puede considerarse que la existencia de dichos carteles alertando de los desprendimientos sea una medida de prevención y seguridad suficiente frente a dicho peligro". De hecho, recuerda que ésta se reforzó después del accidente.

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Cabe recordar que el "riesgo" existente en la playa para los visitantes y el "exceso" de personas que accedían de forma regulada, que superaba las 4.000 al día, fueron denunciados en reiteradas ocasiones antes de la muerte de Irene Baladrón por el catedrático de Geografía Física de la Universidad de Santiago, Augusto Pérez Alberti.