El Ayuntamiento de Valladolid prepara el procedimiento para suspender las multas de ZBE en un mes

Bola. Eso es lo que se le está haciendo al Ayuntamiento de Valladolid de PP y VOX, y más concretamente a sus servicios jurídicos, la suspensión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con sede en Valladolid, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). Una sentencia que tumba al ZBE y que el consistorio recurrirá en casación al Tribunal Supremo. ¿Y qué pasa con las multas? Pues el Ayuntamiento que dirigen PP y VOX trabajan en un procedimiento, que los servicios jurídicos aún no terminan de definir, y que el consistorio prevé tener preparado en el plazo de un mes. Unas cuatro semanas o 30 días es el periodo de tiempo que seguirán multando a pesar de que la ZBE ha sido anulada por el TSJCyL.

La asesoría jurídica municipal ha planteado dos opciones a la hora de resolver este problema. Desde el equipo de Gobierno está claro cual de las dos prefieren: la más rápida. En primer lugar se planteó la posibilidad de suspender la aplicación de la propia ordenanza. Una situación un tanto compleja por sus tiempos. Se debería en un pleno municipal, previsto para el próximo lunes 30, y saldría adelante con los votos a favor de Partido Popular y VOX. Después de ello debería pasar el periodo de exposición pública. Una situación que haría que se dilatara en el tiempo más de lo esperado.

En segundo lugar, según detallan desde el Ayuntamiento a este periódico está la opción de mantener la Zona de Bajas Emisiones, comunicar que se ha incumplido, pero no multar. Es decir, el Ayuntamiento volvería a los primeros seis meses de 2025 cuando la ZBE todavía no multaba, se limitaba a informar al vehículo que había incumplido el perímetro de acceso, pero sin que llegara ningún tipo de sanción económica. «Las dos opciones se pueden hacer, según la asesoría jurídica», apunta desde el consistorio.

Algunos vallisoletanos tendrán en la memoria la suspensión de la Zona de Bajas Emisiones durante la celebración de la concentración motera de Pingüinos. Del 8 al 11 de enero los vehículos entraron libremente dentro del perímetro y no fueron multados. Una decisión que fue criticada por la oposición y por diversos colectivos. Sin embargo, esa medida no se podría aplicar ahora. «Durante Pingüinos se suspendió temporalmente. Es una excepción que está prevista en la propia ordenanza por situaciones de interés público», razona el concejala de Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca.

Por ese motivo se aprobó esa suspensión de cuatro días, el tiempo que duró la acampada motera, sin que las multas llegasen a quienes no tuvieran acceso y en esta situación no se puede aplicar. Pese a que ha sido declarada nula, la Zona de Bajas Emisiones tiene que seguir en funcionamiento porque la sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León no es firme. De hecho, el Ayuntamiento recurrirá en casación ante el Supremo.

Mientras el Ayuntamiento prepara ese procedimiento para dejar de multar, la Zona de Bajas Emisiones sigue multando y las que ya están pagadas no se podrán anular. Desde que el pasado julio de 2025 comenzaban a llegar las sanciones a los vehículos infractores y hasta mediados de febrero la cifra alcanza ya los 1.608.000 euros. De estos, más de 670.000 euros ya están cobrados, según reconocía el propio concejal.

Fondos europeos

En medio de todo el escándalo de la anulación de la ZBE de Valladolid, hay un riesgo si se llega a suspender la ordenanza tal y como ha planteado uno de los miembros del equipo de Gobierno. La portavoz de VOX, Irene Carvajal, aseguró que su partido estaba «satisfecho» ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León porque «abre el escenario para suspender las sanciones». De hecho ya apuntó que «se puede hacer una ZBE sin régimen sancionador» y que solo se activase «en picos de contaminación». Si la ZBE de Valladolid se suspende, tal y como han pedido y criticado los de Santiago Abascal, el Ayuntamiento podría perder 27,7 millones de euros de fondos europeos.

El consistorio vallisoletano recibió 47 millones de euros de fondos europeos, pero dentro del proyecto Ciudades Conectadas (una iniciativa pionera financiada por los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) que gestiona Valladolid, por eso recibió todo el dinero del proyecto. Los otros seis ayuntamientos en cuestión son Valencia, Gijón, Logro, Vitoria y Fuenlabrada.

Esos 27,7 millones de euros que Valladolid podría tener en riesgo si se suspende la Zona de Bajas Emisiones, tal y como pretende VOX, salen de los 26 millones de euros de fondos europeos que ha recibido única y estrictamente Valladolid para su uso y en segundo lugar, otros 1,7 millones para el transporte y que estará condicionada a la ZBE.

Todo ese dinero de fondos europeos que ha recibido Valladolid podría llegar a tener que devolverlo si decide suspender la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones.

Los de Santiago Abascal han criticado en numerosas ocasiones la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid. De hecho, llegaron a reclamar que se suspendiera el régimen sancionador de forma cautelar para acometer una reducción del perímetro restringido. Carvajal ha criticado repetidas veces la Ley del Cambio Climático y ha llegado a tacharla de «imposición» del Gobierno de España: «VOX está en contra de las Zonas de Bajas Emisiones, pero tenemos que cumplir la ley estatal que obliga a implantarlas».