El Ayuntamiento de Valladolid mantiene las multas de la ZBE declarada ilegal

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valladolid queda anulada tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). Pese a ello las sanciones se seguirán tramitando y las multas continuarán llegando a los vehículos que accedan al perímetro sin tener permiso: «Yo recomiendo a los ciudadanos que sigan cumpliendo con la Zona de Bajas Emisiones», significó el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, para a renglón seguido asegurar: «Hoy el procedimiento sancionador es el mismo». Las multas siguen.

El Grupo Municipal Popular presentará una moción en el próximo pleno municipal del lunes 30 de marzo para «trasladar la inejecutividad de los procedimientos sancionadores en el futuro»: «Es decir, que se inicien los procedimientos tanto jurídicos como técnicos que nos permitan dejar de establecer sanciones en el momento más corto posible».

Se trata de una moción política para que se anule el régimen sancionador. Para que los vallisoletanso dejen de recibir las multas de la ZBE se debe elaborar un procedimiento administrativo. Un mecanismo en el que ya se está trabajando, pero para el que no hay una fecha. La intención del consistorio es «tenerlo lo antes posible». «Hasta que no aprobemos los mecanismos jurídicos necesarios, en este momento, es plenamente efectivo», sostuvo Alberca sobre el régimen sancionador.

Esta forma de actuar, tras conocer el varapalo judicial por el que las multas de la ZBE son ilegales, según trasladó el edil responsable de la materia se debe a que es una forma de garantizar la seguridad «contable y jurídica del Ayuntamiento». «Iniciamos este procedimiento de salvaguarda para que no obliguemos a todas las personas a recurrir de forma generalizada las sanciones que se les pueda establecer», defendió sobre esta cancelación de las multas que durará mientras el proces judicial permanezca abierto y la sentencia no sea firme.

Más allá de que las sanciones continuarán llegando a quienes incumplan una ordenanza declarada nula por la Justicia, el Ayuntamiento de Valladolid no tiene intención alguna de devolver las multas ya cobradas de la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid. Unas sanciones ilegales, a tenor del TSJCyL que anula la normativa municipal, y cuyo importe no volverá al bolsillo de los ciudadanos. «Las sanciones efectivas que se han venido produciendo hasta el momento son firmes, y en ese sentido no cabe ninguna actuación por parte del Ayuntamiento», así se expresó el concejal de Tráfico y Movilidad de Valladolid tras conocerse la sentencia.

Por su parte, la teniente de alcalde, Irene Carvajal, y portavoz de VOX, aseguró que las multas se deben «suspender para evitar una posible responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento». De esta manera ambos socios de Gobierno vienen a dejar claro que no devolverán las sanciones ya cobradas por esta ordenanza, que ahora el TSJCyL declara ilegal desde su aprobación. «Las anteriores no se anulan porque son firmes, no hay ninguna posibilidad ni de anular ni de devolver económicamente la cuantía de esas sanciones», insistió el edil ‘popular.

«Las personas que han sido sancionadas y que en su procedimiento han abonado el pago, son firmes. No tenemos ninguna posibilidad ni jurídica ni técnica de iniciar ningún tipo de procedimiento», explicó Alberca sobre la situación en la que se quedan dichos ciudadanos que ya han abonado sus pagos. Cabe recordar que existe el pronto pago para que la cuantía sea de 100 euros en lugar de 200 y algunos habrán preferido pagar antes para abonar menos dinero.

Una negativa a anular las sanciones que ya han sido cobradas cuyo importe asciende hasta los 682.000 euros a 9 de febrero, según el edil ‘popular’. Pese a esta resolución judicial, el ciudadano que circule con vehículos sin etiqueta (los diésel anteriores a 2006 y los gasolina previos al 2001) debe tener cuidado con las posibles sanciones: «Hasta que no aprobemos los mecanismos jurídicos necesarios, en este momento es plenamente efectivo, hoy se le sancionaría exactamente igual que ayer».

Tras conocerse el varapalo jurídico, miembros de PP y de VOXmantuvieron una reunión este mismo miércoles del grupo de trabajo de la Zona de Bajas Emisiones «para analizar cuál es la situación». Si bien, no se tomó ninguna decisión y se está a la espera de ese trámite administrativo para dejar de sancionar por la ZBE.

Por su parte, la también portavoz de los de Abascal en el consistorio apuntó que ambas formaciones tendrán que verse «para consensuar un nuevo modelo de Zona de Bajas Emisiones». De hecho, llegó a plantear una ZBE «sin régimen sancionador», que «incluso se puede activar solo en picos de contaminación», aclaró. Una propuesta que llega ahora, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y después de llevar tres años en el Gobierno municipal.

La sentencia que confirma la anulación de la Zona de Bajas Emisiones deja «satisfecho» a VOX, tal y como señaló, Irene Carvajal: «VOX está en contra de la ZBE, como ya saben, pero tenemos que cumplir la ley estatal que obliga a implantarla».

Pese a ello, Carvajal quiso puntualizar que la ZBE de Valladolid cuenta con una ordenanza «lo menos restrictiva y limitativa posible para los ciudadanos» en una sentencia que, explicó, no tiene un defecto de fondo, sino de forma. «El problema está en el proyecto técnico, no en la idea de la ZBE», continuó en sus declaraciones ante los medios de comunicación. De igual manera, y en declaraciones realizadas por separado, el responsable de Tráfico y Movilidad defendió que se trata de una cuestión «puramente formal» y que «no tiene nada que ver con el fondo». Alberca defiende que se elaboró un proyecto de Zona de Bajas Emisiones y que se aprobó previamente a la ordenanza: «El magistrado entiende que esa aprobación no ha sido previa, sino que ha sido conjuntamente con la ordenanza».

El ‘popular’ anunció que el Ayuntamiento interpondrá un recurso de casación al entender que «es necesario» mantener su postura, todo ello con el respaldo de los servicios jurídicos municipales. El consistorio tiene un plazo de un mes para presentar el recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Castila y León: «En el caso de que se admita, normalmente los tiempos suelen ser de un año, pero hemos tenido casos más recientes que se han acortado».

Nuevo varapalo

La sentencia por la que se tumba la ZBE, aprobada por PP y VOX supone un nuevo varapalo de la justicia al consistorio vallisoletano, al que ahora se le imponen también las costas. El otro mazazo judicial le venía al Ayuntamiento también desde el TSJCyLque le tumbaba la Ordenanza de Movilidad. Entonces el Alto Tribunal estimaba el recurso de Ecologistas en Acción y anulaba la reversión de los carriles bus y taxi de Poniente, López Gómez y el Puente de Isabel la Católica «por no ser conforme a derecho».