ZONA BAJAS EMISIONES
La Justicia obliga a PP y VOX a paralizar las multas en la ZBE de Valladolid que aprobaron
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid se ve forzado a reaccionar frenando las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones tras el varapalo del TSJCyL

Irene Carvajal y Jesús Julio Carnero en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid.
Reacción forzada y obligada tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). La Justicia obliga a PP y VOX a paralizar las multas en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valladolid que aprobaron en noviembre de 2024. Esa será la primera consecuencia del varapalo judicial, uno más, que recibe el Ayuntamiento de Valladolid con PP y VOX al frente. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid se ve forzado a reaccionar frenando las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones tras tumbar la ZBE el TSJCyL.
Un equipo de gobierno que tenía constancia desde este martes 17 de marzo de la sentencia del TSJCyL, de fecha 16 de marzo, y que habían ocultado hasta que la destaparon los medios, con el único fin de intentar hacer una gestión táctica de la mismas. Y es que, desde la llegada de este equipo de gobierno de PP y VOX al Ayuntamiento de Valladolid en 2023, la transparencia ha salido por la ventana.
La realidad es que el auto judicial ya obraba en poder del Ayuntamiento desde este martes 16 de marzo y que en ella se deja claro la ilegalidad de la ZBE, tal y como la aprobaban PP y VOX en junta de gobierno y en el pleno de noviembre de 2024.
El auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Valladolid de fecha 16 de marzo estima la demanda contra la ZBE de Valladolid, "que por no ser conforme con el ordenamiento jurídico se declara nula. Se imponen las costas procesales a la parte demanda", sentencian los cuatro magistrados de la sala del TSJ.
Conviene recordar que el Ayuntamiento de Valladolid lleva recaudado ya 1,6 millones en multas por infringir la Zona de Bajas Emisiones, bien es cierto que muchas de ellas se encuentran en tramitación y podrían ser aún recurridas. Las sanciones ascienden a 16.080 y alcanzan a 9.218 vehículos desde que la normativa comenzaba a multar en julio del 2025.