PLENO DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL
La Diputación exige a la CHD que asuma sus responsabilidades y no se las endose a los ayuntamientos
La Corporación insta al gestor de la cuenca a mantener los cauces para prevenir inundaciones en la provincia / La Institución destina 11 millones a nuevas inversiones en municipios

Sesión de Pleno de la Diputación provincial del Valladolid.
El medio rural se queja de que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) no permite a los pequeños ayuntamientos acometer la limpieza de cauces y riberas de ríos y, sin embargo el organismo gestor de la cuenca tampoco realiza su tarea, lo que redunda en situaciones catastróficas cuando llegan las avenidas por causa de las lluvias y el deshielo. Quejas sobre el asunto las tienen tanto ayuntamientos como agricultores y ganaderos. El Pleno de la Diputación de Valladolid ha puesto sobre el tapete este problema, y aprobó en su sesión ordinaria de este viernes una proposición del Grupo Provincial Popular que exige a la CHD que se responsabilice de una vez de los cauces y se encargue de su limpieza.
Así, la Institución provincial exige a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, que «asuma plenamente sus competencias en el mantenimiento y conservación de los cauces de ríos y arroyos de la provincia, así como la puesta en marcha de un cambio en su modelo de gestión en materia de prevención de inundaciones», expuso la Diputación en un comunicado.
La iniciativa presentada por el PP se elevó al Pleno por cuarta vez, al haber hecho oídos sordos la CHD a peticiones anteriores en los años 2016, 2020 y 2021. «Tras los recientes episodios de lluvias intensas y persistentes que han provocado nuevas inundaciones en distintos municipios vallisoletanos, se ha evidenciado la vulnerabilidad de numerosas localidades ante el desbordamiento de ríos y arroyos», asegura la Institución provincial. «Las últimas crecidas han afectado a los ríos Adaja, Cega, Duero, Pisuerga, Esgueva, Duratón y Zapardiel, ocasionando desalojos preventivos de viviendas, cortes de carreteras y caminos rurales, afecciones a infraestructuras municipales y daños de consideración en explotaciones agrícolas y ganaderas».
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El Pleno advierte de que la falta de mantenimiento adecuado de los cauces, la acumulación de sedimentos, la proliferación incontrolada de vegetación, la presencia de árboles caídos o la formación de tapones en pasos y puentes «han contribuido a agravar los efectos de estas avenidas. Asimismo, se señala que, pese a la reiteración de estos episodios y a las advertencias trasladadas por alcaldes y vecinos, la CHD continúa eludiendo sus competencias en materia de conservación y mantenimiento ordinario del dominio público hidráulico, trasladando de facto esta responsabilidad a los ayuntamientos, que carecen de medios técnicos y económicos suficientes».
El Pleno solicita «de forma urgente» a la CHD que acometa la limpieza, mantenimiento y conservación en la red fluvial de la provincia; la revisión «inmediata» de sus protocolos de desembalse y gestión de avenidas; el impulso de nuevas infraestructuras de regulación; y el respeto a la seguridad jurídica de agricultores y ganaderos titulares de concesiones de agua.
Los miembros de la Diputación provincial, por mayoría, instan al Gobierno de España «a promover un cambio real en la gestión de la Confederación Hidrográfica del Duero en materia de prevención de inundaciones, inversiones en regulación de cuenca y política concesional, así como a declarar zona catastrófica a los municipios afectados por las últimas inundaciones registradas en la provincia de Valladolid». El Pleno defiende que la prevención y el mantenimiento periódico de los cauces constituyen herramientas esenciales para garantizar la seguridad de personas, bienes e infraestructuras, así como para proteger el desarrollo del medio rural. La proposición salió adelante con los votos a favor los grupos Popular y VOX y en contra los grupos Socialista y Toma la Palabra (TLP).
Inversiones en los municipios
La Diputación de Valladolid ha aprobado también una partida de 11 millones de euros para nuevas inversiones en los municipios de la provincia tras la liquidación del Presupuesto de 2025. El montante servirá para incrementar la partida del 'Plan V', una iniciativa puesta en marcha por el equipo de Gobierno de Conrado Íscar que en 2026 contará, de nuevo, con 8 millones de euros. De ellos, más de tres se destinarán a Carreteras de la provincia. Otros 400.000 euros se destinarán a la adquisición de un nuevo vehículo de bomberos.
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Por otro lado, la Diputación anula el préstamo previsto para el año 2026 por importe de 1,3 millones de euros, lo que permitirá que la ratio de endeudamiento se sitúe a finales de 2026 en el 4,14%, reforzando la estabilidad financiera de la institución provincial.
Día de las Enfermedades Raras
La Diputación se adhirió, en otro de sus acuerdos de Pleno, a la Declaración Institucional promovida por la Federación Española de las Enfermedades Raras (Feder). El documento explica que en Europa, las enfermedades raras son aquellas cuya prevalencia está por debajo de 5 por cada 10.000 habitantes. «Más de la mitad de las familias con enfermedades poco frecuentes esperan más de 6 años para lograr un diagnóstico en España. A ello se une que sólo el 6% de las más de 6.528 identificadas en Europa tienen tratamiento. El retraso en conocer el diagnóstico y la falta de tratamiento tienen un gran impacto en quienes conviven con estas enfermedades o en busca de diagnóstico y sus familias», añade.
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Se estima que entre el 6 y 8% de la población mundial convive con estas patologías. En términos generales, se calcula que son 300 millones de personas en todo el mundo; 3 millones en España, 30 en Europa, 25 en Norteamérica y 47 en Iberoamérica. Para visibilizar esta situación se celebra cada año el Día Mundial de las Enfermedades Raras el 28 de febrero. La Diputación Provincial de Valladolid ha adherido a la campaña ‘Porque cada pERsona importa’ para impulsar la investigación y el conocimiento, asegurar un acceso rápido y en condiciones de equidad a las pruebas diagnósticas y lograr el acceso en tiempo y condiciones de equidad a tratamientos y terapias.
Impulso al turismo
El Pleno de la Diputación vallisoletana aprobó también una partida de 466.000 euros en ayudas para oficinas y actividades turísticas en la provincia en 2026. Por un lado, la convocatoria de subvenciones para ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia destinadas a la instalación permanente o temporal de oficinas de turismo en sus municipios, con una dotación de 250.000 euros para el ejercicio 2026. Por otro, la convocatoria de subvenciones para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, entidades locales menores y mancomunidades destinadas a la realización y promoción de actividades turísticas, con una consignación de 216.000 euros.
Otros asuntos
El Pleno aprobó también la convocatoria de subvenciones dirigida a ayuntamientos de la provincia con menos de 20.000 habitantes para la organización y/o financiación de campeonatos o torneos de ámbito nacional o internacional que se celebren en sus municipios durante el año 2026, con una dotación económica de 43.200 euros.
También dio el visto bueno a la prórroga para el año 2026 del Convenio de Colaboración con varios ayuntamientos para el desarrollo del programa Circuitos Escénicos de Castilla y León en la provincia, Red Provincial de Teatro de Valladolid, y de su Adenda por la que se establecen las condiciones de funcionamiento de la programación de artes escénicas y de la música a ejecutar por grupos no profesionales en estas disciplinas.
Ejecución del Presupuesto
Por otro lado, el Grupo provincial del PSOE manifestó que en los últimos cinco años «el dinero en caja y bancos de la Diputación de Valladolid se ha duplicado, pasando de 48 millones a 93 millones a fecha 31 de diciembre de 2025». Para los socialistas, este montante en las entidades bancarias demuestra una baja ejecución del Presupuesto. Así lo puso de manifiesto el portavoz del Grupo del PSOE, Francisco Ferreira, que aseguró que los resultados de la liquidación del presupuesto de 2025 «dejan claro que la Diputación es cada vez más incapaz de emplear sus recursos económicos, que se quedan en los bancos, en vez de emplearse para atender las necesidades de la ciudadanía».
Estamos, declararon los socialistas, «ante el nivel más bajo de ejecución del presupuesto de gastos de los últimos años, donde solo se ha ejecutado el 64% de lo presupuestado». Así, señalaron que se aprobó un presupuesto inicial para el año 2025 de 163 millones de euros que, «tras las correspondientes modificaciones a lo largo del año, asciende a un total de 246 millones, de los cuales sólo se han gastado 158 millones».
Aseguraron también los socialistas en la Institución Provincial que el equipo de Gobierno de la Diputación «ha cerrado el presupuesto de 2025 con una ejecución de inversiones que apenas llega al 34%».
Plantas de Biogás
El Grupo Provincial de IU-TLP llevó al Pleno una proposición para solicitar la paralización de los proyectos de macroplantas de biogás en la provincia y la aprobación de una regulación específica que ordene el sector con criterios ambientales, sociales y de salud pública. La propuesta, defendida por el diputado Julio Pereda, finalmente no salió adelante. El treto instaba a la Junta de Castilla y León a «suspender la tramitación de todos los proyectos de macroplantas de biogás en la provincia de Valladolid hasta que se apruebe un Plan Regional de Biogás que cuente con participación ciudadana y establezca una regulación estricta sobre su implantación y funcionamiento».
La proposición partía del contexto del Plan REPowerEU impulsado por la Comisión Europea en 2022, cuyo objetivo es «reducir la dependencia de los combustibles fósiles y afrontar la crisis climática».
El grupo provincial de IU-TLP rechaza el modelo de implantación que, asegura, se está promoviendo en Castilla y León, al considerar que «responde a una lógica agroindustrial intensiva y a intereses económicos de grandes corporaciones, en lugar de apostar por un modelo sostenible y adaptado a las características del medio rural».