La Fiscalía descarta al ex consejero Villanueva de la trama eólica

La Fiscalía sostuvo este jueves 8 de enero, en el juicio que se viene celebrando en la Audiencia Provincial de Valladolid por el caso de la denominada ‘trama eólica’, que existió una confabulación entre el entonces viceconsejero de Economía Rafael Delgado y Ricardo Bravo, principal responsable de Iberdrola en Castilla y León en aquel momento, para el reparto de parques eólicos, de la que estaba al margen el ex consejero de Economía, el fallecido Tomás Villanueva.

Para el representante del Ministerio Público, no existen, salvo el testimonio del propio Rafael Delgado, indicios probatorios de entidad que apunten a que Tomás Villanueva participó en el diseño y ejecución de los hechos que se están enjuiciando. Aunque era el superior jerárquico de Delgado, el fiscal recalcó que tampoco hay documentos que demuestren que era Villanueva el que decidía que había que ceder parques o que había determinados empresarios que no podían construir.

En su informe final, el fiscal también recalcó que empresas como Industria San Cayetano o Collosa recibieron un trato de favor por parte de Ricardo Bravo, “mano ejecutora” de la empresa energética en la Comunidad en esos años, a través de cobros millonarios que en la “práctica eran regalos” y que “no fueron fruto de la casualidad”.

En este sentido, también indico que en un momento dado el listado de previsiones de la evolución de los parque en función de su tramitación dejó de ser elaborado por la Dirección General de Energías y Minas y pasó a ser confeccionado directamente por el responsable de la energética haciendo constar y el nombre de los futuros promotores y los parques que había que ceder.

A lo largo de su intervención, que se prolongó por espacio de más de dos horas, resaltó el trato de favor recibido por San Cayetano a lo largo de todos los hechos enjuiciados, “pese a no haber hecho nada” y explicó que San Cayetano Wind recibió 47 millones de euros de Iberdrola por asociarse con la empresa energética en la sociedad vehículo Energía Global Castellana y venderla posteriormente unas acciones por las que había pagado 24.000 euros.

Además, argumentó que en Castilla y León "se vulneraron los principios de objetividad, transparencia y libre competencia por los que funciona el mercado eléctrico" y que están recogido en una ley estatal que regula el sector, así como la normativa autonómica, al dictarse una instrucción en abril del 2004 por la que se ordenaba a los servicios territoriales que avocaran en todos los casos la autorización en favor del viceconsejero de Economía, informa Ical.

Por otra parte, el fiscal también explicó el entramado societario montado en Suiza por Delgado, con la colaboración de Jesús Rodríguez Recio, para blanquear todas las mordidas y que se realizó a través de empresas con domicilio en Polonia de Alberto Esgueva.

"La columna de parques a ceder ya venía hecha", ha precisado el fiscal, quien tras esa elaboración considera que está la mano del directivo de Iberdrola Ricardo Bravo, lo que, a su entender, "demostraría la connivencia entre la hidroeléctrica y Rafael Delgado, "quien con su voluntad libérrima decidía qué parques se autorizaban y cuáles no, en una clara prevaricación continua por tomar decisiones injustas".

Aunque Delgado alegó en el juicio que la decisión de imponer la entrada de socios locales partió del consejero de Economía, el ya fallecido Tomás Villanueva, Fiscalía Anticorrupción considera dicha versión una "mera excusa", insiste según recoge Europa Press, y, además, entiende que no ha quedado probado a lo largo del proceso judicial que el máximo responsable del departamento participara en los hechos, en los que, entre otros, sitúa como principales beneficiarios, en un lugar muy destacado, a San Cayetano Wind, de Alberto Esgueva, y al Grupo Collosa de los hermanos Patricio, Miguel Ángel y Alejandro Llorente. A estos últimos, incluso les ha acusado de "alardear de influencias" en la Junta cuando a través de su sociedad, Inverduero, se hicieron con proyectos de Ibervento tras manifestar que estos parques eólicos solo podrían reconducirse ante la Administración regional con la incorporación de un socio local con capacidad como ellos.

Sin embargo, el acusador ha puesto como ejemplo de principal beneficiario a Alberto Esgueva, de San Cayetano Wind, con motivo de los 47 millones de euros obtenidos de Iberdrola tras asociarse con dicha compañía a través de la sociedad vehículo Energía Global Castellana, una vez vendidas a la hidroelécrica acciones por las que había pagado tan sólo 24.000 euros.

"¿Es casualidad que Alberto Esgueva coincidiera con Delgado cuando el primero era consejero delegado de Excal y el segundo presidente de ese organismo, es casualidad que el entonces director de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, fuera a Industrias San Cayetano para informar a Francisco Esgueva de los parques que se le iban a ceder?", se ha preguntado irónicamente el fiscal, para, acto seguido, insistir en que San Cayetano recibió un "especial trato de favor" a lo largo de todos los hechos enjuiciados, "pese a no haber hecho nada".

A lo largo de su intervención, que se ha prolongado por espacio de más de dos horas, el representante de la acusación pública también ha hecho mención a la implicación del resto de los ocupantes del banquillo -figuran en la causa once personas, tras la retirada de cargos contra dos directivos de Iberdrola, Rafael Icaza y Pedro Barriuso, y el técnico de Preneal César Hernández Chico-, entre los que también ha citado al supuesto testaferro de Delgado, el letrado Jesús Rodríguez Recio, al que acusa de mover las dádivas dinerarias de su amigo a través de sociedades 'offshore' en Mónaco y Suiza, incurriendo en blanqueo de capitales en su intento de ocultar el origen ilícito de ese dinero, así como al empresario y exdirector general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, quien obtuvo un total de 4 millones de euros de Iberdrola tras ofrecer un terreno para la instalación de un parque eólico en Villardefrades de Valladolid.

Enriquecimiento personal

En la jornada de este jueves también presentó su informe de conclusiones la representante de la Abogacía del Estado, que argumentó que los delitos contra la Hacienda Pública no han prescrito, además de rechazar que en este caso se pueda aplicar la teoría del ‘fruto del árbol envenenado’, dado que todas las partes eran conocedoras de que había en marcha una inspección por parte de la Agencia Tributaria, “por lo que en ningún momento se puede hablar de indefensión”.

Al mismo tiempo, centro parte de su intervención en demostrar como en 2011, una vez que Rafael Delgado deja la Junta, donde tenía un sueldo anual de 53.000 euros, empieza a tener unos ingresos “muy llamativos” a través de tres sociedades que no cuentan con trabajadores, que no tienen clientes ni proveedores y que emplearon “facturas falsas”. Así, asegura que solo las ganancias patrimoniales no justificadas y no declaradas por Delgado en el ejercicio de 2013 ascendieron a más de 209.000 euros. A su vez, también se refirió a la compra de una televisión de 20.000 euros, de dos viviendas, una en Comillas (Cantabria) y otra en Simancas, y de un coche de alta gama.

Además, sostuvo que aunque Jesús Rodríguez Recio siempre actuó como representante de Delgado, era el viceconsejero el que controló todas las operaciones, tanto las relativas a la administración, determinando el valor de los parques y los proyectos después de elaborar la instrucción de avocación “usurpando” las competencias de la Dirección General de Energía y Minas, como las mercantiles, decidiendo que socios locales entraban como sociedades vehículos y en qué porcentajes.

Penas que suman 116 años y multas de 648 millones

El conjunto de penas para los once acusados se eleva 116 años y las multas a 648 millones. La mayor es la dirigida contra Rafael Delgado, consistente en 42 años y multa de 239 millones. Le siguen Alberto Esgueva, con doce años y 68 millones de multa; Germán José Martín Giraldo, con la misma pena de cárcel y 14,5 millones, y Jesús Rodríguez Recio, diez años y medio y 25 millones.

Expuestos a seis años figuran Ricardo Bravo, los hermanos Llorente y Andrés Martín de Paz. Para la expareja de Alberto Esgueva, María del Mar Moreno, se solicitan cuatro años y multa de 215.000 euros.