El PSOE de Valladolid denuncia un nuevo veto para debatir la dedicación del alcalde a la ciudad

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valladolid ha denunciado este martes el veto impuesto por el alcalde Jesús Julio Carnero a una moción presentada para el pleno del próximo lunes. Es la segunda ocasión en que el Gobierno municipal impide una iniciativa socialista relacionada con la figura del Director de Coordinación de Políticas Públicas. La propuesta reclamaba que "el alcalde se dedique más a la alcaldía".

En concreto, el texto proponía que "el alcalde, o la persona de su gobierno que designe, asuma las funciones específicas atribuidas a su Director de Coordinación de Políticas Públicas, conocido popularmente como ‘alcalde B’". El objetivo de la moción era, según los socialistas, la eliminación de la externalización de funciones políticas para recuperar la dirección desde la alcaldía.

Pedro Herrero, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha calificado la decisión como un "inadmisible tapón al control democrático y a la transparencia". En este sentido, ha puntualizado que "los ciudadanos tienen derecho a conocer el destino del dinero público y a que el Pleno debata las propuestas de los grupos políticos". En sus declaraciones a través de un audio remitido a los medios de comunicación, ha afirmado que "el señor Carnero está muy nervioso. Ha prohibido por segundo pleno consecutivo una moción de la oposición". Herrero ha añadido que en la moción solo se proponía que el alcalde "trabaje más por la alcaldía, que se deje de política nacional y que asuma las funciones que le encomendó a su alcalde B".

Este nuevo episodio se produce después de un primer veto a otra moción socialista. Aquella iniciativa exigía explicaciones sobre la utilidad del Director de Coordinación de Políticas Públicas. La creación de este cargo fue considerada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El coste del puesto asciende a 156.762 euros anuales. El Grupo Socialista calcula que el desembolso acumulado durante el mandato supera ya los 320.000 euros. Tras la sentencia judicial, los grupos de gobierno, PP y Vox, impulsaron una modificación del Reglamento Orgánico municipal para mantener la estructura.

El PSOE ha sostenido que la existencia de este cargo "desnaturaliza funciones de dirección política que antes correspondían a un teniente de alcalde". Además, el grupo de la oposición ha recordado que Carnero compagina su labor en la alcaldía con un escaño en el Senado, donde preside una comisión. Esta doble función, para los socialistas, reduce su dedicación a la ciudad.

Frente a estas acusaciones, la portavoz del Grupo Municipal Popular, Blanca Jiménez, ha declarado que "no hay alcalde B en la ciudad de Valladolid, como él bien sabe. Además, no lo recoge el reglamento orgánico". En este sentido, ha asegurado que Carnero no consentirá que "se señale y se insulte a los empleados públicos". Según Jiménez, el alcalde ofreció debatir la moción si se retiraba la expresión "alcalde B". "Evidentemente, el señor Herrero no quiere hablar sobre las funciones del coordinador de políticas públicas. Lo único que quiere es señalar e insultar a los empleados públicos de esta casa", ha manifestado.

La portavoz 'popular' ha defendido que el Ayuntamiento es "un espacio democrático y de diálogo", pero ha advertido que su grupo nunca permitirá los ataques a los trabajadores municipales. Jiménez también ha criticado la labor de la oposición al afirmar que "el Partido Socialista y Valladolid Toma la Palabra llevan dos años sin aportar nada útil a los ciudadanos de Valladolid". En su intervención, ha mencionado el apoyo de Valladolid Toma la Palabra al PSOE en este asunto.