Carnero veta una moción del PSOE de Valladolid sobre el "alcalde B": "Aquí solo hay un alcalde"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, bloqueó este martes una moción impulsada por el Grupo Municipal Socialista. La razón se encuentra en un calificativo que la oposición ha transformado en arma política: “alcalde B”, sobrenombre con el que aluden a Indalecio Escudero, director de Coordinación de Políticas Públicas del Ayuntamiento.

La iniciativa del PSOE, titulada 'Para que el señor Carnero demuestre la utilidad de su alcalde B, cuyo puesto ha sido anulado por el TSJCyL', pretendía forzar al equipo de Gobierno a rendir cuentas sobre la labor y el coste de un puesto que ha estado en el ojo del huracán desde su creación. Carnero, visiblemente molesto, fue tajante al considerar que la moción parte de una premisa falsa y tiene, por tanto, un "objeto imposible". Su argumentación se centró en la defensa de la legitimidad institucional y la singularidad de su cargo. "Aquí no hay alcalde B; solo hay un alcalde, quien les habla", sentenció el regidor ante los medios de comunicación tras una reunión que él mismo calificó de "inaudita".

El alcalde insistió en que no tiene inconveniente en debatir sobre las funciones y los cometidos del coordinador, un puesto que, según recordó, figura en la relación de puestos de trabajo del Consistorio y está amparado por la reciente reforma del reglamento municipal. La línea roja, a su juicio, es semántica, pero con un profundo calado político. "Si ellos eliminan la expresión 'alcalde B' y quieren debatir de los cometidos que le corresponden al coordinador de Políticas Públicas, no hay ningún problema", ofreció Carnero. Incluso abrió la puerta a que, una vez admitida la moción con una nueva redacción, los socialistas utilizaran el polémico término durante el debate. "Si en el debate le quieren llamar alcalde B, ya nos encargaremos de contestarles adecuadamente", advirtió.

Esta justificación no convenció en absoluto a las filas socialistas. Su portavoz, Pedro Herrero, denunció lo que considera un acto "antidemocrático" y una coartación del derecho de la oposición a fiscalizar al Gobierno. Para Herrero, la decisión del alcalde es una maniobra para eludir un debate incómodo sobre una figura de alto coste y dudosa utilidad. "Los ciudadanos tienen derecho a saber a qué se destina el dinero público", afirmó el portavoz del Grupo Municipal Socialista, quien cifró el gasto anual del puesto y su personal anexo en 156.000 euros, lo que supondría un desembolso superior a los 627.000 euros al final del mandato.

El origen del asunto está en los inicios del mandato. La creación de esta plaza, ocupada por Indalecio Escudero, un profesional con un currículo de dos décadas ligado a la carrera política de Carnero, tanto en la Diputación como en la Junta, fue recurrida por el PSOE. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León les dio la razón y anuló el nombramiento al considerarlo ilegal. La respuesta del gobierno de coalición de PP y Vox fue una modificación del reglamento municipal para dar amparo legal al cargo y regularizar la situación. Para la oposición, esta es la prueba de que se trata de un puesto creado "a dedo" y sin una necesidad real.

Los socialistas argumentan que, más allá de la controversia legal, no existe rastro de la actividad de este director de coordinación. "No sabemos qué hace, no vemos documentos firmados por él. Es bastante fácil hacer un seguimiento de la gestión de cualquier funcionario municipal y nosotros no encontramos rastro de su actividad", lamentó Herrero. El portavoz socialista fue más allá y lanzó una crítica directa a la supuesta función del cargo: "A juzgar por la descoordinación que reina en la gestión municipal, si se dedica a coordinar entre concejalías, el fracaso es absoluto". Ante el veto, el PSOE no descarta acudir a los tribunales. "La opción más lógica es acudir a la justicia. Si tras las consultas pertinentes llegamos a la conclusión de que es algo ilegal, lógicamente, lo denunciaremos", confirmó.

"Un precedente muy peligroso"

La polémica no se limitó al enfrentamiento entre los dos partidos mayoritarios. La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, alertó sobre las consecuencias de la decisión del alcalde, que contó con el apoyo de Vox en la Junta de Portavoces. Anguita calificó el veto como "un precedente muy peligroso" que abre la puerta a la "censura política". "No puede ser que el alcalde vete una moción porque no le gustan los términos en los que está planteado el debate. Esto no es un motivo suficiente. No hay un marco legal que ampare esta decisión y claramente abre un tiempo oscuro en el Ayuntamiento", advirtió, al tiempo que señaló que "la censura y el veto político se están haciendo fuertes con el apoyo del partido de la extrema derecha".