TRIBUNALES
El juzgado abre diligencias por malversación tras comprar la Diputación de Valladolid una moto que nunca usó
El ciclomotor fue adquirido por 2.420 euros y una semana antes tenía presupuestada la restauración por más del triple
Ciclomotor Piaggio de la Diputación de Valladolid tuneado y en un almacén en Matallana.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid ha determinado abrir diligencias previas por un presunto delito de malversación, ante la denuncia interpuesta en su día por el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Valladolid, Francisco Ferreira, por la compra de un motocarro averiado por parte de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid (Sodeva), dependiente de la institución provincial.
Según se indica en el auto judicial y que ha dado a conocer el propio Grupo Provincial Socialista, "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de malversación, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".
El PSOE en la Diputación de Valladolid presentó denuncia penal con fecha 4 de abril de 2025 en relación a la adquisición por parte de Sodeva en 2021, de un vehículo ciclomotor modelo Piaggio Ape 50 por valor de 2.420 euros y después de que este periódico destapara esta circunstancia. En el auto, al que ha tenido acceso este diario, la denuncia va dirigida contra el presidente de la Diputación, Conrado Íscar; la expresidenta de Sodeva, Inmaculada Toledano; el responsable de actividades de Sodeva, Rubén González; y el titular de la empresa de eventos que presupuestó la reparación del motocarro, Ángel Durbán.
"Lo más sorprendente del asunto", recuerdan los socialistas, "es que dicho vehículo se encontraba averiado y, parece ser, en unas condiciones deplorables". "Siendo este hecho ya suficientemente grave", continúa el PSOE, "además el vehículo contaba con un presupuesto para su reparación una semana antes de la compra. Arreglo que se haría efectivo por un importe de 6.495 euros tres semanas después, el triple de lo que costó".
El fin del vehículo habría sido su utilización promocional en ferias y eventos de la Diputación. Sin embargo, y como recuerda el Grupo Provincial Socialista en un comunicado, nunca se utilizó para ese fin ni para ningún otro, permaneciendo olvidado desde entonces en una nave de Matallana según declaraciones del Gerente de Valladolid Avanza (nueva denominación de Sodeva), Ángel Medina, a este periódico.
Ya en su momento Francisco Ferreira comentó que “viendo el vehículo en cuestión, entendemos que no se haya usado nunca", a lo que añadió que "lo sorprendente es que a alguien le pareciera buena idea que algo así pudiera ser la imagen representativa de una institución como la Diputación de Valladolid en cualquier evento mínimamente serio".
Por otro lado, los socialistas también denuncian que "el escándalo no acaba aquí", ya que la factura de la reparación del vehículo no fue cargado a un taller certificado, como sería esperable, sino a la empresa de eventos World Wide Brands and Malls S.L. Dos meses después, el Club de Amigos de la Provincia, dependiente de Sodeva, habría realizado un informe para justificar esta "disparatada compra", apostillan.
Insiste el Portavoz Socialista en que "hacer un presupuesto de algo que está estropeado, que hay que arreglar, costando el triple la reparación que la compra, y que en las facturas del arreglo y de la adquisición aparezca una empresa de eventos, es algo muy grave y de lo que se tendrá que dar explicaciones en la vía penal" y añade que "es intolerable que esto pueda suceder en una administración pública".
Por lo tanto, el Auto del Juzgado de Instrucción, con fecha 11 de julio de 2025, viene a dar la razón al Grupo Provincial Socialista, por cuanto se abren diligencias previas por presunto delito de malversación. Para Ferreira, "estos son los hechos y ahora corresponde actuar a la justicia para determinar la naturaleza y circunstancias de los mismos y las personas que hayan podido intervenir en ellos, tal como señala el auto".
El Grupo Socialista viene pidiendo reiteradamente la disolución de Sodeva por no cumplir los objetivos para los que fue creada la sociedad que, recuerdan, no está fiscalizada por la intervención de la Diputación, además de la existencia de una cantidad injustificable de contratos menores a capricho. "Esta sociedad debe ser disuelta inmediatamente y no puede continuar un día más, porque es un auténtico pozo sin fondo, de escándalo en escándalo, dañando la imagen de la Diputación", denuncia Ferreira.