Las bandas latinas se asientan en Valladolid

Comenzaron con nombres tan extraños como Ñeta o Latin King y ahora proliferan con otros igualmente chocantes como el de Trinitarios o Dominican Don’t Play (DDP). Son bandas de jóvenes violentos adscritos a movimientos urbanos con origen casi siempre en países sudamericanos que han establecido sedes en España, sobre todo en Madrid y Barcelona. Ahora, intentan establecerse también en otras ciudades como Valladolid. Son siglas contra las que luchan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Hace ya un lustro, en julio de 2019, un operativo policial desarticuló una banda de Latin King con 12 miembros en la cúpula, tres de ellos en Valladolid, que formaban parte del que denominaban, en su argot habitual, ‘Reino de Castilla y León’. Les incautaron un arsenal de armas blancas. Era la ‘Operación Pato’. El juez decretó prisión preventiva a cinco de ellos por pertenencia a organización criminal.

Ahora se registra algo así como un resurgimiento, con otros nombres. El último año fue un punto de inflexión con el despliegue, desde enero de 2024 hasta marzo de 2025, de hasta 17 operativos policiales en la capital del Pisuerga por grupos afines a los Trinitarios y a los DDP que se han saldado con 37 detenidos.

La Policía Nacional, cuerpo de quien cuesta mucho obtener información por parte de los medios de comunicación, se afana en señalar que en Valladolid no existen bandas latinas, sino tan solo grupos de adolescentes violentos que intentan parecerse a uno u otro grupo, que adoptan una estética afín, pero que en realidad son solo algo así como pseudobandas.

En efecto, no lo son del todo porque las bandas originales se caracterizan por ser profesionales del crimen. Son mafias. Viven del robo, la extorsión y el tráfico de drogas en las grandes capitales del continente americano, mientras en Valladolid no suelen ser más que adolescentes violentos. Es decir, lo que toda la vida se ha llamado gamberros, pero que buscan para sus gamberradas una motivación filosófica.

Preguntada la Policía Nacional, como se ha dicho, las bandas latinas no existen en Valladolid. Formalizada la solicitud de datos por el canal oficial, el protocolo del Cuerpo responde muy formalmente a este periódico una fórmula parecida a la que ya tiene por costumbre, sobre todo cuando se trata de sucesos: «La información sobre grupos violentos juveniles la gestiona la Comisaría General de Información, y desde las provincias no se están ofreciendo reportajes. Sentimos no poder ayudarte en este tema, y deseamos serte de ayuda en cualquier otro. Atentamente». Asunto resuelto.

Solo después de haber hablado con la Subdelegación del Gobierno en Valladolid –cuyo titular, Jacinto Canales, se muestra colaborador hasta donde puede–, nos reenvían las notas de prensa elaboradas por la Policía Nacional sobre las últimas operaciones desplegadas en Valladolid. Eso sí, reiteran que no se trata de bandas latinas, sino de «grupos juveniles violentos».

Además, Canales explica a este periódico, también hasta donde puede o hasta donde sabe, lo que se puede contar: «¿Qué es una banda latina?», pregunta retóricamente. «El Código Penal diferencia dos cosas distintas, lo que es la organización criminal y lo que es un grupo criminal. No habla de bandas en ningún momento. Podemos entender que cuando hablamos de banda hablamos de organización, es decir, en los medios de comunicación: ‘La banda terrorista tal, el grupo terrorista cual’. Una banda tiene una definición propia dentro del Código Penal y define que tiene que tener una estructura jerárquica o coordinada», añade.

Es decir, para considerarla banda latina tiene que tener un carácter estable y permanente, tiene que tener una finalidad delictiva concreta, tiene que estar constituida para cometer actos delictivos concretos, «como una banda que se dedica al narcotráfico o una banda terrorista que se dedica a matar por ideología. Y tiene que tener una peligrosidad elevada», matiza Canales. En otro punto de la entrevista asegura que en Valladolid «no llegan ni de lejos a cien individuos, lo que pasa es que son muy insistentes».

Prevención

Apelativos aparte, dejando a un lado discusiones sobre si deberían llamarse de una u otra forma, lo cierto es que la Policía Nacional incrementa la vigilancia para que estos grupos violentos no proliferen. «Se sabe en qué lugares de la ciudad se reúnen, se les vigila», asegura Canales. Y además, el Cuerpo despliega programas de formación y actuaciones en colegios e institutos para prevenir que estos grupos capten más adeptos.

Por ejemplo, la Policía realiza intervenciones en comunidades y colegios para educar a los jóvenes sobre los peligros de unirse a bandas y ofrecer alternativas positivas, y trabajan en conjunto con otras instituciones para crear programas de prevención y reintegración social, para a jóvenes en riesgo. Son acciones que buscan no solo reprimir la actividad delictiva, sino también prevenir que los jóvenes se involucren en estas bandas.

Además de la prevención están la vigilancia y la investigación, con operativos especiales para desarticular grupos como el llevado a cabo en diciembre de 2024, en el que el Cuerpo Nacional de Policía detuvo a ocho personas y desarticuló un grupo de 17 jóvenes implicados en actividades violentas que intentaban emular a los Dominican Don’t Play (DDP).

Ese fue el único caso, relata el subdelegado del Gobierno, en el que estuvo a punto de asentarse en Valladolid un grupo realmente conectado con los DDP, pero «fue desarticulado a tiempo». En los demás casos, en los demás grupos que operan en la ciudad, insiste, «no hay una estructura jerárquica. Ellos no dependen de alguien que está en la República Dominicana, por ejemplo. No tienen carácter estable o permanente. Los miembros entran y salen».

Esta entrada y salida de los miembros en las bandas con cierta libertad no siempre es tal. «Hemos detectado a algún individuo que a la hora de salir le han dicho: ‘cuidado porque va a ser peor’ y cosas de este estilo». Eso le convertiría en un grupo coercitivo, pero a juicio de la Policía, según señala Canales, «estos no siguen en realidad más un tema de ocio. No es que se hayan constituido en grupos para atracar gasolineras, supermercados, traficar con droga, sino que son gente que su modelo de ocio es este. Y sobre todo, en una banda o una organización criminal son profesionales o semiprofesionales, viven de eso, y aquí nadie vive de estos grupos con los que estamos teniendo estos incidentes».

Aun así, Canales reconoce que es necesario admitir la existencia de este fenómeno: «Lo estamos viendo en los medios de comunicación. Sería absurdo negar que hay determinados grupos de jóvenes que van en comandilla, y que sobre todo se están agrediendo entre grupos rivales; que siguen determinadas estéticas de ciertas bandas».

Estética

Se trata seguir la estética de grupos organizados «que están implantados en Latinoamérica y que lo han exportado a algunos países. Pero que en principio aquí no se ha detectado que tengan una relación directa con ellos en orden jerárquico ni que estén constituidos con un motivo específico para delinquir y vivir profesionalmente de eso», subraya.

«Sí que ha habido algún intento en el caso de los DDP, pero se detuvo a los responsables y está en la cárcel. Le han juzgado hace poco y le han condenado. Y el fiscal así lo decía en lo que era su propuesta de condena», relata el subdelegado del Gobierno. Es decir, «sí que ha habido un intento de constituir aquí una rama de DDP, pero fueron detenidos en su momento, encarcelados, juzgados y condenados. Es el caso de la agresión en el locutorio de Nicolás Salmerón».

La investigación está en manos de la Brigada de Información. «La Brigada de Información les tiene controlados, es decir, que más o menos saben quiénes son, dónde se reúnen, quiénes forman parte, se hace un esfuerzo por parte de la policía muy importante de prevención, se hacen controles específicos, se hace un seguimiento de estos individuos, se les para, se les cachea, se realizan acciones de información entre los actores implicados, es decir, institutos, familias, servicios sociales, se forma a la Policía Municipal en este ámbito», añade.

«La unidad de participación ciudadana de la Policía Nacional es muy activa con los núcleos donde más o menos se les detecta y se dan charlas en los propios institutos a los alumnos, que pueden ser carne de cañón para que les capten», explica Jacinto Canales. «A las familias también, que muchas veces están mucho más preocupadas incluso que la propia policía, y la policía hace una acción proactiva para intentar prevenir la proliferación de este tipo de grupos violentos».

Otro estereotipo que poner en cuestión es la nacionalidad de los miembros de las bandas presuntamente latinas: «Tenemos detectado que estas bandas trascienden la nacionalidad, es decir, no son sudamericanos solo, también hay españoles en estos grupos, y hay marroquíes».

Por otro lado, «muchas de sus acciones son inconexas, otras están relacionadas con las venganzas entre ellos, y también quiero poner en valor que siempre que ha habido una acción, siempre, por lo menos desde hace un año y medio, siempre ha habido una respuesta policial, no ha quedado ninguna acción denunciada en la que no haya habido una respuesta policial exitosa, lo que significa que se ha identificado o se ha detenido a los actores», subraya.

Menciona el subdelegado las intervenciones desde 2024 hasta marzo de 2025, «con 17 operaciones policiales en este ámbito, 37 detenidos, algunos de ellos en varias ocasiones, cinco investigados no detenidos, y se han intervenido armas blancas, 25 en concreto, y se han levantado 16 actas de arma blanca y katanas, por tenencia ilícita de arma blanca, que no se pueden tener por la Ley de Seguridad Ciudadana. Muchos de estos detenidos se ponen a disposición judicial y el juez decreta».

En la fase judicial llega uno de los problemas de estas bandas, puesto que en muchas ocasiones se trata de menores, a los que captan e involucran en los asaltos porque son penalmente inimputables. «Pero también hay varios en Zambrana, que ya es dependencia de la Junta de Castilla y León». En esa fase, cuando los detenidos entran como internos en los centros de menores, la jurisdicción de la Subdelegación del Gobierno o de los cuerpos policiales termina.

«No son muchos, lo que pasa es que son muy repetitivos y lo que hacen enseguida tiene una repercusión importante en la prensa, pero tampoco estamos hablando de decenas de chavales. El riesgo es que proliferen. No llegan ni de lejos a un centenar», remarca Canales.

«Todo este trabajo de prevención que hace la policía es con controles específicos, lo que tampoco podríamos, desde un punto de vista policial, es estar siguiéndoles las 24 horas del día. Más o menos ellos saben cuándo se reúnen, dónde se reúnen, hacen sus pasadas por allí, les llega la UPR [Unidad de prevención y reacción], les ponen en la pared y les cachean. O sea, hay presión policial, pero esto no puede ser las 24 horas del día», explica el subdelegado del Gobierno en Valladolid. «Esto no quiere decir que un sábado por la noche, como ha pasado alguna vez últimamente, haya cinco de ellos que ven a cuatro o a tres de los otros y les pegan una paliza».

En cuanto al ámbito de actuación de estos grupos en la ciudad, «los últimos acontecimientos que hemos tenido con ellos ha sido en el centro, no en sus barrios. El acontecimiento más importante que ha habido en esto fue el tema del locutorio de Nicolás Salmerón, que es semi centro. No es ni en La Rondilla ni en Las Delicias», remarca.

«Una respuesta que hubo a raíz de esto se produjo en el entorno de San Nicolás, porque allí hay un centro juvenil de la Junta de Castilla y León que frecuentan, o residen allí, donde los amigos van a verles. Esto no está focalizado exclusivamente en los barrios donde viven», apunta. «Por ejemplo, hubo un suceso en la Avenida de Segovia, pero fue porque era el lugar del paso hacia Zambrana. No está acotado a la zona donde viven».

«Estamos teniendo un éxito policial que yo diría que está al 100%, porque de todas las noticias que hemos tenido ha habido respuesta policial. Y por eso la unidad de la Policía Nacional de Participación Ciudadana, con sus acciones de formación, de sensibilización en institutos, en colegios, en familias, con asociaciones de padres y madres, y también con los servicios sociales, e instruyendo a la Policía Municipal, es tan importante para poder prevenir», subraya.

«No hay que cerrar los ojos, hay ciertos jóvenes que se ven deslumbrados por esta tipología de vida, de símbolos, de modo de vivir. Y hay que dejar muy claro a los jóvenes los peligros a los que se enfrentan», continúa Jacinto Canales. «Son fundamentalmente jóvenes, menores de edad, pero luego el tiempo va pasando y se van convirtiendo en mayores de edad. Algunos siguen en esa cúpula, pero suelen ser muy jóvenes y no están dirigidos, aquí al menos no se ha detectado que estén dirigidos por alguien que es mucho más mayor. No tienen unos jefes en República Dominicana que luego tienen sus ramificaciones en Madrid y luego tienen su ramificación. Esa es la conexión que aquí, hoy por hoy, no existe», concluye.

Un locutorio en Nicolás Salmerón, el germen ‘DDP’

El punto de partida de la nueva sucesión de episodios de las bandas latinas en Valladolid está en el suceso ocurrido en un locutorio de la calle Nicolás Salmerón, donde en la noche del 6 al 7 de enero de 2024 accedieron varios jóvenes encapuchados, provistos de armas blancas, entre ellas machetes y cuchillos, con los que acorralaron y asestaron dos puñaladas a una de las personas que se disponía a salir del local, a la que «provocaron heridas inciso cortantes de especial gravedad en zonas vitales», explicaron en su día fuentes policiales. Tras la agresión, los autores sustrajeron cuatro patinetes eléctricos estacionados en la puerta, con los que se dieron a la fuga.

Las investigaciones concluyeron que se trataba de una agresión motivada por «la rivalidad existente entre miembros de bandas juveniles de carácter violento, concretamente de origen latino, asentadas en la ciudad». Es más, calificaron a los detenidos como «miembros o afines a la banda DDP». Una operación llevada a cabo el 18 de enero terminó con la detención de cuatro varones, de los cuales tres eran menores de edad. En los registros se intervinieron armas blancas, entre ellas machetes de grandes dimensiones, así como vestimenta típica de estas bandas y patinetes, entre otros artefactos.

El mayor de edad, reconocido en la sentencia como «miembro activo de los DDP» fue juzgado y condenado el pasado 20 de febrero por la Audiencia Provincial de Valladolid por los delitos de asesinato en grado de tentativa «con intervención de quien pertenece a grupo u organización criminal», robo con violencia y delito leve de daños, a cinco años y seis meses de prisión, multa de 240 euros por los daños e indemnizaciones a cuatro personas por valor total de 26.387,82 euros y al Sacyl la cantidad de 138,01 euros.