Los impuestos de construcción y empresas acaparan el 91% de los tributos impagados en Valladolid

El Servicio de Inspección Tributaria del Ayuntamiento de Valladolid destapó el año pasado un fraude fiscal que alcanzó los 3,78 millones de euros, un 11% menos que en 2023 y el doble que en 2022. Una cuantía que las arcas municipales no ingresaron porque los contribuyentes no hicieron los deberes en tiempo y forma. Ahora, tras la campaña anual del fisco local, salieron a la luz esas irregularidades u omisiones en el pago de tributos.

Y es que uno de los objetivos de este tipo de acciones es detectar tanto a los morosos como los errores que se pueden producir a la hora de abonar los impuestos que todo vallisoletano tiene que realizar para cumplir con sus obligaciones. En concreto, el resultado de la última campaña arrojó 630 actas por un importe de 3,67 millones de euros y 228 expedientes sancionadores por valor de 111.956,62.

En este punto, llama la atención que si se comparan estos datos con los de 2023 aumentaron tanto el número de actas (442) como el número de expedientes sancionadores (180), pero disminuyó el importe de los expedientes sancionadores, que cayó un 83%. El fisco local recuperó 656.491,38 euros en 2023. Se da la circunstancia de que este tipo de amonestación suele ser por no abonar la deuda tributaria procedente de una autoliquidación y, en menor medida, por no atender un requerimiento.

En 2021 se levantaron 321 actas, lo que generó una recaudación de 1.359.502,33 euros. En 2022, estas cifras aumentaron a 356 actas y 1.663.190,17 euros. En 2023, los resultados mejoraron aún más, con 442 actas y una recaudación de 3.611.731,33 euros. Finalmente, en 2024, el número de actas alcanzó su punto máximo con 630 actas y 3.670.000 euros recaudados. Esto representa un aumento del 96% en el número de actas y una mejora de más del 170% en los importes recaudados entre 2021 y 2024.

En cuanto a los expedientes sancionadores, el Ayuntamiento también fortaleció su gestión, mostrando un incremento notable. En 2021 se tramitaron 202 expedientes sancionadores. En 2024, esta cifra llegó a 228 expedientes, consolidando una subida del 13%.

Dos son los tributos más impagados en Valladolid. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el ICIO, y el Impuesto sobre Actividades Económicas, el IAE, centraron en especial la investigación de la Inspección Tributaria y acapararon el 91,4% de la cantidad recaudada para las arcas municipales: 3,35 millones de euros.

Para reclamar el primero de ellos, que tiene que abonar el dueño de la obra, con independencia de que sea el propietario del inmueble, se levantaron 220 actas por valor de 1.678.991,72 euros en 2024. El propósito de la investigación en el caso del ICIO es verificar que la base imponible del impuesto coincida con el coste real y efectivo de la construcción, instalación o obra ejecutada, con el objetivo de garantizar una liquidación adecuada.

Le siguió muy de cerca el IAE, con 186 documentos administrativos por importe de 1.676.243,46 euros. En este caso, este impuesto lo pagan las empresas y autónomos que realicen actividades por cuenta propia. En este supuesto, el fisco local tiene como meta verificar que la actividad por la que se tributa coincida con la que realmente se lleva a cabo, y asegurarse de que el titular del negocio paga en función de la superficie real del establecimiento y de la potencia energética instalada, elementos determinantes para calcular la cuantía a ingresar.

Para reclamar el pago de la plusvalía, el Servicio de Inspección Tributaria levantó el año pasado 127 actas por un importe de 174.289,95 euros. Este tributo se abona siempre que se produce una transmisión del inmueble. Si es por una venta, lo debe pagar el comprador. En el caso de que se trate de una donación, deberá pagarlo quien lo recibe.

Para solicitar el resto de tasas, el fisco local abrió 97 documentos administrativos para solicitar 140.474,87 euros. En total, 630 actas por valor de 3,67 millones de euros.

«Cerramos el ejercicio 2024 con un resultado de 3,8 millones de euros, cifra que, si bien no alcanza el récord de 4,2 millones de 2023, continúa muy por encima de los resultados de los ejercicios anteriores y supera las estimaciones que nos marcamos en el Plan de Inspección», valoró Francisco Blanco, concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa del Ayuntamiento, antes de señalar a las inspecciones del ICIO y del IAE como «elementos clave de este éxito».

Este plan tiene como principal objetivo «alcanzar el máximo cumplimiento voluntario posible de las obligaciones fiscales de carácter local», apuntó. Para ello, se ha hecho hincapié en las acciones de información y asistencia al contribuyente, tendentes a facilitar a ciudadanos y empresas el conocimiento de sus obligaciones fiscales y las herramientas para facilitar su cumplimiento. Se busca, de esta manera, «evitar que una información escasa o confusa derive en conductas que, aunque carentes de dolo, pudieran dar lugar a actuaciones fraudulentas o elusivas», sostuvo.

En este punto, el edil enfatizó que esta actuación «no solo garantiza que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, sino que también es un pilar fundamental para poder continuar con la política de bajadas paulatinas de impuestos» que se están implementando.

Al respecto, Francisco Blanco recordó que «una buena recaudación permite compensar las rebajas aplicadas en los tributos municipales». «Nosotros, a diferencia de otros, creemos en la igualdad y proporcionalidad tributaria entre personas y territorios», agregó.

De cara al ejercicio 2025, el Ayuntamiento continuará «por la senda del plan» marcado en 2024, estableciendo «las directrices a seguir en el control del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los diferentes impuestos municipales». Cabe destacar, tal y como recordó el edil, que «muchos de ellos, en cumplimiento del compromiso electoral, se han visto reducidos para el ejercicio 2025». Como ejemplos, citó una reducción del 5% el IBI, un 2,5% el ICIO, el llamado impuesto de Plusvalía, un 12% sobre los coeficientes máximos aprobados, y la Tasa de Servicios Urbanísticos se ha visto reformulada para dotarla de mayores facilidades».

Además, subrayó la creación de la figura del defensor del contribuyente, «garante de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en sus relaciones tributarias con el Ayuntamiento».